Cristina Fernández y Oscar Parrilli están desesperados. Y se les nota. Si no, no habrían incluido en el texto del proyecto de reforma judicial la supuesta obligación de los jueces de denunciar presiones mediáticas. Es una propuesta tan delirante que, prácticamente, dejaría a las audiencias sin información sobre las causas judiciales más relevantes de la Argentina. Cualquier medio o periodista podría ser acusado y condenado por criticar el fallo de un juez o el desempeño de un fiscal.
El domingo pasado, en La Cornisa, revelamos la existencia de una grave denuncia judicial contra el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano y parte de la comisión Directiva del Sindicato.
Si la reforma judicial que impulsa Cristina Fernández se aprueba, también dará comienzo una curiosa forma de impartir justicia: armando causas con pruebas inexistentes por parte de fiscales y jueces ideologizados. Es decir: funcionarios judiciales capaces de pasar por encima de la ley con tal de complacer a sus amos políticos, que siempre los tendrán bajo amenaza de destitución.
De espaldas al banderazo del 17 A, la vicepresidenta y el presidente están tratando de imponer la reforma casi a las trompadas. Cristina Fernández y el resto de los senadores oficialistas acaban de desobedecer el fallo de una jueza; en el Consejo de la Magistratura pretenden desplazar de prepo al Procurador Eduardo Casal y a otro fiscal que les molesta.
Fue una manifestación masiva y contundente. Claro que no implicó a todos los argentinos, pero se hizo oír como si representara bastante más que al 41 por ciento que no votaron al Frente de Todos. De nuevo: pareció algo más que una “intensa minoría”. Se puede discutir cuál fue el principal reclamo. Y si el hartazgo por la cuarentena interminable lo terminó de empujar y hacer más relevante.
Hoy, la parte de la sociedad que no está de acuerdo con la cuarentena prolongada, la caprichosa reforma judicial y el uso político de la pandemia para favorecer a los amigos del poder, entre otras cosas, tiene la oportunidad de enviar un mensaje contundente al gobierno y al presidente. Un mensaje que a la vez pueda funcionar como un límite a cierto abuso de poder.
A continuación la columna editorial de Luis Majul en la emisión de hoy del programa La Cornisa por la señal La Nación Más: 150 días de cuarentena “sin cuarentena”. Mirá el video completo:
Una nueva denuncia por “extorsión, usurpación, atentado contra la libertad de trabajo, privación de la libertad y autoría mediata en aparatos de poder”, entre otros delitos, compromete seriamente a Hugo Moyano, secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones. También a parte de la comisión Directiva del gremio.
La cuarentena era una palabra que, al principio, todos los argentinos pronunciábamos con orgullo porque representaba el sinónimo de la lucha contra el COVOD-19. Empezó a ser sospechada cuando parte de la oposición argumentó que el Presidente y el gobierno se habían enamorado de la palabra y de la medida también. Hubo algunos infectólogos, cercanos al oficialismo, que la defendieron y la militaron, y hubo otros especialistas que advirtieron, también desde el principio, que se trataba de una herramienta sin repuestos, y que cuando se gastara no se podría usar más.
La verdadera reforma judicial no es el proyecto que presentó el gobierno en un acto oficial. La verdadera es la que hacen Cristina Fernández, Cristóbal López, Oscar Parrilli y Hugo Moyano casi todos los días, presionando a distintos fiscales y jueces, a través de los medios y en forma privada también. La vice quiere voltear, sin demasiado protocolo, a Leopoldo Bruglia, el camarista que le ordenó a la jueza María Servini de Cubría poner un límite a la búsqueda de mensajes en el teléfono de Darío Nieto, quien fuera el secretario privado del expresidente Mauricio Macri.
