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En la última emisión de La Cornisa TV, se emitió el informe “El mago del lavado”, que aborda la figura de Maximiliano Goff Dávila, mencionado por Leonardo Fariña en su declaración e investigado en el marco de la causa que se le sigue a Lázaro Báez y que intenta descubrir los pasos de la ruta del dinero K. Tal como se señaló en el informe exclusivo, y como luego fue levantado por portales como Infobae, días atrás fue allanada la casa de Goff Dávila, en el barrio porteño de Palermo; y allí los investigadores judiciales secuestraron documentos, antes de llamarlo para declarar. A continuación el video completo del informe presentado el domingo:

El Observatorio Social de la UCA calculó en marzo de este año una tasa de pobreza en el país que está entre el 29 y 33 por ciento de la población, con un 1,4 por ciento de nuevos pobres con relación a fines de 2015. Para abordar este preocupante tema, Agustín Salvia, coordinador e investigador jefe del Programa del Observatorio de la Deuda Social, dialogó con Luis Majul en La Cornisa Radio. En la charla, el especialista realizó un análisis de la problemática; y a su vez se refirió a un dato del informe que genera sorpresa. Es aquel que indica que la pobreza ha avanzado en mayor medida sobre los trabajadores informales:

A la primera señal de alerta, el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal la recibieron a principios de mayo. Los referentes de las organizaciones sociales más serias como Barrios de Pie, y los intendentes del conurbano con los que Vidal mantiene una relación “buena y madura”, como Gustavo Menéndez, de Merlo, se los trasmitieron de buena manera. Palabras más, palabras menos. “Si no llega ayuda alimentaria a las zonas más carenciadas, pronto habrá tensión social. Y será difícil, entonces, contener los desbordes”.

Hoy el presidente Mauricio Macri vetó la ley antidespidos que fue sancionada ayer por el Congreso. Para dialogar de este y otros temas relacionados con la realidad política y económica del país, Luis Majul entrevistó en La Cornisa Radio a Rogelio Frigerio. El ministro del Interior de la Nación en primer lugar explicó las razones del veto presidencial, como decisión política y también administrativa: “Se parte desde el compromiso del presidente de decirle la verdad a los argentinos. No mentirle, no decir lo que conviene y no adoptar actitudes demagógicas. Sino decir y hacer lo que este presidente considera que es lo mejor para la gente y para generar puestos de trabajo, que es la única manera de disminuir la pobreza”

Hoy el periodista Luis Novaresio realizó en radio La Red una entrevista que tuvo enormes repercusiones en todos los ámbitos. Fue la que tuvo como entrevistada a Viviana Fein, ex fiscal a cargo de la investigación de la muerte de Alberto Nisman, y en la que expuso algunas de sus conclusiones en el marco de esa conflictiva pesquisa. En diálogo con Luis Majul en La Cornisa Radio, Novaresio expuso su mirada sobre las opiniones de la ex funcionaria judicial y a su vez explicó por qué decidieron llamarla. Según señaló, los motivos fueron la aparición de la grabación de la llamada de la madre de Nisman a la ambulancia: “Y también porque hoy en el boletín oficial se le aceptó formalmente la renuncia a Fein a su cargo”

¿Cómo ha impactado el escenario económico actual a los sectores más vulnerables? ¿Cómo se ven afectados los grupos de menores ingresos, las pymes de hasta cinco empleados o los comercios ante el llamado sinceramiento de la economía? Para intentar contestar estos interrogantes y analizar si el diagnóstico que realiza la oposición es acertado, Luis Majul dialogó en La Cornisa Radio con Daniel Sticco. El periodista especialista en economía, editor de economía en Infobae y consultor de empresas expuso su mirada, ofreció información concreta al respecto y delineó pronósticos: “Evidentemente hay un impacto real que es significativo y que varía de acuerdo a las características de las empresas, y a si las mismas utilizan o no mucha energía, y por lo tanto la tarifa de la luz y otros servicios han experimentados suba significativas”

Tanto el presidente Mauricio Macri como su antecesora, Cristina Kirchner, atraviesan un momento crucial. Lo que ocurra en los próximos 60 o 90 días terminará definiendo no sólo buena parte de sus vidas. También configurará el rumbo hacia donde se dirigirá el país en los próximos años. Digamos, para ser más precisos, que se pondrá en juego, por un lado, el “modelo económico y social” por el que apuesta Cambiemos. Y además se empezará a determinar hacia dónde se disparará elmani pulite “a la bartola” que, lejos de dar señales de agotamiento, amenaza con seguir avanzando a un ritmo de vértigo.

Se sabrá, en definitiva, si después del proceso de “sinceramiento” de le economía, bajará la inflación y se iniciará el círculo virtuoso del crecimiento, o si el malhumor social ganará la carrera contra el tiempo y pondrá a Macri en una situación parecida a la atravesó el gobierno de Fernando de la Rúa. Le atribuyen a la ex presidenta haber vaticinado: “Si Macri arregla con los fondos buitre se garantizará ocho años de gobierno”. Quizá sea una lectura simplista y apresurada. El pronóstico del propio Macri no incluye, por ahora, su propia reelección. Sin embargo, el Presidente sí parece impregnado de un optimismo a prueba de balas. Dice, por ejemplo, cuando le preguntan por el futuro inmediato: “La inflación bajará a menos de dos puntos mensuales en septiembre. Las inversiones están llegando todos los días, el blanqueo será tan exitoso como la salida del cepo y el acuerdo con los holdouts. La Argentina se transformó en la niña bonita del planeta. Si el país recibiera solo el 1% del capital del mundo dispuesto a invertir, el futuro que nos espera no tendrá antecedentes en la historia reciente”.

Su apuro por pasar del modo “populista con bomba de tiempo” incluido al modelo “ordenador” que le permita poner la proa “hacia el desarrollo” le impidió detenerse en el alto impacto social que produjo y sigue produciendo el “sinceramiento”. Desde la imposibilidad práctica de los clubes de barrio de pagar un aumento de agua, luz y gas hasta el parate en las empresas de no más de cinco empleados y de sectores sensibles de la economía como el de la construcción y la industria automotriz. Para él, la discusión sobre la ley denominada antidespidos es un caso testigo donde se juegan cosas “más profundas” que una “derrota política” en el Congreso. El jefe del Estado cree que, en este tema, se pone de manifiesto “el modo clásico de la manipulación de la realidad” que según él practica parte del peronismo, mezclado con la discusión sobre el rumbo económico que, para él, es innegociable. “No es verdad que se están produciendo despidos masivos. No es cierto que con el proyecto los empresarios vayan a salir corriendo a tomar gente. Lo que quieren hacer es poner en tela de juicio mi autoridad política. Si la ley sale, la voy a terminar vetando”, explicó. A Macri no le sorprendió que los soldados más “fieles” del Frente para la Victoria y parte del Frente Renovador se pudieran llegar a juntar para intentar torcerle el brazo. “En el fondo, lo que pretenden es que al Gobierno le vaya mal, porque sienten que es la única forma de que a ellos les puede ir un poco mejor”, se le escuchó decir. De cualquier modo, Massa tiene más tiempo que Cristina o que Daniel Scioli para construir su propio futuro.

La ex presidenta debería estar afligida por la posibilidad de terminar condenada y eventualmente privada de su libertad en un plazo no demasiado lejano. Hay dos lecturas diferentes sobre la cuestión. Ambas atraviesan a distintos sectores del gobierno y de la oposición. La primera es una hipótesis clásica, basada en la historia reciente del sistema judicial. Según esta corriente, lo que estamos viviendo ahora es sólo una movida pour la galerie. Y se desinflará en el momento exacto en que “el sistema” empiece a enfrentar la posibilidad cierta de meter a Cristina presa. Ellos explican, como sostiene Elisa Carrió, que las pruebas estaban “desde hace tiempo” y que las decisiones de magistrados como Sebastián Casanello y Julián Ercolini se debían haber tomado mucho antes. Desconfían. Otros en cambio creen que se trata de una dinámica sin retorno. O, para usar una figura, de un cohete lanzado hacia la Luna que nadie podrá detener hasta que llegue a destino.

Entre el esquema de análisis de unos y otros se repiten las mismas diferencias que había entre quienes sostenían que Scioli había ganado antes de competir y quienes, con las encuestas cualitativas en la mano, afirmaban que Macri tenía una posibilidad de llegar a la presidencia. Los socios del club de los escépticos repiten: si antes transaron con los operadores judiciales de Néstor y Cristina, ¿por qué de ahora en más se van a comportar diferente? La respuesta más corta es sencilla: porque ahora cambiaron las condiciones estructurales. La respuesta más larga contiene datos que están a la vista, y otros menos evidentes. Para empezar por lo más obvio: Ricardo Jaime está preso, y el mismo Julio De Vido, hasta hace poco un “intocable”, podría ser procesado en las próximas horas por la misma causa, la de la compra de vagones en mal Estado, por lo que tarde o temprano podría correr la misma suerte del ex secretario de Transporte. Para seguir, Lázaro Báez, testaferro y socio de Néstor Kirchner, también vive dentro de una cárcel, y ya no sonríe más. Los escépticos dicen que esto sucedió sólo por el impacto que tuvo en la opinión pública el video de Daniel Pérez Gadín y Martín Báez contando plata. Los analistas menos tradicionales y más informados explican que fue el fiscal Guillermo Marijuan el que facilitó las condiciones para que Leo Fariña hablara; que más allá de las chicanas, Casanello está trabajando a “derecho” y con celeridad, que la Sala II de la Cámara Federal presiona en el buen sentido para impulsar la investigación y que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se constituyó en garantía para que nada se detenga. Los incrédulos afirman que hasta que la larga mano de la Justicia llegue a la propia Cristina y se empiece a tramitar el juicio oral pasarán por lo menos nueve años. Pero quienes están al tanto de los expedientes Hotesur, Los Sauces y la ruta del dinero K creen que los tres terminarán formando parte de una megacausa que será elevada a juicio oral, a más tardar, el año que viene.

Un último dato: entre los más optimistas se encuentra el propio Macri, quien le hizo saber a Carrió, la semana pasada, que no hará nada para obstaculizar este proceso. Lo mismo les mandó decir a los que pretendieron extorsionarlo, en nombre de Lázaro, Cristóbal López y De Vido. “No voy a levantar el teléfono para impedir que nadie vaya preso”, los paró en seco. Les aclaró que ni siquiera la amenaza de complicarles la vida a su padre, Franco; a su primo Angelo Calcaterra, o a su amigo Nicolás Caputo van a hacerlo cambiar de opinión.

Publicado en La Nación

La que viene será, quizá, la peor semana en la vida de Cristina Fernández; su hijo, Máximo Kirchner; el diputado nacional Julio de Vido, y de Lázaro Báez, el testaferro y socio de Néstor Kirchner, detenido hace un mes.

La ex presidenta recibirá una muy mala noticia, que se le sumará a la seguidilla que incluye su procesamiento por la causa de la venta del dólar a futuro, la reciente imputación por haber recibido coimas de Lázaro Báez y la anterior imputación del fiscal Guillermo Marijuan por delitos no especificados en el expediente denominado la ruta del dinero K.

¿Cuál será esa muy mala noticia?
A Cristina Fernández se le informará la rotunda negativa al pedido de su abogado, Carlos Beraldi, de unificar la causa Hotesur con la de Los Sauces y así demorar el trámite de ambas, con la intención transformar los expedientes en un laberinto interminable.

A la causa Hotesur la tramita ahora el juez Julián Ercolini, el mismo que metió preso hace tres semanas al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime.

La había impulsado su colega Claudio Bonadio a partir de una denuncia de la diputada nacional Margarita Stolbizer, presentada en 2014.

A Bonadio se la arrancaron de las manos justo cuando él estaba a punto de abrir las 400 cajas con documentación clave provenientes de 30 allanamientos para probar el delito de lavado de dinero a través de la simulación del alquiler de habitaciones del hotel Alto Calafate por parte de la empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez.

A partir de ese momento Hotesur SA fue a parar al juzgado de Daniel Rafecas, quien la durmió durante casi nueve meses.

Ahora Ercolini tomó la posta y se dispuso a abrir las cajas, certificar su contenido e iniciar un peritaje integral para chequear composición de sociedades, pagos de facturas, designación de testaferros y confirmación del sistema de simulación que permitió el lavado de dinero proveniente de los sobreprecios de la obra pública y que sirvió para incrementar el patrimonio de la familia Kirchner y del propio Báez.

No parece que pueda haber marcha atrás.

Al otro expediente ‘caliente’, el de Los Sauces, lo tramita Bonadio, junto con el fiscal Carlos Rívolo. Se trata de una operatoria parecida a la de Hotesur. La única diferencia es que en este caso, tanto Báez como Cristóbal López habrían abonado los retornos a través de una nueva ‘pantalla’: el pago por alquiler de inmuebles cuyos propietarios son Cristina Fernández y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

“Si este juzgado se aviniera siquiera a analizar el pedido de Beraldi de unificar las causas, el expediente Los Sauces sufriría una demora mínima de tres meses y afectaría, además, el ritmo procesal de Hotesur. Está claro que lo que quieren es embarrar la cancha y dilatar la investigación y eso no lo vamos a permitir”, me dijo una fuente muy cercana a Ercolini.

El rechazo de Ercolini al pedido de Beraldi no solo evidencia la desesperación de la expresidenta. También revela la intención de Ercolini de encarar el expediente Hotesur con celeridad y celo profesional.

La mala noticia para Lázaro, en cambio, llegará detrás de una nueva decisión del juez Sebastián Casanello.
Porque durante la semana que se inicia el magistrado lo volverá a procesar por el delito de lavado de dinero, en el hecho que tiene como eje el uso de la empresa Helvetic para blanquear u$s 33 millones en negro, cuya investigación original impulsó José María Campagnoli, a quien desplazaron por orden de Cristina y con la complicidad manifiesta de la actual procuradora, Alejandra Gils Carbó.

Más allá de la decisión de volver a procesar a Lázaro, a Daniel Pérez Gadín y a Jorge Chueco, entre otros, el nuevo dictamen confirmará que Casanello, con las pruebas en el expediente, no está dudando en hacer lo que se debe, por más desconfianza que exista en el Gobierno sobre su independencia, el ritmo de su trabajo y su presunta simpatía por La Cámpora y por Cristina.

La mala noticia para De Vido, en cambio, saldrá del despacho de Ercolini. El magistrado lo procesará en los próximos días por su responsabilidad en la compra de locomotoras provenientes de España y Portugal, a precio exorbitante y con funcionamiento deficiente.

Por esa misma causa Ercolini metió preso a Jaime. El testimonio del exsecretario de Transporte habría sido determinante para el inminente procesamiento del exsecretario de Planificación.

Las tres malas noticias que serán confirmadas esta semana y que involucran a Cristina, Lázaro y De Vido preanuncian, además, un nuevo escenario político y judicial que ya está siendo analizado por el mismo presidente de la Nación, Mauricio Macri.

Macri no tiene dudas.

Está seguro de ser víctima de una extorsión política.

Una extorsión que consiste en la amenaza de involucrar a su primo Angelo Calcaterra y a su amigo Nicolás Caputo en el barro de la corrupción de la obra pública.

Es decir: el intento de colocar a Caputo y Calcaterra en la misma categoría de Báez.

Las señales, según fuentes que hablan por boca del Presidente, son inequívocas.

Se pueden leer en los mensajes ‘personales’ que intentaron enviarle, al mismo jefe de Estado, Báez y De Vido.
Se pueden encontrar en los escritos presentados por Báez y De Vido en distintas causas.

El rey de la obra pública se lo escribió a Casanello.

Le pidió que así como lo investiga a Austral Construcciones por denuncias de Leo Fariña, investigue a Calcaterra por pedido de él mismo, ya que, según Lázaro, fueron socios en varios proyectos. Incluidos las centrales Jorge Cepernic/ Néstor Kirchner.

Báez ya lo reclamó en dos oportunidades. Y su insistencia parece sospechosa.

La señal proveniente de De Vido se encuentra en el escrito presentado ante el juez Ercolini. Hace referencia a la UTE que integró Calcaterra y que se iba a hacer cargo de la polémica obra para la instalación del denominado Tren bala, un proyecto que murió antes de empezar.

“Quieren meter al primo de Mauricio de prepo en cualquier expediente. Quieren alimentar la sospecha de que su primo y Caputo son testaferros del Presidente. Están tan desesperados que hablan de proyectos que nunca se hicieron”, interpretó un integrante de la ‘mesa judicial’ del Presidente.

Pero Macri, según sus voceros, no piensa transar.
Ni con Báez.
Ni con De Vido.
Ni con Cristina.
Ni con Cristóbal López.

Es más: todavía le sigue sorprendiendo la manera que eligieron todos ellos de discutir el futuro.
“Tienen serios problemas judiciales, y los quieren disfrazar de discusiones personales o cuestiones políticas”, se le oyó decir al Jefe de Estado.

Continúa impresionado por el tono de la carta que le escribió López, el zar del juego, y a quien la AFIP y la Justicia le reclaman que devuelva los más de $ 8 mil millones de los que se apropió, a través de su empresa Oil, al dejar de pagar el impuesto a los combustibles que debía girarle de inmediato al estado.

“En la carta Cristóbal le preguntó si tenía un problema personal con él ¿entendés? Confunden el apropiarse de u$s 1200 millones con un problema personal. ¡Como si un Presidente tuviera la potestad de perdonarle semejante deuda!”, me explicó uno de los asesores de Macri encargado de negociar con López, en nombre del Estado.

Lo mismo piensan de Báez.

“Lázaro le envía mensajes a Mauricio. Le pide garantías para declarar contra Cristina, De Vido y otros funcionarios. Pero buscan al interlocutor equivocado. Deberían hablar con el fiscal Marijuan, con el juez de la Causa o con los funcionarios encargados de activar el sistema de Testigos Protegidos, como hizo antes Fariña”, me dijo alguien que está al tanto de tan inquietantes señales.

¿Podría el Presidente ceder a lo que entiende como una extorsión?
“No podríamos, aunque quisiéramos. No tenemos la capacidad operativa. Tampoco tenemos vocación de interferir en las decisiones de la justicia”, explicaron fuentes cercanas al Presidente.

Macri se lo dejó en claro también a su primo Calcaterra, quien parece preocupado con la nueva andanada, y teme que afecte su posibilidad de vender a buen precio la constructora que en su momento le compró a Franco Macri.

Le dijo que lamentaba los injustos ataques en su contra. Pero también le explicó que no iba a mover un dedo para proteger a nadie.

“Si prometimos luchar contra la corrupción, si les dijimos que no somos lo mismo, vamos a actuar diferente. Y no como lo hicieron ellos durante los últimos 12 años”, le escucharon decir a Macri, este fin de semana, mientras espera que baje la inflación, para que su futuro no dependa, exclusivamente, del humor de los fiscales y los jueces de Comodoro Py.

Publicado en El Cronista

No es escandaloso que la ex presidenta Cristina Kirchner, quien se la pasó hablando durante ocho años hasta por los codos, no haya dicho ni una sola palabra en público sobre la ruta del dinero K, la detención de su socio comercial e inquilino Lázaro Báez, el apresamiento de su ex secretario de Transporte Ricardo Jaime o la andanada de acusaciones contra su ex superministro Julio De Vido? ¿No es vergonzoso que su única estrategia defensiva sean las chicanas jurídicas de sus abogados para apartar de la causa de Los Sauces SA al juez Claudio Bonadio?

El presidente Mauricio Macri, sin ir más lejos, tuvo que explicar su participación en los polémicos Panamá Papers. Al principio lo hizo mal y a medias. Después debió aclarar un poco más. Y en las próximas semanas deberá dar mayores precisiones. Es que tanto el fiscal Federico Delgado como el juez Sebastián Casanello hicieron lugar a la ampliación de denuncia del diputado del Frente para la Victoria Norman Darío Martínez, quien pidió extender la investigación para que se determine si Macri formó parte de otras empresas offshore, con qué nivel de responsabilidad y con qué porcentaje de acciones. El jefe del Estado se podrá enojar más o menos. E incluso podrá pedir al fiscal Delgado que se maneje con un lenguaje un poco más elegante y que no insista en la hipótesis de que a Macri “se le escapó la tortuga”. Lo que no podrá hacer, porque sus votantes no se lo perdonarían, es jugar al distraído. O suponer que, si no lo menciona, el controvertido asunto de los Panamá Papers dejará de existir. Porque la investigación del Consorcio de Periodistas tiene la entidad suficiente como para no ser escondida ni silenciada. Y porque el Presidente tiene la obligación de aclarar hasta el último dato que genere una duda.

Pero así como los argentinos le reclaman a Macri, con razón, que responda si cometió algún ilícito, ¿no deberían los seguidores honestos de Cristina Fernández pedirle que rinda cuentas públicamente sobre las múltiples denuncias en su contra? ¿Creen que alcanza con un acto político frente a Comodoro Py? ¿O con el último comunicado de la familia Kirchner? Estoy hablando de los militantes y adherentes anónimos. Pero también estoy hablando de la larga lista de intelectuales, artistas, economistas, periodistas, músicos, legisladores, funcionarios, ex funcionarios y otras figuras públicas que siguen apoyando al kirchnerismo. Elijamos unos cuantos nombres representativos. Demos por sentado que no figuran, entre sus prioridades de vida, alentar negociados o convalidar hechos de corrupción. Podríamos nombrar, de manera aleatoria, a José Pablo Feinmann, a Luis D’Elía, a Pablo Echarri, a Juan Manuel Abal Medina, al ex ministro Axel Kicillof, a Horacio González, a Fernando Navarro, a Ricardo Forster, a Martín Sabbatella, a Horacio Verbitsky, a Daniel Filmus o a Eduardo Aliverti. ¿En serio no tienen nada que reclamarle a su líder? ¿No los aliviaría un mínimo descargo sobre su participación en los expedientes Hotesur, Los Sauces o el de lavado que tramita el juez Sebastián Casanello?

En su momento, el ex director de la Biblioteca Nacional encuadró algunos libros de investigación periodística en una tendencia que denominó “denuncismo”. Y algunos de los periodistas mencionados anteriormente se encargaron de poner en duda la integridad moral de Jorge Lanata o la salud mental de Elisa Carrió. Pero ahora que aparecen todos los días descripciones minuciosas de ilícitos verificables o que la diputada Margarita Stolbizer presenta denuncias cada vez más serias, documentadas y comprensibles, ¿no tienen nada para interpretar? ¿De verdad consideran que basta con denunciar la existencia de una gran conspiración para hacer olvidar todo lo bueno que hizo el gobierno anterior y de paso desviar la atención de la inflación, los aumentos de tarifas, los despidos y el ajuste? ¿Les alcanza con la sobreactuada respuesta de Víctor Hugo Morales, quien aseguró que pondría las manos en el fuego por la ex presidenta sin dudarlo ni siquiera un segundo?

En las últimas horas parecería haberse desinflado una operación en la que se intentó presentar, con poco éxito, a Mauricio Macri como socio indirecto de Lázaro Báez a través de su primo Ángelo Calcaterra. Los mismos militantes del kirchnerismo que se vuelven ciegos y sordos frente a las denuncias y los hechos comprobados que involucran, por ejemplo, al coimero Ricardo Jaime trataron de instalar la idea de que Calcaterra es tanto o más corrupto que el presunto testaferro de Néstor y Cristina. Supongamos, por un momento, que se confirme la sospecha. Que aparezcan las evidencias que prueben que Calcaterra está a punto de vender su constructora como una acción preventiva para evitar problemas con la Justicia. Demos por cierto que Casanello hace lugar al pedido del detenido Báez, investiga su sociedad con Calcaterra y descubre que el primo de Macri es tan corrupto como el rey de la obra pública. Que ganó licitaciones a dedo, con sobreprecios y sin el debido control. Que lavó dinero y que repartió coimas entre los funcionarios del gobierno anterior. ¿Cuál sería el problema? Sería muy saludable para el país que sufriera la condena correspondiente, por más daño político que le generara al jefe del Estado. Y siempre habrá periodistas y medios críticos dispuestos a publicar los hechos tal como sucedieron.

Sin embargo, la mera agitación de los Panamá Papers, los despidos, las decisiones de política económica que afectan a los que menos tienen nunca será suficiente para que los ex funcionarios implicados en causas de corrupción sean relevados de responder ante la Justicia. Y menos cuando se trata de alguien tan relevante como una ex presidenta de la Nación. Por eso urge que Cristina rompa el silencio y comience a responder preguntas sencillas. Por ejemplo: ¿de dónde sacaron dinero para comprar tantos hoteles, terrenos e inmuebles? ¿Por qué siempre les entregaron la explotación de sus hoteles a empresarios vinculados a los contratos de obra pública a los que ellos mismos beneficiaron con sobreprecios, la vista gorda en materia de control, privilegios en el pago de impuestos y otras irregularidades? ¿Por qué sólo alquilaron sus propiedades a empresarios con los que el Estado hacía negocios, como Lázaro Báez y Cristóbal López?

Si Cristina pudiera responder de manera sencilla y clara, todos los argentinos dormiríamos un poco más tranquilos.

Publicado en La Nación

El Presidente Mauricio Macri está convencido de que en julio o agosto la inflación bajará a menos de dos puntos y que a partir de fin de año la Argentina empezará a crecer, aunque a tasas moderadas. ¿Es un nuevo acto de fe o sus predicciones tienen algún rigor científico? Ya, antes de asumir, había anticipado que el solo cambio de gobierno haría que el mundo volviera a creer en Argentina y provocar una explosión de inversiones.

Pero nada de eso sucedió. Al contrario: lo que pasó es que la economía se vio afectada por el ajuste, los tarifazos, la inflación y los despidos en el sector público. Muy pocos economistas y políticos de la oposición, en privado, son capaces de negar que los aumentos de tarifas como las de la luz, el gas y el agua fueron imprescindibles para ordenar la economía. El problema es que el conjunto de la política económica está generando más preocupación que esperanza, y el timing para decidir y comunicar, por ejemplo, la última suba del 10% en el precio de la nafta, contaminó el clima de amesetamiento de precios que empezaba a hacerse notar. “Las primeras inversiones desde el exterior comenzarán a tener impacto en la economía real recién a partir del año que viene”, me dijo un banquero que prepara el papeleo de algunos fondos de inversión. Afirmó que es el tiempo mínimo que necesitan quienes deciden en el mundo para convencerse que la Argentina dejó de estar más cerca de Venezuela que de los ‘países normales’. El otro gran problema que tiene el país son los formadores de precios. “¿Por qué no abrimos las importaciones? ¿Por qué no los empezamos a multar, así comprenden que esto va en serio?” preguntó Macri a su gabinete económico, en febrero, después de la segunda o tercera aceleración de precios de los alimentos y los insumos básicos. “Porque nosotros no somos así”, le respondió el jefe de gabinete, Marcos Peña. Le faltó agregar la palabra ‘intervencionistas’. De cualquier manera, la primera decepción de Macri con los hombres de negocios sirvió para activar la creación de una nueva área de Defensa de la Competencia, cuyo objetivo principal es evitar la cartelización. El problema, otra vez, es que la flamante Defensa de la Competencia se mueve más lento que la realidad. “Mientras nosotros nos organizamos, ellos siguen remarcando los precios en las góndolas”, explicó la diputada nacional Elisa Carrió, quien prepara una batería de denuncias para demostrar que los hipermercados se cartelizan y alimentan la inflación por encima de los incrementos de las tarifas y el ‘sinceramiento general’ de la economía. Las últimas decisiones de los formadores de precios parecen darle la razón a la diputada. Porque desde hace diez días están empezando a vender con precios de hasta un 30 o un 40% menos, alimentos que se pueden echar a perder, como los fideos de paquete. “Estaban sobregirados, y se encontraron con que la gente dijo: ‘basta. No compro más’.

Entonces tuvieron que bajar los precios de prepo”, me explicó un consultor económico. Carrió no desea transformarse en Guillermo Moreno, pero quiere hacer uso de la ley y poner en evidencia que algunos grupos económicos, al subir los precios sin justificación, están cometiendo delito. “Es mejor hacerlo ahora, mientras el gobierno conserve un alto índice de apoyo y confianza, que cuando la inflación se vuelva incontrolable, porque eso le pasó a (Raúl) Alfonsín, y después la Argentina tuvo que soportar una década de menemismo explícito”, me dijo un dirigente radical que forma parte de Cambiemos y que es escuchado por el Presidente cada vez con más atención. Carrió parte de la idea básica de que a los hombres de negocios les importa un pito el futuro del país, y que no hay que esperar de ellos gestos altruistas o de apoyo, porque no forma parte de su naturaleza.

“Lo peor y lo más duro ya pasó”, insiste el ministro Francisco ‘Pancho’ Cabrera, a quienes sus compañeros de gabinete critican por su presunta ‘incapacidad” para contener a los empresarios que deciden. Ahora el Presidente le encomendó que les arranque el compromiso formal de que no van a despedir a nadie durante los próximos 180 días, pero los representantes de las distintas cámaras le mandaron a decir que no pueden asumir semejante promesa frente a todas y cada una de las empresas del país. Otro inconveniente adicional que desvela a Macri son los ‘acuerdos políticos’ que reclaman los gobernadores y que todavía el ministro Rogelio Frigerio no terminó de honrar. Los mandatarios necesitan plata fresca. Y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, no la termina de autorizar, con el argumento de que el Presidente les exigió una fuerte baja del déficit de acá hasta junio o julio. Frigerio, pero también el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, insisten en que precisan girar los fondos ya, antes de que la cámara de Diputados termine aprobando la ley antidespidos y deje al descubierto la debilidad política estructural que tiene Cambiemos en el Parlamento.

El plan de obras públicas de $ 220 mil millones para salir de la recesión y que invita a las provincias y los municipios a diseñar y manejar sus propios proyectos, con la aprobación final del gobierno nacional, apunta a ‘matar varios pájaros de un tiro’. Primero, tiene como objetivo mejorar la infraestructura del país, sin privilegiar a ninguna provincia en particular, como lo hicieron Néstor Kirchner y Cristina con Santa Cruz y otros distritos amigos. Segundo, apunta a comprometer a gobernadores e intendentes, para que no saquen los pies del plato en el Parlamento y no traten de imponer proyectos que ponga en juego ‘el rumbo económico’ que proyecta el gobierno. Y tercero, pretende generar un sistema de licitaciones transparentes y verificables, donde ganen las mejores empresas o no las compañías de los amigos. “Ya no habrá más lugar para los Lázaro Báez ni los Cristóbal López”, se lo oyó decir al Presidente la semana pasada. Al mismo tiempo reveló que su primo, Angelo Calcaterra, ya habría encontrado comprador para su empresa constructura, IECSA, y que su amigo Nicolás Caputo está a punto de salir de la sociedad que ganó las últimas licitaciones para refaccionar y acondicionar los establecimientos educativos de la Ciudad. Al jefe de Estado le parece injusto que sus parientes y sus amigos tengan que desprenderse de sus negocios para no alimentar el estado de sospecha que generaron los ‘empresarios’ de Néstor y Cristina.

Sin embargo, no le quedará más remedio que aceptarlo, si pretende mantener en alto las banderas de la transparencia y la honestidad. En las últimas horas, también se lo oyó quejarse por la decisión del fiscal Federico Delgado y el juez Sebastián Casanello de hacer lugar a la ampliación de denuncia del diputado del Frente para la Victoria, Darío Norman Martínez, quien pretende que Macri diga de cuántas offshore formó parte, más allá de las que se le detectaron en los denominados Panamá Papers. “Yo no tengo ningún problema en dar explicaciones a la justicia todas las veces que sea necesario. Pero espero que la vara sea igual de alta para todos. Y también espero que los fiscales y los jueces hablen más por sus fallos que para salir en la tapa de los diarios” protestó. No le gustó, en especial, que Delgado, un fiscal no tradicional, haya puesto en su boca que debe investigar si Macri quiso ocultar información o si, en todo caso “se le escapó la tortuga”. “No es la manera en la que un fiscal de Estado debería referirse a un presidente, no importa el signo político al que pertenezca”, precisó.

Publicado en El Cronista