La palabra de un presidente tiene fuerza de ley. No puede andar diciendo cualquier cosa, porque comunicar es, quizá, el aspecto más más importante del arte de gobernar. Si un día un Presidente dice una cosa y al otro día, o al rato, argumenta o defiende otra cosa, muy distinta, lo que terminará haciendo es devaluando su palabra. O para presentarlo de una manera más dramática, pero no menos real: romperá el vínculo de confianza que se ganó con el voto de la mayoría de la sociedad.
La cúpula del sindicato de Camineros que conducen Hugo y Pablo Moyano acaba de recibir un duro golpe judicial. La Cámara Nacional de Casación acaba de rechazar la pretensión de siete altos directivos, procesados por el delito de extorsión, de eliminar o postergar el juicio oral que debía comenzar el durante el pasado mes de abril.
Columna de Luis Majul en LN+ del 16 de julio de 2020: “Mientras Víctor Hugo “aprieta” a Alberto Fernández, Moyano recibe un duro golpe judicial”
El Presidente no tiene juego propio. Ni espacio para armar una línea interna. Ni masa crítica para defenderse. Si a la embestida de Hebe de Bonafini, en sintonía con lo que dice y lo que piensa Cristina Fernández, solo tiene para oponerle al ministro de Defensa, Agustín Rossi, y el pedido de paciencia del ministro de Desarrollo de la provincia, Andrés Cuervo Larroque, debemos concluir que Alberto Fernández estaría en serios problemas.
Es probable que Alberto Fernández haya cometido un pecado muy recurrente en la dirigencia política: haber tenido demasiada confianza en sí mismo. Haber pensado que, al aceptar ser candidato primero y obtener el cargo de presidente después, podría cumplir la promesa de quitarle de encima a Cristina Fernández sus causas judiciales, obtener su reivindicación, y pasar a la historia como el hombre que terminó con la grieta. Es posible también que haya soñado, con cierta ingenuidad, con fundar una corriente política parecida a la que lideró Raúl Alfonsín, basada en la defensa irrestricta del sistema democrático y en los valores de una República de iguales.
La renuncia de Rodolfo Canicoba Corral no debería poner contento a nadie. Porque ahora se va a ir a su mansión (a alguna de sus mansiones) a descansar. Y encima va a empezar a cobrar una jubilación de privilegio de más de 300 mil pesos. Nos queda un pequeño consuelo. Igual que Noberto Oyarbide, otro cachivache al servicio del poder de turno, Canicoba no va firmar un solo expediente más.
Me entero a última hora de ayer, antes de ir de dormir, que el juez Rodolfo Canicoba Corral se jubila a fin de mes.
A punto de ingresar a una nueva etapa de la cuarentena, se supone que más flexible y soportable, el Presidente tiene que empezar a gobernar. En especial, para evitar un nuevo avance de Cristina Fernández, quien parece cada vez más disconforme con su gestión y el desempeño de varios ministros. La nueva embestida, otra vez, sería contra el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Ni bien se declaró la pandemia, dirigentes de La Cámpora lo habían comenzado a atacar.
Al abogado de Hugo y Pablo Moyano, Daniel Llermanos, le pidieron tres veces la detención, junto con un ex espía de la AFI del gobierno anterior y el extitular del Servicio Penitenciario Federal Víctor Hortel. Los tres fueron imputados por coacción y amenazas agravadas y coactivas contra un ex barrabrava de Independiente, Damián Lagaronne, quien había declarado contra Pablo Moyano en la causa por asociación ilícita contra Independiente.
Aunque nadie se atreve a decirlo en voz alta, todos los indicios lo demuestran: la que está gobernando, es Cristina Kirchner. Esa es la mala noticia. La buena es que los límites, a Cristina, se los está poniendo la sociedad. El banderazo del 9 de julio constituye la muestra más acabada.
