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¿Qué hacía Cristina Fernández cantando y bailando en el balcón del quinto piso de su departamento en el barrio de Recoleta horas antes de comparecer ante la Justicia, imputada por el delito de administración fraudulenta y abuso de autoridad? ¿Cómo se atrevió a hablar de distribución de la riqueza, cuando dejó, como jefa del Estado, una concentración económica mayor que la que heredó y se negó a medir la pobreza, que, según el observatorio de la UCA, llegó casi al 30% de los argentinos? ¿Quién puede creer, a esta altura, su remanido relato sobre la censura y el pedido de libertad de expresión, cuando Ella se dedicó, de manera personal, a perseguir a periodistas y medios críticos? ¿Cómo hacerlo cuando ayer mismo la guardia de corps de La Cámpora impidió la cobertura de TN y agredió a una periodista de Radio Mitre, mientras la televisión pública transmitía en directo su discurso político, disociado por completo de la realidad y de su propia situación procesal?

Tampoco se entiende por qué la Policía Federal le cedió a La Cámpora la organización completa del acto, desde el acceso de la prensa hasta la seguridad. Lo hicieron, el presidente Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, porque querían mostrar a los argentinos que había regresado, durante unas horas, la cultura política del odio, el resentimiento y el pasado de la lógica amigo y enemigo? ¿Lo hicieron porque intentan dividir, todavía más profundamente, al peronismo, para acumular más poder?

Y, para volver a Cristina Fernández, ¿en serio creerá que se puede comparar con Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón? ¿De verdad piensa que una citación judicial en tiempo y forma la transforma en una heroína prerrevolucionaria? La ex presidenta tiene todo el derecho de expresarse y convocar a un acto político. También tiene derecho a sugerir la formación de una organización social, un "gran frente ciudadano" superador del Partido Justicialista, que le sirva para volver y ganar las elecciones. Nadie debería inquietarse, incluso, porque ella haya recordado que la familia de Macri, en especial, su padre, Franco, hizo buena parte de su fortuna por la vía de contratos con el Estado. Y tampoco porque desempolve el sobreseimiento de la Corte menemista de mayoría automática en la causa de contrabando de autos que involucró a una de aquellas empresas familiares. Es bueno que insista sobre la sociedad ofshore con sede en Panamá en la que aparece el actual presidente. Es saludable que pida aclaraciones sobre por qué no la incluyó en su declaración jurada. Pero ¿no tiene nada que decir sobre la ruta del dinero K, la detención y el procesamiento de su socio Lázaro Báez, los alquileres de las habitaciones de hoteles a Hotesur SA o la presunta falsificación de documentos de su otra sociedad, Los Sauces SA? ¿No tiene nada que explicar, por ejemplo, sobre las condenas y la detención del ex secretario de Transporte de Néstor Kirchner y de ella misma? ¿No forma parte de su agenda discursiva la tragedia de Once, quizá la prueba más contundente de que, por lo menos en la Argentina que ella gobernó, la corrupción mata?

¿Y dónde estuvo Cristina Fernández durante estos últimos cuatro meses? ¿No tuvo oportunidad de ver las escenas en las que aparecieron integrantes de la Tupac Amaru de Milagro Sala retirando decenas de millones de pesos en efectivo de las cajas de los bancos de la provincia de Jujuy? ¿No vio con sus propios ojos o le contaron las repugnantes imágenes de Martín Báez, el hijo de Lázaro; su contador, Daniel Pérez Gadin, y su hijo, y Fabián Rossi, entre otros? ¿No tiene nada que aclarar sobre su controvertido papel en el trámite judicial en el que permanece procesado su ex vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone?

No es mentira que desde que la nueva administración asumió la inflación viene aumentando mes a mes, como consecuencia de la devaluación que puso fin al cepo, el descontrol del precio de los alimentos que el Gobierno no puede combatir y el incremento de las tarifas de luz, gas y transporte público. Tampoco es falso que la pobreza y la indigencia se multiplicaron, debido a que los nuevos precios de la economía subieron mucho más que los salarios viejos de los trabajadores formales.

Se puede estar en contra del acuerdo con los holdouts y gritarlo todas las veces que se considere necesario. Se puede reclamar por los despidos injustos y por la suba de la desocupación en el sector privado, y por el sesgo "neoliberal" de las primeras medidas del nuevo gobierno. Pero ¿de verdad pretende Cristina hacerle crecer a todo el país que ella no tiene ninguna responsabilidad en cada uno de estos gravísimos problemas? Y la militancia que la respalda y la acompaña, ¿compra y defiende todo el combo completo? ¿Compra el discurso ezquizofrénico de Axel Kicillof, quien habla de la megadevaluación de Alfonso Prat-Gay, cuando la que decidió, en enero de 2014, fue mayor y con peores consecuencias? ¿Compra la idea de que lo que está haciendo Federico Sturzenegger con el dólar futuro es más nocivo que lo que autorizaron la ex presidenta, él y el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli, al vender a 10 pesos lo que en el mercado se compraba a 14 o a 15

La militancia ¿compra, tolera y soporta también la megacorrupción del Estado con la que viene acompañado "el proyecto nacional y popular de matriz productiva con inclusión social"? Porque la decisión de utilizar al Estado para generar negocios sucios no fue un hecho aislado. Lo empezaron a denunciar periodistas de la ciudad de Río Gallegos, como Daniel Gatti, el autor de libros sobre El amo del feudo y Entre cajas. Continuaron con la misma tarea los trabajadores de prensa de la agencia OPI Santa Cruz. Lo transformó en una denuncia por asociación ilícita la diputada Elisa Carrió y otros miembros de ARI, en 2008. Lo puso sobre el tapete LA NACION, en un editorial, antes que Néstor Kirchner asumiera como presidente. Y también lo constataron los medios de la Editorial Perfil. Y lo fueron corroborando en el camino dirigentes que fueron socios o pertenecieron al Frente para la Victoria.

Ciertos analistas políticos tradicionales explican que Cristina Fernández montó esta especie de reality show político para amedrentar a los fiscales y los jueces que la tienen en la mira. Pero, más que por la ex presidenta, los hombres y mujeres que imparten justicia están siendo interpelados por una buena parte de la opinión pública. La demanda sigue siendo que vayan presos los que delinquieron y que devuelvan el dinero los que saquearon al Estado. Esto no significa aprobar a libro cerrado todo lo que están haciendo Macri y su equipo. Pero queda bien lejos del planeta donde parece vivir Cristina.

Publicado en La Nación 

 

 


Este es el fallo que acaba de publicar La Corte Suprema y que ratifica el dictamen de Cámara que ordena al Estado restituir la publicidad oficial a La Cornisa Producciones SA por considerar que se la quitó de manera abrupta, como un acto de censura y con el fin de asfixiar económica y financieramente a nuestra organización de medios.

Cómo recordarás, el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner
dejó de remitir publicidad oficial a La Cornisa producciones SA después de confirmar que el responsable de la productora, yo, había decidido publicar el libro El y Ella, una continuación de El Dueño, ambos con fuertes denuncias sobre la corrupción K.

Casi al mismo tiempo, la AFIP intentó acusar a La Cornisa y también a mí por evasión pero, al cabo de varios años y tres apelaciones, ni siquiera me pudo imputar, por ausencia de delito.

Esta decisión de la Corte, firmada por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, no sólo es importante en defensa de la libertad de expresión y para que ningún medio sea perseguido desde el Estado por su decisión de investigar y denunciar.

También lo es porque puso a una productora de contenidos periodísticos en el mismo plano de medios tan importantes como Editorial Perfil y Diario Rio Negro, que también obtuvieron fallos parecidos.

Ojalá puedas comprender la importancia que conlleva esta decisión, después de varios años de litigar y de remar contra la corriente.

Luis Majul

Centro de Información Judicial: (http://goo.gl/lYKIKZ)

 

 

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner podría ir presa, pero esto no sucederá el próximo miércoles 13 de abril a las 10 de la mañana, día y hora previstos para responder a la declaración indagatoria en la causa por la venta del dólar a futuro, por la que está sospechada de “administración fraudulenta” y “abuso de confianza”. A este juicio lo tramita Claudio Bonadío, el magistrado que fuera apartado del expediente Hotesur SA.

El expediente Hotesur era el que más preocupaba a Cristina antes del viernes pasado, cuando Leo Fariña prendió el ventilador y el fiscal Guillermo Marijuán decidió imputarla junto al ex superministro Julio de Vido, el financista Ernesto Clarens y el expresidente del Banco Nación, Juan Carlos Frábega.

Pero ahora los frentes judiciales abiertos contra la ex jefa de Estado son múltiples y no existe alrededor de Ella una estrategia clara sobre cómo defenderse para evitar ser procesada, detenida y eventualmente condenada por algunos de los delitos que se le imputan.

En las próximas horas se sabrá si la Cámara Federal porteña aceptará el nuevo pedido de recusación contra Bonadío en la causa “dólar futuro”. Si lo hace, Cristina Fernández no tendrá necesidad de presentarse a declarar. Pero si los camaristas rechazan el pedido y ratifican a Bonadío, la ex mandataria deberá comparecer a la hora que fue citada. Y si no se presenta, el juez la mandará a buscar por alguna de las fuerzas de seguridad, como la Policía Federal o la Metropolitana.

El gobierno nacional, a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hace días que prepara un protocolo especial para que la diligencia pedida por Bonadío pueda cumplirse y la convocatoria que prepara el Frente para la Victoria no se transforme en un escándalo ni se generen incidentes.

Bullrich ya recibió a integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, que es el organismo encargado de la seguridad en Comodoro Py y el que asume el rol de Superintendencia. El encuentro lo pidió el máximo responsable, Alejandro Slokar, un adherente de la agrupación filokirchnerista Justicia Legítima. Fue para reclamar seguridad y protección a los jueces y fiscales que están imputando, procesando y ordenando medidas de prueba contra ex altos funcionarios del gobierno anterior.

“El primer objetivo para el próximo miércoles y para todo este abril caliente es la máxima seguridad para todos los que trabajan en Comodoro Py”, me dijo una alta fuente encargada de supervisar el operativo. Por eso, desde hoy, nadie podrá ingresar al edificio sin antes presentar una identificación personal y profesional. Además se preparó una entrada y una salida alternativas para secretarios, jueces y fiscales que podrían ser blancos de los ataques de algún descolgado o algún militante k que los considere “vendepatrias” o “destituyentes”.

La alta fuente explicó que al mismo tiempo están preparando un sistema para que durante el ingreso y la salida de Cristina Fernández no haya “desbordes”.

“Todavía no tenemos información sobre si ella, sus abogados o sus seguidores van a querer hablar con la prensa o no. Estamos tomando contacto con su gente para evaluar los distintos escenarios. Si decide no hablar invitaremos a la prensa a cubrir el hecho en un lugar seguro, con una tarima” agregó.

Por otra parte los responsables del ministerio de Bullrich preparan la “operativo para la manifestación”. Anticipan que “la seguridad será numerosa, pero discreta”.

“En este aspecto compartimos la responsabilidad con la Policía Metropolitana pero tenemos todo muy aceitado como para evitar desórdenes”, anticipó.

Bullrich y el nuevo jefe de la policía federal, Néstor Roncaglia están analizando si van a prohibir el estacionamiento de vehículos a partir de hoy mismo alrededor de Comodoro Py. “Sería una medida excepcional, para aislar el perímetro caliente”, especificó.

El gobierno nacional venía trabajando en los operativos alrededor de la citación de Cristina Fernández, pero la imputación de Marijuán “cambió drásticamente el cuadro de situación”. Ahora esperan que el equipo de custodia de la ex presidenta se comunique con ellos para “coordinar sus movimientos y evitar que pase un mal momento”. Todavía no lo han hecho, pero aguardan que los responsables, pertenecientes a la Policía Federal, lo informen cuánto antes.

Marijuán imputó a Cristina Fernández porque Fariña la mencionó como co-protagonista de un diálogo que habría mantenido con Lázaro Báez en su despacho de la quinta de Olivos. Según Fariña,Cristina le había preguntado a Lázaro si era verdad que se estaba quedando con dinero de Néstor, quien ya había fallecido, y que además estaba sacando la plata fuera del país.

De acuerdo al ex valijero, la jefa de Estado estaba furiosa y le había dicho a Lázaro que la delicada información la había obtenido de fuentes vinculadas a la embajada de los Estados Unidos. En el escrito de la indagatoria a Fariña, que está bajo secreto de sumario, Cristina Fernández no aparecería involucrada en la operatoria, sino preocupada por el destino del dinero. Incluso Farías la habría presentado como ajena a los detalles específicos de las maniobras, con las que declaró, se habrían trasladado, de manera ilícita, fuera de la Argentina, casi 100 millones de dólares.

De la imputación a la indagatoria de Marijuán habría entonces una distancia considerable. Pero la responsabilidad de la ex jefa de Estado aparecería mucho más clara en la causa Hotesur -que todavía está en el limbo, sin juez, aunque le podría tocar a Julián Ercolini- y también en la causa Los Sauces, ambas impulsadas por Margarita Stolbizer, la legisladora que más seriamente está trabajando para acusar a Cristina por corrupción y lavado.

Los que tuvieron acceso a los documentos del juicio que impulsó Bonadío hasta que le quitaron la causa, están seguros de que Hotesur SA se fundó para lavar dinero de los retornos que Lázaro le giró a Néstor y Cristina a través del pago de alquileres de las habitaciones del hotel Alto Calafate que no se ocuparon.

Y el lunes pasado Stolbizer presentó otra denuncia que se transformó en el expediente Los Sauces SA. Se trata de una operatoria similar a la de Hotesur. La única diferencia es que, en vez de pagar sobreprecios por alquileres de habitaciones del Alto Calafate, Lázaro y también Cristóbal López compraron y alquilaron propiedades a Cristina Fernández y Máximo Kirchner por valores superiores a los de mercado.

Los Sauces SA cayó, por sorteo, en el juzgado de Bonadío. Es la peor noticia que Cristina Fernández podía haber recibido. Pero no la única. Porque en un edificio de la Prefectura hay 30 cajas azules con decenas de documentos secuestrados por Bonadío en los allanamientos de junio del año pasado.

El juez nunca las pudo abrir ni investigar su contenido, como tampoco lo hizo su sucesor, Daniel Rafecas, quien las guardó bajo llave y jamás revisó nada. Sin embargo, de las actas que confeccionaron los investigadores de la policía metropolitana se puede inferir que se trata de información sensible y explosiva, como los balances de Hotesur, Los Sauces, Austral Construcciones, Oil combustibles, la empresa de Cristóbal, boletos de compra y venta  y alquileres de propiedades y los detalles de la “contabilidad paralela” de Báez, alojados en un CPU, ubicado en un altillo de una oficina del rey de la obra pública, en Río Gallegos.  

Los investigadores que los que estaban allanando pudieron abrir la computadora gracias a la ayuda de algunos empleados que le dijeron cómo hacerlo. Por todas estas evidencias Cristina podría ir presa, aunque no ahora. Y su futura situación procesal no dependería, ni siquiera, de la versión que pudiera dar un arrepentido como Fariña, evaluaron fuentes judiciales muy serias.

Publicado en El Cronista 

 

Las detenciones de Lázaro Báez y Ricardo Jaime no deben ser interpretadas como el final de un ciclo de corrupción e impunidad. Es al revés. Se trata del principio de una densa trama que podría terminar con el procesamiento y la pérdida de la libertad de la ex presidenta Cristina Kirchner. La tormenta perfecta no comenzó la semana pasada. En realidad, se empezó a desatar el martes 15 de marzo, en la apertura del año judicial, cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, les envió una señal inequívoca a los fiscales, jueces federales, camaristas e integrantes de los juzgados en lo contencioso administrativo, para que aceleren los juicios por corrupción y empiecen a combatir en serio el narcotráfico.

Por lo menos cinco de los doce jueces federales lo entendieron como un gesto de "contención institucional" para obrar según sus convicciones. En los días sucesivos, Lorenzetti habló con varios y les garantizó que el nuevo cuerpo de peritos especializados en casos de corrupción iba a colaborar de manera incondicional. A su vez, los mismos magistrados recibieron otra señal inequívoca, esta vez de parte del Gobierno. Les dijeron que el Presidente no movería un dedo para evitar que vaya preso ningún ex funcionario acusado de corrupción. Ni aunque se tratara de la ex jefa del Estado. No fue Daniel Angelici el mensajero oficial, sino un alto funcionario que habló con fiscales, magistrados y camaristas en nombre del jefe del Estado, pero de manera "institucional". Lo mismo les trasmitió un abogado que es muy escuchado por Macri, aunque no ostenta el cargo de asesor del Presidente.

La voz altisonante de la diputada Elisa Carrió y el video del primogénito de Lázaro y sus cómplices contando dinero no hicieron más que precipitar la cadena de hechos. Ahora los acontecimientos ya tomaron una dinámica propia. Una lógica que resultará imparable.El calendario de citaciones y la evolución natural de los expedientes anuncian más detenciones y algunas condenas. La misma suerte de Jaime y Báez le podría tocar al ex vicepresidente Amado Boudou, por su responsabilidad en la causa Ciccone y el pago irregular del gobierno de Formosa a la consultora de Alejandro Vandenbroele. La jueza Servini de Cubría espera el "momento procesal" justo para tomar declaración indagatoria a Pablo Paladino y Gabriel Mariotto, en el expediente del programa Fútbol para Todos. Y detrás de ellos comparecerán, por el mismo asunto, los ex jefes de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández.

El miércoles de la semana próxima, a las 10, Cristina deberá presentarse ante el juez Bonadio para explicar su responsabilidad en la operación de venta de dólar futuro que, según el magistrado, le habría generado al Estado un perjuicio de 76.000 millones de pesos. Bonadio, a quien no parece amilanarlo la convocatoria lanzada para que la militancia apoye a la ex presidenta, está convencido de que tanto ella como el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli son sospechosos de fraude. El juez recibió esta semana otra noticia inesperada. Fue sorteado para tramitar la denuncia que presentó el lunes la diputada Margarita Stolbizer, con el asesoramiento de la experta en sociedades Silvina Martínez. La denuncia es contra la empresa Los Sauces y acusa a Cristina, a Máximo Kirchner y a otros de falsificación de documento, presunto enriquecimiento y "cualquier otro delito" que se pueda detectar en el trabajo de instrucción. Para quienes analizamos en detalle de qué se trata, se la podría considerar una causa gemela a la de Hotesur, que, por otra parte, es la que más preocupa a la viuda de Néstor Kirchner. Lo único que diferencia a una de otra son el nombre y el instrumento que, según Stolbizer, utilizaron para enriquecerse y lavar dinero. En el caso de Hotesur, el modus operandi fue el cobro de alquileres por habitaciones que no se habrían usado y el "delito precedente", la devolución a la familia Kirchner, por parte de Báez, de parte de los millones que ganó con la obra pública. En el de Los Sauces, los Kirchner cobraron por parte de Báez y de Cristóbal López dinero por la compra de inmuebles y alquileres de terrenos, edificios y cocheras. Es decir, varios millones de pesos que parecen estar insertos de manera desprolija en los balances de una empresa que, para más confusión, se llama igual que el hotel boutique que está pegado al domicilio de la ex presidenta en El Calafate.

No será difícil para Bonadio descular la tramoya de Los Sauces. Ya estaba a punto de recibir en mano las pruebas que servirían para condenar a los sospechosos del affaireHotesur cuando un par de camaristas lo recusaron y la causa recayó en Daniel Rafecas, que la cajoneó durante ocho meses y después se la sacó de encima. Las cajas con las evidencias están bien guardadas en una oficina de la Prefectura cuyas llaves posee Rafecas, que no se las presta a nadie. ¿Cuánto tardará Bonadio en volver a reclamar esos papeles, por considerarlos vinculados y conexos a la causa Los Sauces? ¿Cuánto tardará su colega Julián Ercolini en reclamar el corazón de la causa Hotesur, en la que, según Bonadio, ya estaría "largamente" probado el delito de lavado de dinero? Ercolini es el mismo que acaba de detener a Jaime y rechazar su pedido de excarcelación. Igual que la mayoría de sus colegas, fue presionado una y mil veces por los mensajeros de Néstor y Cristina y pensó en renunciar. La derrota electoral del Frente para la Victoria provocó en Comodoro Py el mismo efecto que generó en Jujuy la victoria de Gerardo Morales. De un día para el otro, allí los fiscales y los jueces se encontraron con que podían volver a su trabajo con dignidad e incluso denunciar, procesar y detener a la ex todopoderosa Milagro Sala sin temor a perder el puesto. Los hombres de la justicia jujeña también comprobaron que pueden tomar decisiones importantes y que el mundo, al otro día, seguirá andando. Quizá Cristina no sea encarcelada o detenida ahora mismo, ni mañana, ni pasado. Pero no es improbable que con el tiempo se le acumulen las penas y termine detenida. La condena, hasta entonces, será social. Hasta que un magistrado, si corresponde, se atreva a ponerle la firma a la condena judicial, que duele tanto o más que la otra. No parece imprescindible, para eso, que Báez o Jaime se transformen en arrepentidos. Las pruebas acumuladas en los expedientes serían suficientes.

Publicado en La Nación

 

El exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, es solo el primero. Porque en los próximos días, semanas y meses, empezarán a desfilar por los tribunales de Comodoro Py y ocuparán algunas de las celdas previstas para purgar sus delitos, personajes emblemáticos como Lázaro Báez y su hijo, y exfuncionarios como Amado Boudou y Aníbal Fernández. Incluso verá muy comprometida su situación procesal la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Fuentes muy seguras anticiparon que, si no ocurre antes nada imprevisto, el juez Claudio Bonadio le tomará el próximo miércoles 13 de abril declaración indagatoria, la procesará, y tiempo después dictará su condena por administración fraudulenta y abuso de confianza en la causa que investiga el negociado del dólar futuro. Lo mismo podría suceder con el exministro de Economía, Axel Kicillof y el expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli. Bonadio los considera responsables de hacerles perder a los argentinos, con la decisión de venta de dólar futuro a un precio muy barato, más de $ 76.000 millones, diez veces más que lo que se habría ‘ahorrado’ Cristóbal López por no pagar el Impuesto a la Transferencia de Combustibles, a través de su empresa Oil.

Aunque se trata de un delito, en principio, excarcelable, a la exjefa de Estado, en meses, se le podría sumar otra condena derivada de otro juicio: el originado en su empresa, Hotesur, que contempla el lavado de dinero y la recepción de coimas, con la complicidad del mismo Báez. Hotesur, la causa, será absorbida por el juez Julián Ercolini, el mismo que acaba de meter preso al exsecretario de transporte multiprocesado.

Lo que está sucediendo no es mágico. Podría entenderse como un Mani Pulite a la criolla, o como la respuesta institucional al clamor de parte de la sociedad, resumido en la consigna: "Que vayan todos presos y que devuelvan la plata".

Lo entendió a la perfección el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, cuando en la apertura del año judicial, el 15 de marzo pasado, en un mensaje directo a todos los jueces federales que estaban presentes, los conminó a "terminar con la impunidad para fortalecer las instituciones". Además los despabiló así: "Seamos conscientes de la responsabilidad que la población deposita en el Poder Judicial". Lo escucharon con atención, además de Ercolini, Claudio Bonadio, Sebastián Casanello, Ariel Lijo, María Servini de Cubría, Rodolfo Canicoba Corral, Marcelo Martínez di Giorgi, Daniel Rafecas, Sergio Torres, Sebastián Ramos y Luis Rodríguez.

Pero también lo escucharon los miembros del fuero contencioso administrativo federal, de la Casación Penal y la Cámara Federal completa, integrada por Martín Irurzun, Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero.

Los que conocen el mundo de la justicia, saben que sin esa invitación a actuar rápido y con rigor, quizá la Sala II de la Cámara Federal, integrada por Irurzun, Horacio Catani y Farah no hubiera anulado con fundamentos tan duros el sobreseimiento de Carlos Liuzzi, mano derecha del monje negro Carlos Zannini y acusado de enriquecimiento ilícito. Tampoco hubiera dispuesto el apartamiento del juez Luis Rodríguez, quien había cerrado la causa en tiempo récord. Se trata de una de las medidas más fuertes que se pueden tomar contra un magistrado en semejante contexto. Y no porque Irurzun y Catani no se hubieran animado. Se trata de dos de los camaristas más respetados. Pero no dejó de sorprender el ritmo y la decisión por unanimidad. Lo mismo puede decirse sobre la hiperactividad del juez contencioso administrativo, Esteban Furnari.

Porque en las próximas horas, el magistrado podría hacer lugar al pedido de la AFIP, anticipado anoche por el equipo de investigación de La Cornisa TV, de embargar e inhibir los bienes del grupo Indalo. Su confirmación, en términos prácticos, significa tratar de recuperar parte de los $ 8000 millones que Cristóbal López le dejó de pagar al Estado para comprar nuevas empresas y financiar las viejas.

¿Cuánto tardará Servini en procesar a Pablo Paladino, Gabriel Mariotto y los ex jefe de gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, por su responsabilidad en el descontrol del programa Fútbol para Todos? Lo que demore en tomarles la indagatoria y cumplimentar los pasos procesales, de acuerdo al procedimiento que la jueza lleva adelante con mucho celo. ¿Y cuánto tardará en explotar la denuncia que presentará hoy mismo Margarita Stolbizer, quien acaba de descubrir que Cristina y Máximo usaban otra sociedad, denominada Los Sauces SA, para hacer lo mismo que hacía Hotesur; es decir, recibir retornos a través de compras y alquileres de inmuebles pagados por Báez y López y anticipos de dividendos que no están permitidos por la ley? La dinámica que están tomando los acontecimientos es imparable.

También lo entendió así el presidente Mauricio Macri, quien le dio vía libre a la Oficina Anticorrupción, que preside Laura Alonso, para presentarse como querellante en la causa Hotesur, entre otras. Detrás de semejante entramado hay una necesidad y un riesgo. La necesidad del gobierno de mostrarse activo contra los escándalos de corrupción, en línea con la indignación social, pero sin aparecer como el fogonero de semejante movida. El riesgo es que el aluvión de procesamientos, condenas y detenciones sea de tal magnitud que termine conmoviendo a todo el sistema político, tal como está sucediendo en Brasil.

Entre los que intentan llegar a fondo, se encuentran, además de Alonso, el ministro de justicia, Germán Garavano, la diputada Elisa Carrió y el asesor jurídico de confianza del jefe de Estado, Fabián ‘Pepín’ Rodríguez Simón. Por eso trabajan a destajo para que el Congreso apruebe una ley del arrepentido que sirva como instrumento para llegar a la ‘máxima verdad’ y ‘caiga quien caiga’, incluída la expresidenta de la Nación.

El propio presidente de la Corte trabaja en el mismo sentido, pero con un criterio más práctico: por eso acaba de designar un cuerpo de peritos anticorrupción; para que los jueces no tengan más excusas y aceleren las investigaciones y las condenas en las causas donde están involucrados exfuncionarios sospechados de robar, lavar dinero y proteger a delincuentes de guante blanco, incluidos narcotraficantes. Es su respuesta institucional a la demanda de que los responsables vayan presos y devuelvan la plata.

Sin embargo, Macri y su mesa chica se equivocarían si tomaran a este clamor social como una buena oportunidad para hacerse los distraídos con las consecuencias que provocan la alta inflación y el aumento de tarifas. Porque si el costo de vida no empieza a bajar después de mitad de año no habrá lucha contra la corrupción que sirva para amainar el descontento social que todos los meses, va creciendo un poco.

Y tampoco va a servir para tapar la reacción contra los gestos que impliquen defraudar al votante de Cambiemos: desde el uso de un avión privado para viajar a Punta del Este, como lo hizo el ministro de Desarrollo Productivo Francisco Cabrera hasta la utilización del helicóptero y la estancia de un controvertido empresario de la Patagonia, como lo hizo el propio Macri durante el último día de la visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.

Publicado en El Cronista

 

Elisa Carrió pareció darle un ultimátum al presidente Mauricio Macri. "Es Elisa Carrió o Daniel Angelici. Ése fue el acuerdo que hicimos en enero. Y eso es lo que tiene que cumplir mi gobierno", lo desafió. En el ala menos "política" de Cambiemos, las palabras de la diputada se interpretaron casi como una amenaza. "¿Cómo le va a plantear a un jefe de Estado, por televisión, la idea de que si no hace lo que ella dice, es capaz de hacer cualquier cosa?", se preguntó un ministro de los que suelen hablar más seguido con Macri.

Lo que volvió a pedir Carrió a Macri, ante más de un millón de espectadores, es que deje de "habilitar" a Daniel Angelici como su "operador informal" ante la justicia federal. La líder de ARI presentó al presidente de Boca y dueño de varios bingos como el emisario que se reunió con varios magistrados para suavizar o aliviar la situación de la ex presidenta Cristina Kirchner y de hombres de negocios como Cristóbal López y Lázaro Báez. Ya se lo había planteado en privado. En aquel encuentro, el Presidente le dijo a la legisladora: "Daniel no es un operador. Ni es oscuro. Como presidente de Boca, es tan público y conocido como vos y como yo. Y jamás haría algo ilegal o que me pudiera perjudicar". Ella intentó corregirlo: "Angelici habla en nombre tuyo. Se jacta de sacar y poner jueces. Además está en el negocio del juego y, por lo tanto, es uno de los que contribuyen a hacer de la Argentina un garito". "Traeme una prueba de que opera a los jueces y lo volvemos a discutir", la desafió el jefe del Estado. "No necesito ninguna prueba: yo lo sé", se despidió, de manera cordial, ella.

La nueva advertencia del domingo fue porque un fiscal con vínculos con Carrió le transmitió que Angelici le había estado preguntando por el trámite de una causa "muy caliente" que involucraba a "una de las autoridades más importantes de los tres poderes de la Argentina". Angelici no negó que había hablado con ese fiscal. Pero contó el episodio de otra manera. "Fue él quien me llamó para preguntarme qué me parecía. Si tenía que desestimar o instruir la causa. Y yo le dije que haga lo correcto, de acuerdo con los elementos que tenía. Ni más ni menos", confesó el hombre de Boca a un amigo íntimo.

"Hasta donde llega mi conocimiento -me dijo anteayer un juez federal que se jacta de no almorzar ni cenar con ningún emisario del Gobierno-, Angelici, en Comodoro Py, no sacó ni puso jamás ni a un fiscal ni a un secretario ni a un asistente. La justicia penal funciona al revés: los que ponen y sacan jueces lo hacen en silencio. Es lo que les garantiza que sus pedidos se van a cumplir." El único encuentro entre el presidente de Boca y media docena de magistrados, nunca desmentido, se llevó a cabo después del triunfo de Macri en segunda vuelta. En esa cita, alguno de los jueces le preguntó al dirigente deportivo si el Presidente "necesitaba algo" de ellos. Según tres fuentes independientes, Angelici les transmitió que no necesitaba nada, "sólo que hicieran cumplir la ley sin privilegios ni excepciones de ningún tipo".

¿Cómo le cayeron las declaraciones de Lilita y la testimonial contra Angelici frente al juez Sebastián Casanello al Presidente? Mal, pero no las dramatiza. Cada vez que alguien del círculo íntimo intenta descalificarla, él le recuerda que Carrió y Ernesto Sanz fueron los que aportaron los votos imprescindibles para garantizar el triunfo electoral. "Lilita es Lilita. Si se siente con la enorme libertad de criticar públicamente hasta al Papa, ¿por qué yo me tendría que ofender tanto?", los tranquiliza. También relativiza los "ataques": "No comparto lo que dice sobre el Tano [Angelici] ni sobre Nicky [Caputo]. Pero en algunas cosas tiene razón. ¿Qué argentino no quiere que la Justicia funcione rápido y de manera más eficiente? ¿Quién se podría oponer a que metan presos, si lo determina el Código Penal, a los que delinquen, los que roban, sin importar el cargo que ocupen o que hayan ocupado?". En ese sentido, Macri valora que la diputada juegue el rol de "denunciante" que él no podría ocupar, ni por estilo ni por su investidura. No piensa, como Carrió, que su amigo Nicolás Caputo deba renunciar a sus proyectos, sus emprendimientos y sus negocios. "Ya renunció al doble estándar de asesor político sin cartera. Porque Mauricio se lo planteó antes de ganar las elecciones. Le dijo: «O venís como mi jefe de Gabinete o mi jefe de asesores y dejás de ser empresario o seguís en la actividad privada y punto. Las dos cosas, ahora, no se pueden»", me contó alguien muy cercano al Presidente. Ahora que Caputo eligió seguir con sus negocios, a Macri le parece "muy injusto" que se lo quiera "discriminar" sólo por ser su amigo. "¿Cuál sería la idea? ¿Que ningún empresario al que haya conocido pueda presentarse a una licitación sólo por haber tenido algún vínculo conmigo? Caputo no empezó a hacer negocios ayer ni cuando yo gané la jefatura de gobierno de la ciudad. Y estoy de acuerdo con subir la vara bien alto. Lo máximo que se pueda. Pero una cosa es eso y otra la discriminación al revés", planteó ante funcionarios de su confianza.

Por ahora no hay ningún indicio que sugiera la idea de que el vínculo entre Macri y Carrió se pueda romper. "Tengo una enorme paciencia. Voy a aceptar como propias las sugerencias de Lilita con las que estoy de acuerdo y voy a decirle con honestidad, frente a frente, las ideas con las que no lo estoy." A los que le plantean que le debería poner un límite, Macri responde que ni él es Néstor o Cristina ni Cambiemos es el Frente para la Victoria. "Las críticas no nos tienen que enojar. Nos tienen que servir para mejorar." Hace una semana que el Presidente presentó ante la Oficina Anticorrupción la propuesta de entregar su fortuna a un fideicomiso ciego. Laura Alonso está esperando que defina quién será el fiduciario y luego firmar el documento. "Será el primer presidente de la democracia que haga un gesto semejante", plantea un miembro de la mesa chica. Sugiere, este funcionario, estar muy atento al inminente calendario judicial. Dice que posee información sobre las dudas de la ex presidenta para presentarse ante el juez Bonadio por la causa de la venta del dólar futuro. Está seguro de que el juez la va a procesar y va a pedir su condena. El delito contempla una pena máxima de seis años y es excarcelable. El riesgo es que, con el tiempo, las condenas se acumulen y la ex jefa del Estado termine privada de su libertad. Si Cristina no se presenta, Bonadio no tendrá más remedio que ir a buscarla con la fuerza pública, como sucedió en Brasil con Lula. ¿Sería esta foto un elemento capaz de desestabilizar las instituciones? En lo más alto del Gobierno creen que no, pero preferirían menos ruido. Carrió cree que no pasará nada malo. Que apenas representará cierto alivio para una parte de la sociedad "con hambre y sed de justicia".

Publicado en La Nación

 

 

La acusación de Lázaro a Alicia Kirchner y Ricardo Echegaray sobre que no pueden justificar su enriquecimiento; el vaticinio del exresponsable de la AFIP, afirmando que Báez irá preso; los múltiples fraudes impositivos que le imputan a Cristóbal López; el limbo en el que se encuentra la causa Hotesur, en la que el juez Claudio Bonadio ya había detectado lavado de dinero, y la falsa hipótesis de que Barack Obama vino a la Argentina para convalidar el encarcelamiento de líderes como Lula, Dilma y la propia Cristina, hacen pensar que la corrupción no fue solo un ‘accidente’ en el proyecto del Frente para la Victoria. Al contrario: todo indica que la corrupción fue parte del corazón del modelo.

O, como escribió Horacio Verbitsky durante los "malditos años noventa", para explicar qué era lo que en verdad definía al menemismo: "La corrupción es inherente al modelo".

La apasionante discusión fue puesta sobre la mesa de debate por la gran pensadora ultrakirchnerista Julia Mengolini, pero en base a la idea contraria, cuando declaró: "La corrupción no quita lo bueno del proyecto político".

¿Qué significa eso? ¿Qué existe una corrupción buena o tolerable y otra malísima e injustificable?
Mengolini, quien se sintió estigmatizada después de semejante afirmación, tiene el mismo problema que muchos de sus compañeros. Piensan en chiquito. Mezclan todo. Y creen, incluso, que ellos mismos, con toda naturalidad, pueden compararse con periodistas como Jorge Lanata. Como si ambos fuesen lo mismo."Les quiero recordar que no soy yo la que tiene un departamento de 2 palos y medio en Miami. Alquilo en Once y estaciono en la calle" escribió horas después en su cuenta de Twitter. ¿Y por qué ella debería poseer una propiedad así? ¿Y por qué razón no podría adquirirla Lanata? El periodista tiene 54 años, fundó un diario a los 27 y encabezó decenas de proyectos periodísticos que generaron mucho más dinero que lo que él mismo ganó con su trabajo. Mengolini, en cambio, entró al periodismo hace 5 minutos y lo hizo por la ventana (política). Muy mal hablaría de ella si se volviese millonaria de la noche a la mañana. Es decir: no tendría cómo justificarlo.
Pero Lázaro, sin ir más lejos, sí pasó de empleado raso a megamillonario. Y no fue por generación espontánea, sino por obra y gracia de Néstor y Cristina Fernández.

La historia de Báez la escribí en ‘El Dueño’ en el año 2009. La contaré, una vez más, para ningún incauto pueda suscribir la idea de que él y la familia Kirchner "jamás fueron socios".

Lázaro fue cadete del Banco Nación pero se hizo amigo de negocios de Kirchner a los 34 años, cuando trabajaba como cajero raso en el Banco de Santa Cruz. Kirchner, quien recién andaba por los 40, lo transformó en su hombre de confianza siendo intendente de Río Gallegos, después que Báez le regalara la "llave maestra" para cooptar y presionar a los poderosos de Santa Cruz: la lista completa de deudores del Banco de la provincia. En esa época, todo el mundo sabía que para "destrabar la cuestión" por un crédito o una deuda impaga, primero había que hablar, en términos muy específicos, con Lázaro, el hombre de Néstor.

Como si esto fuera poco, los documentos oficiales no mienten. Al contrario: explican como el expresidente y el excajero decidieron montar un gran negocio. Uno de un lado y el otro del otro lado del mostrador.
Veamos:

- Lázaro fundó Austral Construcciones el 16 de mayo de 2003, 9 días antes de la asunción de Néstor. Nunca anteriormente había incursionado en el negocio de la construcción. Pero ahora se sabe que Austral fue, desde ese momento hasta 2015, la empresa más beneficiada con el negocio de la obra pública, con entre $ 15 mil y 20 mil millones, depende de quien lo contabilice.

- A fines de 2005, meses después de la victoria del oficialismo en las primeras elecciones legislativas, Báez tomó el control de la empresa petrolera Misahar. Y al mismo tiempo registró Epsur, otra petrolera que puso a nombre de su hijo, Martín Báez. Demás está decir que tampoco tenían ningún antecedente en una industria tan compleja y que exige tanto nivel de inversión. Dos años más tarde se comprendería bien porqué: el gobierno de Santa Cruz le terminó adjudicando a Báez 7 de las 15 áreas petroleras, en detrimento de otras empresas como YPF, Plus Petrol y la Americana Geo Park.

- El 23 de octubre de 2007, 3 días antes de la victoria de Cristina Fernández que la transformó en presidenta por primera vez, Lázaro sumó a sus negocios una nueva empresa dedicada a la agricultura y la ganadería: Austral Agro. Y una semana después inscribió dos nuevas compañías dedicadas el rubro inmobiliario: Austral Atlántica y Austral Desarrollo Inmobiliario.

A las empresas inmobiliarias, Báez las utilizó para asociarse formalmente con Kichner a través de un fideicomiso destinado a la construcción de departamentos.

Y a las de agricultura y ganadería, las usó para comprar enormes extensiones de terrenos que totalizan 182 mil hectáreas, porque sabía, de antemano, que allí de construirían represas hidroeléctricas que anegarían sus campos y entonces podría reclamar indemnizaciones multimillonarias.

¿Puede sorprender, entonces, después de todos estos enjuagues societarios, que ahora Báez vaya a ser indagado por el delito del lavado de dinero, y que Cristina Fernández intente despegarse de él, como si no tuviera nada que ver con el asunto?

El cheque de $ 300 mil que con la firma de Martín Báez mostramos ayer en ‘La Cornisa’ es una evidencia contundente de cómo el hombre de negocios habría intentado introducir al circuito legal fondos de origen ilícito o ilegal. Porque el cheque, que fue encontrado junto con otros documentos en la ‘Rosadita’ se habría usado para pagar un servicio simulado, supuestamente prestado por la empresa Top Air, del mismo Lázaro, a Austral Construcciones, la compañía encargada de realizar obra pública. Y ese mismo cheque, más tarde, se sumaría a la lista de nuevos certificados de obra pagados por el Estado en concepto de ‘mayores costos’.

Cristóbal López eligió otro camino para quedarse con el dinero de los impuestos que pagamos todos. El zar del juego siempre se preocupó por aclarar que el origen de su fortuna no tuvo que ver con la asunción de Kirchner al poder. Sin embargo, también a él, su pasado reciente lo condena. Porque desde que lo conoció, en 1998, sus casinos y sus tragamonedas se multiplicaron de manera exponencial, y además se zambulló en un rubro en el que nunca quiso incursionar, pero terminó derrapando: los medios masivos. Cuando lo entrevisté, durante más de seis horas, también para ‘El Dueño’, López me dijo, textual: "Hagamos una cosa, si te enterás de que voy a comprar un medio de comunicación, hacé que me pongan un chaleco de fuerza. Porque significa que me volví loco".

Hasta donde sé, Cristóbal todavía no enloqueció, pero sus empresas están a punto de desmoronarse. La última noticia que lo pone en evidencia también la contamos ayer, por la tele: la Auditoría General de la Nación está a punto de culminar una auditoría informática sobre Lotería Nacional y comenzará otra, el primero de abril, para revisar la gestión y los contratos. Uno de los auditores me dijo que encontraron inconsistencias importantes, como el hecho de que Lotería haya aceptado la donación del software para el control on line de las maquinitas, de una empresa vinculada a Cristóbal. Es decir: los funcionarios de Lotería de Néstor y Cristina pusieron al lobo para controlar a la gallina más grande y más rica. La gallina de los huevos de oro.

Publicado en El Cronista

 

 

Esperamos que el alto impacto de la histórica visita del presidente Barak Obama a la Argentina no termine menguando el interés y la indignación de la sociedad por los nuevos escándalos que involucran a Cristóbal López y a Lázaro Báez, y que comprometen a la ex presidenta Cristina Fernández. Hagamos votos para que las últimas noticias no sean aprovechadas por los fiscales y los jueces que ahora sienten la presión de la opinión pública y empiezan a tomar las decisiones que antes postergaban.

La impecable investigación de Hugo Alconada Mon para LA NACION sobre la presunta insolvencia fiscal fraudulenta del Grupo Indalo no sólo puso en evidencia la apropiación indebida de más de mil millones de dólares que debían haber ingresado al Estado. También reveló la protección de los organismos públicos que debían controlar a los empresarios amigos del poder. ¿Ha elegido el presidente Mauricio Macri a Cristóbal como el enemigo público número uno para enviar una fuerte señal a todo el mundo de los negocios? Cuando lo entrevisté, el pasado domingo 13, Macri no sólo se mostró indignado por lo que entendió como una grave defraudación. También reveló que había instruido al número uno de la AFIP, Alberto Abad, para que intente recuperar el dinero que el zar del juego, del petróleo y de los medios de comunicación había dejado de pagar en impuestos para invertirlo en medios y otros emprendimientos fallidos. Ahora Abad trabaja para evitar que López le ceda a Fabián de Sousa la empresa de combustibles Oil e Indalo Media, las organizaciones más comprometidas, y que se quede sólo con las rentables. El objetivo del Gobierno es claro: evitar que las unidades de negocios inviables se declaren en quiebra. "El concurso o la quiebra nos hará imposible que Cristóbal devuelva la plata con la que se quedó", me dijo un alto funcionario de la AFIP. Por eso mismo, le terminaron autorizando el último plan de pagos de una moratoria que viene arrastrando desde hace cuatro años. "Si se lo hubiéramos suspendido, habrían usado nuestra decisión como la excusa perfecta para concursarse o quebrar", explicó.

En el centro de la cuestión está el meneado artículo 32, que le permitía al en su momento número uno de la AFIP Ricardo Echegaray tomar decisiones discrecionales sobre el monto, plazo e interés de moratorias extraordinarias a firmas y empresarios cercanos al poder. Se calcula que se favoreció a más de 1500 organizaciones por un monto aproximado de 28.000 millones de pesos. De lo que no se habla es de quién tomaba la decisión política de subir o bajar el pulgar. Pero Echegaray y sus principales asesores lo repitieron más de una vez, en privado. "En la mayoría de los casos era una decisión política, personal y sensible y la tomaba la ex presidenta. Pero además no estaba fuera de ninguna ley", se atajaron. La afirmación dispara otra pregunta obvia, pero no menos inquietante. Si Fernández autorizaba o rechazaba los pedidos más sensibles de las moratorias más ventajosas, ¿también ordenaba la persecución "impositiva" de empresas, medios, periodistas, hombres de negocios, inmobiliarias cuyos empleados se quejaban de la economía?

Las inspecciones y la investigación a los contribuyentes que evaden o eluden el pago de impuestos siempre encuentran la justificación necesaria. En la línea técnica de la AFIP, casi nadie se sorprendió cuando revelamos, el domingo pasado, los datos inéditos de "la ruta aérea del dinero K". Son los registros oficiales de los vuelos que hicieron 48 horas antes del momento en que Martín Báez y otros se pusieron a contar dólares, euros y pesos en La Rosadita, no sólo el hijo de Lázaro Báez, sino también dos ex altos funcionarios clave en la trama del presunto delito de lavado de dinero: el ex director de la DGI Ángel Rubén Toninelli; su hijo, Federico Toninelli, y el ex director de Vialidad de la provincia de Santa Cruz Jorge López Geraldi. ¿Qué hacían en el mismo avión propiedad de Lázaro Báez que voló desde San Fernando hasta Río Gallegos Ángel Toninelli, el hombre que debía controlar el paso de los impuestos de la constructora Austral y otras empresas, y su hijo, un experto en asesoramiento tributario? ¿Y para qué compartió el viaje López Geraldi con el accionista de la empresa de obra pública a la que más contratos le firmó?

Los asesores de la diputada Elisa Carrió estudian la posibilidad de denunciar a Toninelli y a López Geraldi por el delito de recepción de dádivas, el mismo hecho por el que ya procesaron al ex vicepresidente Amado Boudou y al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Sin embargo, los que conocen bien a Toninelli lo caracterizan como el ex número dos de la AFIP, pero también hablan de él como el hombre que fue elegido por Néstor Kirchner, primero, y bendecido por su esposa, después, con el objeto de evitar cualquier investigación impositiva o arreglar cualquier desaguisado que los colocara en una posición incómoda. "Un limpiador de hechos sospechosos. Un borrador de huellas de los posibles delitos", precisó un ex alto sabueso de la AFIP que fue apartado de un área de investigación justo para la época en que ingresó Toninelli y que ahora fue reintegrado por decisión del actual director del organismo, Horacio Castagnola.

No parece una hipótesis descabellada. En octubre de 2009 denuncié en el libro El Dueño que Kirchner había corregido su desprolija declaración jurada de bienes con la complicidad de altos funcionarios de la AFIP. Ellos se tomaron el trabajo de viajar hasta Río Gallegos y concurrir a la oficina de su contador personal, Víctor Manzanares, para compatibilizar las inconsistencias entre la declaración jurada del ex presidente y su socio, Lázaro Báez, entre otros. El juez Sebastián Casanello espera que los registros de esos vuelos le permitan encontrar la llave para abrir la caja de Pandora que explique el lavado de dinero. "El delito precedente. La complicidad del Estado para el crimen que habría cometido Báez", dijeron fuentes judiciales.

Sin embargo, Margarita Stolbizer cree que el lavado de dinero y la responsabilidad de Cristina, Máximo y Lázaro están sobradamente comprobados en la causa Hotesur, que ahora mismo se encuentra en el limbo. Stolbizer, además, trabaja en un libro. Allí explicará por qué decidió acusar a Cristina Fernández y ofrecerá detalles de una hipótesis inquietante: que Cristina, lejos de cortar por lo sano con los negocios de su marido una vez que murió, los ocultó, los convalidó y los acrecentó, incluso cargando de mayor responsabilidad a su hijo. Si esto, al final, se comprueba, ni la presencia de Obama ni el acuerdo con los houldouts alcanzarán para tapar el impacto de la noticia.

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La expresidenta Cristina Fernández y su hijo Máximo Kirchner están más preocupados por su futuro personal que por el acuerdo con los houldouts y el desgajamiento del Frente para la Victoria y sus aliados.

La semana pasada hubo contactos informales entre voceros y asesores de Lázaro Báez y Cristóbal López (los empresarios K más comprometidos con actos de corrupción) y dirigentes que responden a La Cámpora y todavía obedecen órdenes de la exjefa de Estado. El motivo principal: hacer lo posible y también lo imposible para que los hombres de negocios no terminen en la cárcel, como el número uno de Odebrecht, de Brasil; también para que Ella y su hijo no acaben repudiados como Luiz Inácio Lula Da Silva.

Entre todos borronearon un plan de acción común: atacar “personalmente” y “directamente” a los medios, periodistas, dirigentes políticos, fiscales y jueces que investigan y documentan las denuncias. El objetivo es restar credibilidad y desprestigiar a los “denunciantes” y presentar a los juicios que se le siguen a Báez, López, Cristina y Máximo como “ataques políticos” de la “derecha” para evitar que regrese en 2019 el gobierno “nacional y popular” que habría fundado “las bases para reconstruir a la Patria”.

Como el programa de propaganda 6 en el 7 a las 8 ya no está, y la mayoría de los medios del Grupo Garfunkel Spolsky implosionaron, estos voceros y asesores que conversan en secreto se juramentaron usar, de manera aviesa, cada mínimo espacio en los medios de comunicación “propios” y “ajenos” para llegar a la sociedad con un mensaje contundente.

Hasta la semana pasada, los blancos senalados, eran, entre otros, Jorge Lanata; La Nación, Hugo Alconada Mon; la Editorial Perfil, con Jorge Fontevecchia a la cabeza, y también quien esto escribe. También están siguiendo con detenimiento las denuncias de Elisa Carrió pero, en particular, la actividad de la diputada nacional y líder de GEN Margarita Stolbizer. La excandidata a Presidenta investiga con sobriedad y en detalle los vericuetos de la causa Hotesur en la que Cristina, Máximo y Lázaro aparecen involucrados en un circuito de lavado de dinero por el pago millonario de habitaciones del Hotel Alto Calafate que no se habrían ocupado.

Además, Stolbizer presentó una denuncia contra la ex AFIP por no haber investigado, según ella, como correspondía, el escándalo de las facturas truchas de las empresas de Báez en Bahía Blanca. Esta denuncia cayó en manos del juez federal Sebastián Casanello y podría ser la llave para explicar el lado B del lavado de dinero: la presunta complicidad de altos funcionarios públicos en el armado de la ingeniería financiera y administrativa para consumar el delito. De hecho, ayer en La Cornisa presentamos una prueba documental inédita que deja a Lázaro, a su hijo Martín pero también el exnúmero dos de la AFIP, Angel Rubén Toninelli y el exdirector de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, Jorge López Geraldi, en muy mala posición. Y es porque aparecen viajando, junto al hijo de Lázaro, en el avión privado de Top Air, matrícula LV-ZSZ, 48 horas antes del momento del conteo de dólares, euros y pesos en la denominada “Rosadita”.

Para que viajó Toninelli, extitular de la DGI, desde Buenos Aires a Río Gallegos, en el propio avión del hijo del empresario al que debía investigar y controlar?  Para qué Angel Toninelli se sentó en el avión privado junto a Martín Báez y su propio hijo, Federico Toninelli, responsable de un estudio jurídico dedicado al asesoramiento tributario?  Y qué hacía López Geraldi, otra vez, junto a Martín Báez, en el vuelo que partió de Río Gallegos y llegó a San Fernando?  No es una evidencia de promiscuidad entre lo público y lo privado ocupar un asiento en la empresa de aviación del hombre al que López Geraldi le adjudicó más contratos de obra pública en Santa Cruz?  Y no es muy sospechoso que lo hayan hecho horas antes del repugnante conteo de moneda extranjera en efectivo? 

Margarita Stolbizer trabaja para que las respuestas a estas preguntas lleven a los responsables a ser indagados, condenados y si es posible, presos. Pelea para que la causa Hotesur no termine cajoneada en el despacho del juez Julián Ercolini, en quien no deposita demasiadas expectativas. Pero lo que preocupa todavía más a los colaboradores Cristina Fernández es que al mismo tiempo Margarita prepara un libro sobre la expresidenta con una hipótesis inquietante: que Ella, lejos de terminar con los presuntos negocios sucios que alentó su marido hasta el momento en que murió, los encubrió, los convalidó y los acrecentó.

El plan de Cristina, Máximo, Lázaro y Cristóbal para desprestigiar a medios, periodistas, dirigentes, influir en la opinión pública y evitar la condena judicial empezó de la peor manera: no tienen una estrategia clara, y los soldados encargados de “ir a la guerra” son impresentables, o se niegan a tomar las “armas”.

Incluso, los asesores y voceros, habían maquinado la posibilidad de hacer públicos, desde C5N, una serie de “programas especiales” para intentar destruir la reputación de cada uno de nosotros. Uno que tenían en carpeta era contra Lanata. El otro contra el diario La Nación. Y un tercero contra el amigo y socio del Presidente, Nicolás Caputo. El objetivo habría fracasado porque la mayoría de los periodistas que ocupan la pantalla de la senal del Grupo Indalo se negaron a “pintarse la cara”. Incluso varios se resistieron la orden de leer en el aire el comunicado oficial de la empresa después de los allanamientos ordenados por la jueza María Verónica Straccia, bajo la sospecha de haber dejado de pagar los impuestos a los combustibles para financiar y comprar medios de comunicación.

Tampoco les está resultando óptima la estrategia de “infiltrar” a la producción en programas que se nutren de “la grieta”, como Intratables. El mecanismo es sencillo: los jefes de La Cámpora mandan al “debate” a políticos o colegas que no tienen nada que perder, para acusar sin pruebas, y sin nada que viniera a cuento, a periodistas, medios y dirigentes de cometer hechos ilícitos, y de corrupción, con el doble propósito de ensuciarlos y desviar la polémica sobre el tema propuesto: por ejemplo, el obsceno video en el que Martín Báez y otros cuentan dinero en una cueva financiera y lo colocan en bolsos que no se pueden levantar de tanto que pesan.

La semana pasada, una ignota diputada nacional del Frente para la Victoria acusada de neonazi por el Centro Simón Wiesenthal puso en duda mi actitud profesional.

Fue tan burdo, en ambos casos, la manera en que intentaron cambiar el eje de la discusión, que mis companeros de América TV detectaron “la operación” en el aire y los pusieron en evidencia.

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El presidente Mauricio Macri se reunió a solas con Cristóbal López, una sola vez, y la cita fue un verdadero desastre. Sucedió el año pasado, entre las PASO y la primera vuelta de las elecciones que, en la segunda, terminó ganando el líder de Cambiemos. El contexto no pudo haber sido peor. Los periodistas de la señal de cable que el empresario adquirió a Daniel Hadad por pedido de la ex presidenta habían estado atacando con fiereza al entonces jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lo habían acusado de cercenar la libertad de expresión. Y sólo porque el entonces titular de la Agencia Gubernamental de Control, Juan José Gómez Centurión, había ordenado la clausura del garaje del canal que da a la calle Fitz Roy.

Los periodistas que se habían pintado la cara para la guerra a pedido de sus jefes soslayaron un pequeño detalle: nunca las autoridades de Indalo Media habían solicitado ni obtenido la habilitación de la playa de estacionamiento. Es decir: estaban al margen o por encima de la ley. Así justificó su decisión Gómez Centurión, ex combatiente de Malvinas, cuando sus superiores le preguntaron por qué lo había clausurado. Incluso algunos se atrevieron a plantear su renuncia. Pero Macri les explicó: "Antes de asumir le dije que no quería excepciones ni favores para los amigos ni persecución a los enemigos. Ahora no lo voy a castigar por hacer lo que le pedí".

La escalada de C5N contra Macri parecía no tener fin. Hasta que el socio en los papeles de Cristóbal, Fabián de Sousa, pidió al entonces secretario de Medios de la Ciudad, Miguel de Godoy, un encuentro a solas entre su jefe y el candidato a presidente. Macri no tenía ni el más mínimo interés en verle la cara. Se había negado a reunirse con él decenas de veces. No deseaba que nadie pensara que él alentaba los negocios del juego ni que bendecía la explotación de miles de tragamonedas en el hipódromo de Palermo. Pero al final, con el objetivo de que el ataque mediático no siguiera escalando, lo recibió. Fue una mañana de fines de septiembre. Hizo ir a Cristóbal hasta la casa de su padre, Franco Macri, ubicada en Barrio Parque. En el mismo espacio que durante toda la campaña usó como oficina alternativa, en especial para no recibir a las visitas incómodas o forzadas en su propio departamento de la Avenida del Libertador. López, un experto en seducir presidentes, gobernadores e intendentes, explicó que su verdadero amigo era Néstor y que con Cristina lo unía un vínculo de conveniencia mutua. Ya me lo había dicho en 2008, en una entrevista exclusiva para el El Dueño, libro que López detesta porque dice que aumentó su visibilidad y las sospechas sobre sus actividades económicas. López pensó que confesar que su relación incondicional era con Kirchner y no con la entonces presidenta le abriría la puerta para iniciar un nuevo toma y daca.

"Puedo ser muy equilibrado, pero no me pida que la ataque a Cristina porque estaría rompiendo todos los códigos", le espetó Cristóbal a su anfitrión. El ex presidente de Boca se quedó callado unos segundos. Después le aclaró que él no funcionaba así. Le dijo, palabras más, palabras menos, que no necesitaba ningún tratamiento mediático especial. Y que sólo esperaba que sus empresas periodísticas funcionaran con responsabilidad y no como un instrumento de extorsión. Estaban en la segunda parte del diálogo, porque la primera López la había consumido en explicarle que Kirchner lo había ayudado mucho, pero que él ya era un empresario importante antes de conocerlo. Que le dolía la sospecha de que se lo considerara un "palo blanco" o testaferro del matrimonio presidencial y que estaba empezando a sentir que ese prejuicio se le estaba volviendo en contra.

Ya había pasado la primera media hora de conversación cuando Cristóbal pretendió avanzar sobre asuntos concretos y específicos. Entonces Macri lo paró en seco. "Le voy a decir lo que les digo a todos los empresarios. Conmigo no van a tener ningún problema si actúan dentro del marco de la ley. Y eso incluye a los hombres de negocios que hayan apoyado el proyecto de Cristina o la candidatura de Daniel. Pero tampoco van a tener ninguna ventaja ni privilegio. Y cuando digo nadie, esto incluye también a los empresarios que se consideran cercanos a nuestro proyecto." Cinco minutos después, López transmitió sus conclusiones a De Sousa: "Fue una reunión de miércoles". Y Macri hizo lo mismo con sus colaboradores: "Fue un encuentro muy pobre".

Ayer, a las 9 de la mañana, el Presidente repasaba en su despacho de la quinta de Olivos el informe reservado que le hicieron llegar sobre la presunta apropiación de 8000 millones de pesos por parte de la empresa de López Oil y que debían haber ingresado a las arcas del Estado. "No hay manera de justificar lo que hicieron. Porque no se financiaron dejando de pagar impuestos provenientes de su propia rentabilidad, como podría hacer cualquier pyme con problemas de caja, financieros o de inversión. Se quedaron con un impuesto primario del Estado. Con el impuesto al combustible que debía ingresar al fisco cada 15 días. Y tampoco usaron el dinero para sostener la propia empresa en una situación delicada, sino para comprar otras, como si al grupo le sobraracash."

Macri leyó con detenimiento los planes de pago, los intereses y los plazos que le concedió la AFIP del gobierno anterior. Algunos economistas calculan que, en promedio, los 8000 millones de pesos que dejaron de pagar durante los últimos cuatro años equivalen a 1200 millones de dólares. Es decir: un monto similar a la inversión que prometió Chevron en su acuerdo con YPF. O el equivalente a 533 jardines de infantes en todo el país, con los muebles y todos los docentes con salarios por un año. El Presidente, a los que le hicieron la comparación, los corrigió. Y les explicó: "Es mucho más que 8000 millones de pesos. Porque las tasas de interés negativas y los enormes plazos ya le licuaron el núcleo duro de la deuda". Macri le pidió a Abad que procedan a embargar los activos para que el Estado pueda recuperar parte de la deuda. Pero los expertos de la AFIP le dijeron que antes tienen que hacer algo más urgente: evitar que López divida el grupo entre empresas "sanas" y "enfermas", porque ése sería el primer paso para mandar a la quiebra a las de la segunda categoría con el objeto de que la deuda la pague "Magoya". El Presidente los despidió con un mensaje nada ambiguo: "Me da vergüenza la imagen que damos como país. Hagan lo necesario para que el mundo no se siga riendo de nosotros".

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