Noticias

No es escandaloso que la ex presidenta Cristina Kirchner, quien se la pasó hablando durante ocho años hasta por los codos, no haya dicho ni una sola palabra en público sobre la ruta del dinero K, la detención de su socio comercial e inquilino Lázaro Báez, el apresamiento de su ex secretario de Transporte Ricardo Jaime o la andanada de acusaciones contra su ex superministro Julio De Vido? ¿No es vergonzoso que su única estrategia defensiva sean las chicanas jurídicas de sus abogados para apartar de la causa de Los Sauces SA al juez Claudio Bonadio?

El presidente Mauricio Macri, sin ir más lejos, tuvo que explicar su participación en los polémicos Panamá Papers. Al principio lo hizo mal y a medias. Después debió aclarar un poco más. Y en las próximas semanas deberá dar mayores precisiones. Es que tanto el fiscal Federico Delgado como el juez Sebastián Casanello hicieron lugar a la ampliación de denuncia del diputado del Frente para la Victoria Norman Darío Martínez, quien pidió extender la investigación para que se determine si Macri formó parte de otras empresas offshore, con qué nivel de responsabilidad y con qué porcentaje de acciones. El jefe del Estado se podrá enojar más o menos. E incluso podrá pedir al fiscal Delgado que se maneje con un lenguaje un poco más elegante y que no insista en la hipótesis de que a Macri "se le escapó la tortuga". Lo que no podrá hacer, porque sus votantes no se lo perdonarían, es jugar al distraído. O suponer que, si no lo menciona, el controvertido asunto de los Panamá Papers dejará de existir. Porque la investigación del Consorcio de Periodistas tiene la entidad suficiente como para no ser escondida ni silenciada. Y porque el Presidente tiene la obligación de aclarar hasta el último dato que genere una duda.

Pero así como los argentinos le reclaman a Macri, con razón, que responda si cometió algún ilícito, ¿no deberían los seguidores honestos de Cristina Fernández pedirle que rinda cuentas públicamente sobre las múltiples denuncias en su contra? ¿Creen que alcanza con un acto político frente a Comodoro Py? ¿O con el último comunicado de la familia Kirchner? Estoy hablando de los militantes y adherentes anónimos. Pero también estoy hablando de la larga lista de intelectuales, artistas, economistas, periodistas, músicos, legisladores, funcionarios, ex funcionarios y otras figuras públicas que siguen apoyando al kirchnerismo. Elijamos unos cuantos nombres representativos. Demos por sentado que no figuran, entre sus prioridades de vida, alentar negociados o convalidar hechos de corrupción. Podríamos nombrar, de manera aleatoria, a José Pablo Feinmann, a Luis D'Elía, a Pablo Echarri, a Juan Manuel Abal Medina, al ex ministro Axel Kicillof, a Horacio González, a Fernando Navarro, a Ricardo Forster, a Martín Sabbatella, a Horacio Verbitsky, a Daniel Filmus o a Eduardo Aliverti. ¿En serio no tienen nada que reclamarle a su líder? ¿No los aliviaría un mínimo descargo sobre su participación en los expedientes Hotesur, Los Sauces o el de lavado que tramita el juez Sebastián Casanello?

En su momento, el ex director de la Biblioteca Nacional encuadró algunos libros de investigación periodística en una tendencia que denominó "denuncismo". Y algunos de los periodistas mencionados anteriormente se encargaron de poner en duda la integridad moral de Jorge Lanata o la salud mental de Elisa Carrió. Pero ahora que aparecen todos los días descripciones minuciosas de ilícitos verificables o que la diputada Margarita Stolbizer presenta denuncias cada vez más serias, documentadas y comprensibles, ¿no tienen nada para interpretar? ¿De verdad consideran que basta con denunciar la existencia de una gran conspiración para hacer olvidar todo lo bueno que hizo el gobierno anterior y de paso desviar la atención de la inflación, los aumentos de tarifas, los despidos y el ajuste? ¿Les alcanza con la sobreactuada respuesta de Víctor Hugo Morales, quien aseguró que pondría las manos en el fuego por la ex presidenta sin dudarlo ni siquiera un segundo?

En las últimas horas parecería haberse desinflado una operación en la que se intentó presentar, con poco éxito, a Mauricio Macri como socio indirecto de Lázaro Báez a través de su primo Ángelo Calcaterra. Los mismos militantes del kirchnerismo que se vuelven ciegos y sordos frente a las denuncias y los hechos comprobados que involucran, por ejemplo, al coimero Ricardo Jaime trataron de instalar la idea de que Calcaterra es tanto o más corrupto que el presunto testaferro de Néstor y Cristina. Supongamos, por un momento, que se confirme la sospecha. Que aparezcan las evidencias que prueben que Calcaterra está a punto de vender su constructora como una acción preventiva para evitar problemas con la Justicia. Demos por cierto que Casanello hace lugar al pedido del detenido Báez, investiga su sociedad con Calcaterra y descubre que el primo de Macri es tan corrupto como el rey de la obra pública. Que ganó licitaciones a dedo, con sobreprecios y sin el debido control. Que lavó dinero y que repartió coimas entre los funcionarios del gobierno anterior. ¿Cuál sería el problema? Sería muy saludable para el país que sufriera la condena correspondiente, por más daño político que le generara al jefe del Estado. Y siempre habrá periodistas y medios críticos dispuestos a publicar los hechos tal como sucedieron.

Sin embargo, la mera agitación de los Panamá Papers, los despidos, las decisiones de política económica que afectan a los que menos tienen nunca será suficiente para que los ex funcionarios implicados en causas de corrupción sean relevados de responder ante la Justicia. Y menos cuando se trata de alguien tan relevante como una ex presidenta de la Nación. Por eso urge que Cristina rompa el silencio y comience a responder preguntas sencillas. Por ejemplo: ¿de dónde sacaron dinero para comprar tantos hoteles, terrenos e inmuebles? ¿Por qué siempre les entregaron la explotación de sus hoteles a empresarios vinculados a los contratos de obra pública a los que ellos mismos beneficiaron con sobreprecios, la vista gorda en materia de control, privilegios en el pago de impuestos y otras irregularidades? ¿Por qué sólo alquilaron sus propiedades a empresarios con los que el Estado hacía negocios, como Lázaro Báez y Cristóbal López?

Si Cristina pudiera responder de manera sencilla y clara, todos los argentinos dormiríamos un poco más tranquilos.

Publicado en La Nación

 

El Presidente Mauricio Macri está convencido de que en julio o agosto la inflación bajará a menos de dos puntos y que a partir de fin de año la Argentina empezará a crecer, aunque a tasas moderadas. ¿Es un nuevo acto de fe o sus predicciones tienen algún rigor científico? Ya, antes de asumir, había anticipado que el solo cambio de gobierno haría que el mundo volviera a creer en Argentina y provocar una explosión de inversiones.

Pero nada de eso sucedió. Al contrario: lo que pasó es que la economía se vio afectada por el ajuste, los tarifazos, la inflación y los despidos en el sector público. Muy pocos economistas y políticos de la oposición, en privado, son capaces de negar que los aumentos de tarifas como las de la luz, el gas y el agua fueron imprescindibles para ordenar la economía. El problema es que el conjunto de la política económica está generando más preocupación que esperanza, y el timing para decidir y comunicar, por ejemplo, la última suba del 10% en el precio de la nafta, contaminó el clima de amesetamiento de precios que empezaba a hacerse notar. "Las primeras inversiones desde el exterior comenzarán a tener impacto en la economía real recién a partir del año que viene", me dijo un banquero que prepara el papeleo de algunos fondos de inversión. Afirmó que es el tiempo mínimo que necesitan quienes deciden en el mundo para convencerse que la Argentina dejó de estar más cerca de Venezuela que de los ‘países normales’. El otro gran problema que tiene el país son los formadores de precios. "¿Por qué no abrimos las importaciones? ¿Por qué no los empezamos a multar, así comprenden que esto va en serio?" preguntó Macri a su gabinete económico, en febrero, después de la segunda o tercera aceleración de precios de los alimentos y los insumos básicos. "Porque nosotros no somos así", le respondió el jefe de gabinete, Marcos Peña. Le faltó agregar la palabra ‘intervencionistas’. De cualquier manera, la primera decepción de Macri con los hombres de negocios sirvió para activar la creación de una nueva área de Defensa de la Competencia, cuyo objetivo principal es evitar la cartelización. El problema, otra vez, es que la flamante Defensa de la Competencia se mueve más lento que la realidad. "Mientras nosotros nos organizamos, ellos siguen remarcando los precios en las góndolas", explicó la diputada nacional Elisa Carrió, quien prepara una batería de denuncias para demostrar que los hipermercados se cartelizan y alimentan la inflación por encima de los incrementos de las tarifas y el ‘sinceramiento general’ de la economía. Las últimas decisiones de los formadores de precios parecen darle la razón a la diputada. Porque desde hace diez días están empezando a vender con precios de hasta un 30 o un 40% menos, alimentos que se pueden echar a perder, como los fideos de paquete. "Estaban sobregirados, y se encontraron con que la gente dijo: ‘basta. No compro más’.

Entonces tuvieron que bajar los precios de prepo", me explicó un consultor económico. Carrió no desea transformarse en Guillermo Moreno, pero quiere hacer uso de la ley y poner en evidencia que algunos grupos económicos, al subir los precios sin justificación, están cometiendo delito. "Es mejor hacerlo ahora, mientras el gobierno conserve un alto índice de apoyo y confianza, que cuando la inflación se vuelva incontrolable, porque eso le pasó a (Raúl) Alfonsín, y después la Argentina tuvo que soportar una década de menemismo explícito", me dijo un dirigente radical que forma parte de Cambiemos y que es escuchado por el Presidente cada vez con más atención. Carrió parte de la idea básica de que a los hombres de negocios les importa un pito el futuro del país, y que no hay que esperar de ellos gestos altruistas o de apoyo, porque no forma parte de su naturaleza.

"Lo peor y lo más duro ya pasó", insiste el ministro Francisco ‘Pancho’ Cabrera, a quienes sus compañeros de gabinete critican por su presunta ‘incapacidad" para contener a los empresarios que deciden. Ahora el Presidente le encomendó que les arranque el compromiso formal de que no van a despedir a nadie durante los próximos 180 días, pero los representantes de las distintas cámaras le mandaron a decir que no pueden asumir semejante promesa frente a todas y cada una de las empresas del país. Otro inconveniente adicional que desvela a Macri son los ‘acuerdos políticos’ que reclaman los gobernadores y que todavía el ministro Rogelio Frigerio no terminó de honrar. Los mandatarios necesitan plata fresca. Y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, no la termina de autorizar, con el argumento de que el Presidente les exigió una fuerte baja del déficit de acá hasta junio o julio. Frigerio, pero también el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, insisten en que precisan girar los fondos ya, antes de que la cámara de Diputados termine aprobando la ley antidespidos y deje al descubierto la debilidad política estructural que tiene Cambiemos en el Parlamento.

El plan de obras públicas de $ 220 mil millones para salir de la recesión y que invita a las provincias y los municipios a diseñar y manejar sus propios proyectos, con la aprobación final del gobierno nacional, apunta a ‘matar varios pájaros de un tiro’. Primero, tiene como objetivo mejorar la infraestructura del país, sin privilegiar a ninguna provincia en particular, como lo hicieron Néstor Kirchner y Cristina con Santa Cruz y otros distritos amigos. Segundo, apunta a comprometer a gobernadores e intendentes, para que no saquen los pies del plato en el Parlamento y no traten de imponer proyectos que ponga en juego ‘el rumbo económico’ que proyecta el gobierno. Y tercero, pretende generar un sistema de licitaciones transparentes y verificables, donde ganen las mejores empresas o no las compañías de los amigos. "Ya no habrá más lugar para los Lázaro Báez ni los Cristóbal López", se lo oyó decir al Presidente la semana pasada. Al mismo tiempo reveló que su primo, Angelo Calcaterra, ya habría encontrado comprador para su empresa constructura, IECSA, y que su amigo Nicolás Caputo está a punto de salir de la sociedad que ganó las últimas licitaciones para refaccionar y acondicionar los establecimientos educativos de la Ciudad. Al jefe de Estado le parece injusto que sus parientes y sus amigos tengan que desprenderse de sus negocios para no alimentar el estado de sospecha que generaron los ‘empresarios’ de Néstor y Cristina.

Sin embargo, no le quedará más remedio que aceptarlo, si pretende mantener en alto las banderas de la transparencia y la honestidad. En las últimas horas, también se lo oyó quejarse por la decisión del fiscal Federico Delgado y el juez Sebastián Casanello de hacer lugar a la ampliación de denuncia del diputado del Frente para la Victoria, Darío Norman Martínez, quien pretende que Macri diga de cuántas offshore formó parte, más allá de las que se le detectaron en los denominados Panamá Papers. "Yo no tengo ningún problema en dar explicaciones a la justicia todas las veces que sea necesario. Pero espero que la vara sea igual de alta para todos. Y también espero que los fiscales y los jueces hablen más por sus fallos que para salir en la tapa de los diarios" protestó. No le gustó, en especial, que Delgado, un fiscal no tradicional, haya puesto en su boca que debe investigar si Macri quiso ocultar información o si, en todo caso "se le escapó la tortuga". "No es la manera en la que un fiscal de Estado debería referirse a un presidente, no importa el signo político al que pertenezca", precisó.

Publicado en El Cronista

 

Para el presidente Mauricio Macri, no hay valor más preciado que el tiempo. Como buen ingeniero, suele comparar, por ejemplo, el largo de una vida con los 400 kilómetros que separan el Obelisco de Mar del Plata. Para que se entienda: Dolores equivaldría a la mitad de la existencia. Cuarenta, 45 o 50 años de acuerdo con cómo se la haya fatigado. Desde el mismo ángulo, lo valioso que es el tiempo, considera que la pastilla que prolonga el deseo sexual es uno de los más geniales inventos de los últimos años. Por lo demás, también le gusta pensar cuánto le queda de vida productiva. De hecho, el fideicomiso ciego lo hizo impulsado por un razonamiento vinculado al tiempo y si situación particular. "Nací rico. Lo que ya tengo no me lo voy a poder gastar en esta vida, a menos que me vuelva loco y empiece a despilfarrar. Ahora mi motor es otro. Quiero hacer de la Argentina un país normal". Ahora mismo, su obsesión es el tiempo que falta para que la inflación baje a menos de dos puntos mensuales. O dentro de cuántos meses la Argentina va a empezar a crecer, aunque sea a tasas modestas.

También juega a calcular con qué intención de voto llegará su gestión para las legislativas del año que viene. Todo para él es cuestión de tiempo. Por ejemplo, antes del triunfo de Cambiemos en segunda vuelta, ya descontaba, junto a Marcos Peña, que la no presión oficial contra fiscales, jueces y camaristas desataría, sin ninguna necesidad de que el Gobierno lo alentara, un destape de los expedientes de corrupción. Y también vaticinaban que el cambio de gobierno, la salida del cepo y la baja de las retenciones iban a alcanzar para dar inicio a un círculo virtuoso de la economía que antes de mitad de año sería evidente.

Pero como la política nacional no es una ciencia exacta e incluye otros componentes como el humor social, la voluntad de los hombres, la picardía de los formadores de precios, el oportunismo de los sindicalistas y la hipocresía del peronismo, ahora el jefe del Estado debió ir postergando sus pronósticos originales. Por eso está recalculando y todos los días les pregunta a sus principales ministros cuándo van a empezar a bajar los precios, cuánto tiempo falta para empezar a crecer, cuándo se va a terminar de aprobar en el Congreso la baja del IVA para jubilados y los beneficiarios de planes sociales. También los instruye para que todas las áreas revisen los presupuestos, los ejecuten en tiempo y forma y privilegien las partidas que favorezcan de manera más directa a los que menos tienen.

Hace pocos días pidió y recibió un informe de todas las noticias positivas que había generado su administración. Incluidos la productiva visita de Barack Obama y el acuerdo con los holdouts. Lo sorprendieron la cantidad y la importancia. Preguntó por qué su efecto duraba tan poco en la opinión pública. Le explicaron que en la Argentina 2016 todos los días suceden cosas más rimbombantes, como que una ex presidenta amenace a los jueces y monte un acto político frente a los tribunales o aparezca un video de presuntos testaferros de la ex presidenta contando billetes en una cueva financiera o se muestren en la tele las espectaculares mansiones y flotas de autos de Lázaro Báez.

"El círculo rojo me está diciendo que tenemos problemas de comunicación. ¿No podemos publicar una solicitada con todas las cosas buenas que hicimos en los primeros 150 días?", preguntó a su equipo. Le respondieron con los números de las encuestas en la mano. Le explicaron que, contra la percepción de la mayoría de los medios, su imagen apenas descendió entre 3 y 5 puntos en los últimos meses. Que el 50% de la gente sigue siendo optimista con respecto al futuro. Que existe una gran preocupación por la suba de precios de los alimentos, pero que, en simultáneo, cada día crece más la indignación por los millones mal habidos de la corrupción K y un poco menos por los Panamá Papers. Dicen que Macri diagnosticó: "A veces el círculo rojo se equivoca. Pero otras anticipa las olas de mal humor que se avecinan". Por eso ahora pidió que cada mala noticia, como el aumento de la nafta, sea continuada por otra como la ampliación del presupuesto de las universidades públicas en 500 millones de pesos.

El Presidente se pregunta por las consecuencias del mani pulite a la bartola que empezó hace poco más de un mes. Sabe que mientras dure, parte de la bronca colectiva se canalizará bajo la consigna de que vayan todos presos y que devuelvan lo que se robaron. Sabe que esta movida anticorrupción ayudará a demorar el ingreso masivo de los indignados por los despidos y la inflación. Pero algunos miembros de su mesa judicial se preguntan si será bueno para el Gobierno y para el país que Cristina Fernández vaya presa. El les dice que no moverá un dedo para que eso suceda, pero que tampoco hará nada para evitarlo. Primero porque prometió en la campaña que no se iba a inmiscuir en el trabajo de los jueces. Y segundo, porque sabe que cualquier señal que se interprete como un gesto de protección, para cualquier acusado por un hecho de corrupción, sería el principio del fin de su carrera política.

Sí les pidió a los responsables de Defensa de la Competencia que empiecen a sancionar y multar a los formadores de precios que remarcan sin justificación. También le mandó a decir a Cristóbal López, en respuesta a una carta personal que le envió, que no se va a interponer con las acciones que tomaron las autoridades de la AFIP. Y le hizo saber que el único deseo del Gobierno es que paguen la enorme cantidad de dinero que le deben al Estado. Fuentes seguras me informaron que la mano derecha de López, Fabián de Souza, envió un interlocutor con acceso a Macri un mensaje inquietante: "Díganle al Presidente que los medios del Grupo Indalo no se venden. Ni a (Daniel) Hadad ni a nadie. Que a partir de este momento serán considerados activos estratégicos. Y que si quieren guerra, la van a tener". El jefe del Estado se dio por enterado la semana pasada. Y le comentó a la persona con la que conversó antes de la cena: "¿Te imaginás lo que puede pasar si le pido a Alberto Abad que le perdone la deuda de 1200 millones de dólares a Oil Combustibles? Primero renuncia en el acto. Y a los dos minutos llama a conferencia de prensa para explicar por qué se fue. Y detrás de él tendría que renunciar yo, porque sería una verdadera locura".

Cristóbal López tiene con el tiempo un problema mayor que el que están sufriendo Macri y su gobierno. No parece haberse enterado de que el Frente para la Victoria perdió, que Néstor Kirchner murió hace más de cinco años, que Cristina ya no es más la presidenta y que tiene problemas tanto o más graves que él.

Publicado en La Nación

 

Durante cuánto tiempo la ex Presidenta podrá seguir haciéndose la distraída, simulando que las chacras, las mansiones, las flotas de automóviles y las bóvedas para guardar dinero no existen? ¿Cuánto tiempo más continuará interpretando la ficción de que ella no tiene ni un poco que ver con el video de Martín Báez y Daniel Pérez Gadín, entre otros, contando billetes en la Rosadita? ¿Hasta cuándo logrará convencer a quienes la apoyan que todo es un montaje de los medios concentrados y hegemónicos para tapar graves problemas como la inflación, los despidos y las denuncias de los Panamá Papers por la que tienen que responder el presidente Mauricio Macri y algunos de sus colaboradores?

Como proyecto político superador, resulta poco aparecer en medio del escándalo elogiando la protesta de las cinco centrales sindicales del viernes pasado, en la conmemoración por el Día del trabajador.

Y como estrategia de supervivencia, enviar emisarios a Lázaro Báez para evitar que se arrepienta e ingrese al Régimen especial de Testigos Protegidos parece una reacción tardía y desesperada.

Lázaro era muy leal a Néstor Kirchner. La estatua y el cuadro gigante que encontraron en su chacra de Río Gallegos demuestran hasta donde llegaba su gratitud. Sin embargo, nunca fue amigo de Cristina Fernández. Al contrario. Siempre se sintió humillado y ninguneado por ella. Tres decisiones de la entonces jefa de Estado luego del fallecimiento de su marido terminaron de distanciarlos todavía más. Una fue la determinación de disminuir el ritmo de la entrega de contratos de obra pública y demorar el pago de los anticipos.

Otra fue bajarle el pulgar como parte del consorcio que pretendía levantar las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic para dárselo a otro integrado por Electroingeniería. Y la tercera fue el pedido de que le devuelva el dinero que, según Lázaro, solo debía compartir con Néstor. Por eso ahora, para el zar de la obra pública, Cristina Fernández no está primera en su lista de prioridades. A la cabeza se encuentran sus hijos y el resto de la familia. En segundo lugar se ubica él mismo. Y enseguida el pequeño círculo de amigos íntimos que lo está sosteniendo para que no se quiebre enseguida y "no meta la pata" antes de empezar a hablar.

Como si esto fuera poco, Báez está desesperado.

Ya se enteró que enviados de Cristina, además de hacerle llegar mensajes tranquilizadores, al mismo tiempo están negociando con Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco, para que asuman primero el rol de arrepentidos, lo acusen formalmente, dejen a la ex presidenta libre de culpa y cargo, y lo terminen de hundir.

"Si Néstor viviera, a mí ni siquiera me habrían acusado. Pero Cristina no dudaría en soltarme la mano a mí y a mi familia con tal de salvarse ella", me dijo un ‘íntimo amigo’ y empleado de Báez que le dijo el propio Lázaro. El mismo hombre que intenta contactar a alguien del gobierno ("si es posible, llegar al número uno") para obtener garantías explícitas de que si Lázaro se arrepiente, él y su familia van a poder vivir, tranquilos, dentro o fuera del país, y empezar una nueva vida, como Ray Liotta, uno de los protagonistas de la película ‘Buenos Muchachos’.

Los asesores judiciales de Macri se niegan a establecer ningún contacto "sea formal o informal" con el detenido en el establecimiento penitenciario de Ezeiza.

Por un lado, consideran que si Lázaro, de verdad, tiene la intención de arrepentirse e ingresar el Régimen de Testigos Protegidos, tiene que ‘negociar’ con el fiscal Guillermo Marijuán, por un lado, y con el Ministerio de Justicia, por el otro, tal como sucedió con el caso de Leo Fariña.

Por otro lado, algunos de los asesores del Presidente consideran "poco conveniente" el hecho de que Cristina Fernández pueda ir presa. "Generaría algún tipo cimbronazo institucional" le llegaron a sugerir al Jefe de Estado, cuando se planteó la hipótesis.

Macri trata de procesar toda la información disponible.

El no ignora que esta suerte de ‘mani pulite’ descontrolada ayuda a consolidar la imagen de que preside un gobierno que no aprieta a jueces ni a fiscales y los deja hacer su trabajo hasta el final. También sabe que, al mismo tiempo, contribuye a correr de la agenda otros problemas tan graves y urgentes como el de la corrupción. Pero este fin de semana se la pasó interpretando qué significó, exactamente, la enorme cantidad de trabajadores que acompañaron el acto de las 5 centrales sindicales ‘unidas’.

Es consciente de que una buena parte de los argentinos, aún de aquellos que lo votaron, tiene la idea de que su administración es poco sensible a los problemas de la gente con trabajo precario, o sin trabajo, y los estragos que hace en el salario el aumento del costo de vida.

"Si mis ministros no me mienten, la inflación de julio va a estar por debajo del 2 por ciento y a partir de ese momento empezaremos a crecer, de manera lenta pero continúa. Entonces, hacia fin de año, estaremos bien. Mucho mejor que a principios de año", le dijo el jueves pasado a un visitante de la quinta de Olivos.

El Presidente, en realidad, no pondría las manos en el fuego por ningún juez federal de Comodor Py. Sin embargo tanto él como uno de sus principales consejeros, el jefe de gabinete, Marcos Peña, comprenden que el proceso que se disparó a principios de marzo con la directiva del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, de acelerar las causas de corrupción es imparable. E incluso calculan que no lo podrían detener aunque lo desearan. Peña me lo había adelantado antes del cierre de la campaña de la segunda vuelta, cuando le pregunté si iban a alentar las investigaciones de los expedientes más calientes.

Me explicó, con mucha prudencia, palabra más, palabra menos, que no iba a ser necesario que el Poder Ejecutivo se involucrara, porque el nivel de humillación y maltrato que había recibido una buena parte del Poder Judicial por parte de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, haría que sus integrantes se pusieran a trabajar de inmediato. Le pregunté si esa reacción debía interpretarse como una suerte de venganza. Y respondió que ponerse a trabajar, para él, significaba hacer lo que no pudieron antes por miedo, conveniencia o algún otro interés en particular. Y que el verdadero cambio se concretaría si logran mantener esa conducta en el tiempo.
Para desgracia de Cristina, Milagro Sala y decenas de ex ministros y altos funcionarios, los hombres de la Justicia dejaron de sentir miedo y empezaron a encontrar evidencias de delitos y testigos donde antes parecía no haber nada.

Parece la consecuencia lógica de un nuevo tiempo político.

Ni más ni menos.

Publicado en El Cronista

 

El juez Sebastián Casanello no es un héroe, pero de ahí a dar por sentado que tiene un plan secreto para detener la investigación de la ruta del dinero K antes de que la ex presidenta Cristina Fernández pueda ser condenada hay un mundo de diferencia. Se le podría achacar cierta demora en el avance de la causa. En especial hasta que apareció el video con Martín Báez y Daniel Pérez Gadín, entre otros, contando billetes en La Rosadita. Sin embargo, también es justo reconocer que, desde hace poco menos de un mes, ha habido resultados alentadores. Lázaro Báez está procesado y detenido, igual que sus principales cómplices, el contador Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco. El juez está cumpliendo la recomendación de los camaristas de la Sala II, Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Fara, quienes le pidieron que intente recuperar todos los activos y todo el dinero en efectivo que encuentre. El fiscal Guillermo Marijuan viajó a Río Gallegos junto con 200 efectivos para embargar y poner a la venta, cuanto antes, una inmensa flota de autos de alta gama, estancias, edificios, departamentos, terrenos, artículos suntuarios y cualquier cosa que pueda ser transformada en dinero. Todo esto, en principio, parece una respuesta correcta a la demanda sintetizada en la consigna "que vayan presos y devuelvan la plata".

¿Habría que condecorar al fiscal y al juez? No. Pero es una ingenuidad suponer que para desenterrar el dinero que Báez pudo haber guardado en estancias y bóvedas basta con que Leonardo Fariña haga un dibujito y se lo entregue al juzgado en sobre cerrado. El ex valijero hizo eso el miércoles de la semana pasada. Casanello y Marijuan protegieron la información bajo siete llaves, pero no lograron evitar la filtración, y varios periodistas tuvieron esos datos. Entonces, la idea de que se estaba investigando con parsimonia volvió a florecer. Sin embargo, los supuestos "espectaculares" datos que había aportado Fariña ya estaban en el expediente y en algunas redacciones desde 2010, cuando se filtró la existencia de bóvedas en las estancias La Julia y Cruz Aike. Por lo tanto, ¿alguien mínimamente informado podía creer, de verdad, que Báez pudo haber esperado desde 2010 hasta que lo metieran preso, seis años después, para sacar las cajas y los fajos con billetes de la ubicación que suministró el arrepentido del rodete?

El otro gran argumento que agitan los que critican con liviandad el trámite judicial es que Martín Báez debería estar preso, al igual que su padre. Analicemos el punto con detenimiento y con el expediente en la mano. Para el juez, pero también para el fiscal, Lázaro es el vértice de una banda armada para delinquir; Pérez Gadín es su pata contable, y Chueco, su cómplice jurídico. ¿Y qué responsabilidad concreta le adjudican a Martín Báez? Casanello entiende que es mucho menor que la de su padre porque Lázaro, por ejemplo, tiene el 95% de las acciones de Austral Construcciones. Y su hijo, en cambio, sólo el restante 5%. Además, tanto el juez como el fiscal ubican a Martín como una especie de "custodio familiar" ocupado en controlar que Fariña no lo mejicaneara durante el traslado de euros a las financieras. Marijuan entiende que el heredero del rey de la obra pública no le llegaría ni a los talones a su padre en términos de "inteligencia para hacer el mal". Tampoco a Pérez Gadín, Cuello, Fariña o Federico Elaskar. Por esa razón, tanto Casanello como Marijuan reaccionaron con cierta indignación cuando un par de colegas les sugirieron que metieran preso a Martín Báez como una manera poco ortodoxa de lograr que Lázaro "cante". "Eso sería el equivalente a una tortura", le respondió Marijuan a un camarista que recordó que ya estaba vigente la ley del arrepentido. Casanello le contestó exactamente lo mismo a un periodista que "lo corrió" con la hipótesis de que si no arrestaba a Báez hijo, "la gente va a pensar que usted está protegiendo a Cristina".

Y a propósito: ¿se podría asegurar que el magistrado hará todo lo posible para no involucrar a la ex jefa del Estado? Marijuan la imputó, pero en el requerimiento de instrucción no definió las razones por las que lo hizo. Se puede conjeturar que la imputación se explica porque Fariña la nombró en su declaración indagatoria. También se puede entender que la puso en un lugar incómodo cuando interpretó que Ella lo mandó a llamar de urgencia a Lázaro Báez a Olivos porque tenía la sospecha de que le estaba robando dinero que era de la familia. Pero además se puede interpretar, si se lee con paciencia la misma declaración, que en un momento Fariña "la despega" de toda la operatoria del lavado. "Casanello no cerró ninguna puerta, pero se va a terminar de convencer de que Cristina sabía que su marido hacía negocios sucios cuando aparezca una prueba nueva", me explicó alguien que conoce el expediente casi tanto como el juez.

La posibilidad de que Báez declare bajo las mismas condiciones a las que accedió Fariña es algo que parece cada vez menos improbable. Emisarios del fiscal Marijuan ya le mandaron un mensaje para convencerlo de que es lo mejor que podría hacer para mejorar su situación procesal. Algo parecido le hicieron saber a Chueco. Y ambos están analizando junto con sus abogados si de verdad es la única carta que les queda. Tienen tiempo para arrepentirse hasta antes del inicio del juicio oral, pero corren el riesgo de llegar demasiado tarde, si uno de los dos accede primero. Y también llegarían tarde si aparecieran nuevas pruebas que hicieran innecesarios su comparecencia y su posterior ingreso al régimen especial de testigos protegidos. Báez solicitó la opinión de otros estudios de abogados, por fuera del letrado que lo está asistiendo. Casi todos le dijeron lo mismo: las posibilidades de que salga de la cárcel inmediatamente son prácticamente nulas; si tiene algo para decir, tiene que hacerlo más rápido que tarde.

Marijuan no descarta de ninguna manera la posible colaboración de Báez. Él sabe que el ex gerente del Banco de Santa Cruz era muy amigo de Néstor, pero que a Cristina no lo unía casi nada. Tiene presente que Lázaro todavía guarda cierto resentimiento porque Ella le quitó participación en la obra pública y le bajó el pulgar para participar del proyecto de las represas Kirchner y Cepernic. Además sabe que Cristina lo trató, casi siempre, con cierto desdén y cierto desprecio. Entonces supone el fiscal que Lázaro hablará cuando sienta que no le queda más remedio. Son las últimas noticias "picantes" sobre la vertiginosa causa denominada la ruta del dinero K.

Publicado en La Nación

 

Un dramático giro podría dar la causa de la ruta del dinero K si el principal acusado, Lázaro Báez, acepta la sugerencia de sus abogados, se acoge a la ley del arrepentido, se incorpora al régimen especial de Testigo Protegido y decide involucrar a la expresidenta Cristina Fernández y a Máximo Kirchner en el sistema de corrupción y lavado de dinero del que él mismo es una pieza clave.

La interpretación no es un capricho mío. Me lo transmitieron fuentes muy seguras que trabajan en la investigación judicial. La propuesta ya se la hicieron llegar a Lázaro Báez de manera informal, pero concreta. Ahora el presunto testaferro de la familia Kirchner la está analizando junto a sus abogados.

Detrás del "aprovechamiento" que hizo Leo Fariña de la ley del arrepentido hay una historia para contar.
Todo comenzó cuando su abogada, Giselle Robles, se comunicó con el fiscal de la causa, Guillermo Marijuan y le pidió ayuda. Al exvalijero, preso en Ezeiza por el delito de evasión fiscal agravada, le habían rechazado su pedido de excarcelación y estaba desesperado. No quería permanecer detenido ni un minuto más.

–¿Qué me puede ofrecer?– preguntó Robles a Marijuan.
–¿Yo? Nada– le respondió.
Y enseguida le aclaró:

–Lo que yo puedo hacer es usar mis buenos oficios para hablar con las autoridades del Tribunal Oral de la Plata (TOF1) y sugerirles, en el caso de que la declaración de su cliente sea relevante y esté sustentada con pruebas, que lo saquen de la cárcel y lo pongan en el régimen especial de testigos protegidos, con el argumento de que su vida va a correr peligro.

–¿Es todo lo que nos pueden ofrecer?– reclamó la abogada.

–Solo eso. Y no puedo dar garantías de que acepten mi sugerencia.
A las 48 horas la abogada llamó a Marijuan y le dijo:

–Vamos a aceptar su propuesta, porque no tenemos nada mejor.
Y Marijuan le respondió:

–Pero yo solo me comprometo a hacer las gestiones si Fariña declara la verdad, y aporta evidencias. Porque ya declaró tres veces y dio tres versiones distintas.

–Yo le garantizo que Leo va a incriminar a gente que está por encima de él si usted me garantiza la gestión– prometió la abogada Robles.

–Hecho. Pero quiero aclararle una cosa más. Yo, como fiscal, no puedo ofrecerle nada. Pero él, como imputado, sí puede solicitar, antes de hacer su declaración, que se le permita ingresar al sistema del arrepentido. Y también puede pedir que se lo incorpore al régimen especial de Testigos Protegidos.

Por eso Fariña, antes de empezar a declarar, pidió hacerlo bajo las normas de la ley del arrepentido. Y después de tres horas, Marijuan interrumpió la indagatoria para hacer un llamado urgente. De inmediato, él y el juez Casanello se comunicaron con las autoridades del Régimen especial de protección de testigos. Les preguntaron si, debido a la importancia de sus denuncias y a que la vida del denunciante podía correr peligro, se podrían hacer cargo de Fariña.

Le respondieron que sí.

Entonces Marijuan ingresó al despacho del juez y anunció:

–Por la gravedad de sus denuncias y acusaciones el imputado corre riesgo de vida. Y es este acto solicito al juez que se lo incluya en el programa especial de Testigos Protegidos.

Fariña, que ya se había fumado dos atados de cigarrillos, se puso a llorar y tardó varios minutos en reponerse.
Fue porque comprendió que, en cuestión de horas, recuperaría su libertad.

La segunda parte de su indagatoria, ya aliviado, fue mucho más jugosa y concreta.

El primer dato que hay que tener en cuenta es que Fariña antes de declarar, estaba preso, y que su vida corría peligro.

Y ahora, bajo condiciones especiales, está en libertad. Y puede hacer casi todo lo que se le venga en gana. Como cualquiera de nosotros.

El segundo dato: si Lázaro Báez decide aceptar la sugerencia que le hicieron llegar desde el juzgado donde se tramita su causa, es posible que termine en la misma condición que Fariña, con todo lo que esto significa.
Si los abogados de Lázaro son inteligentes y no le mienten, deberían hacerle saber el exacto lugar donde está parado.

Deberían decirle que por el delito de lavado agravado, las evidencias que existen y el impacto político y social que tiene este juicio, lo mínimo que podría permanecer encerrado es ocho años, incluido el tiempo que demore el juicio oral.

Lo subrayo: ocho años.

Casi una vida entera, si se lo compara a cómo vivió hasta el día de hoy.

Tendríamos ahora que pensar y, aunque es difícil, ponernos por unos segundos en el lugar de Báez. Porque es así como piensan los fiscales y los jueces que necesitan información e imputados que se arrepientan.
Báez va a perder una buena parte de su fortuna.

Decenas o cientos de millones de dólares, para el caso no es tan diferente.

Pero Báez, si fue mínimamente previsor, podría haber guardado "un canuto" de unos cuantos millones de dólares o euros, para usarlos, de manera directa o indirecta, mientras goce del régimen especial de testigo protegido.

Y podría ver, de vez en cuándo, a su familia. O incluso alejarse, junto a parte de su familia, a un lugar muy difícil de detectar, como en la historia de la película ‘Buenos Muchachos’.

La otra opción no presentaría muchos matices.

Sería permanecer detenido, con su familia escondida, tratando de evitar los escraches y la humillación, y con la posibilidad latente de que alguno de sus hijos, como Martín Báez, caiga preso, en las mismas pésimas condiciones que tendría que soportar él.

"Si yo fuera Lázaro Báez, le aconsejaría que se transformara en un arrepentido, que reconociera su error y que le diera la posibilidad, a su familia, de ser recordado como alguien que se equivocó, pero que en la segunda parte de su vida decidió recuperar su dignidad", me dijo un hombre de la justicia que conoce la causa como la palma de su mano.

Un mensaje parecido le hicieron llegar, desde el juzgado, al abogado Jorge Chueco, otra de las figuras clave en el armado de lavado y fuga de dólares y euros al exterior en la denominada ruta del dinero k.

Chueco dijo que se quiso suicidar en dos oportunidades por la vergüenza que sentía frente a su familia y sus seis hijos. Si es verdad lo que planteó, suicidarse es la peor opción. Porque muerto, será recordado como uno de los grandes cómplices del lavado de dinero de la corrupción. Pero si declara lo que sabe, le regalará a sus hijos el argumento de que su padre prefirió dejarlos a salvo de la vergüenza, y colaboró con la justicia para llegar a la verdad.

A esta altura del razonamiento es oportuno preguntarse si una eventual declaración de Lázaro Báez podría complicar la situación procesal de Cristina Fernández y de Máximo Kirchner.

La respuesta es: obvio.
La podría complicar, y mucho.

Porque Lázaro, para involucrarlos, no necesitaría incluirla en los vericuetos de la operatoria del lavado de dinero, sino como beneficiarios del sistema de cinco pasos que detalló Fariña: cartelización de la obra pública, sobreprecios, sobrecostos para blanquear dinero negro u facturación apócrifa, cohecho y lavado propiamente dicho.

Además, hay que recordar que en esta causa, la expresidenta está imputada por el fiscal Marijuan y que éste, en cualquier momento, podría definir la imputación y citarla a declarar como sospechosa de encubrimiento. Es que tanto él como el juez Casanello dan por sentado que Fariña dijo la verdad cuando declaró que Cristina mandó a llamar al rey de la obra pública para preguntarle si estaba fugando al exterior plata que le pertenecía. Es decir: que la expresidenta debía haber presentado la denuncia, si tenía la sospecha de que alguien estaba consumado un delito con los fondos del Estado.

En todo caso, con todo respeto, yo le recomendaría a la exjefa de Estado que, además de hacer una defensa política, hostigando a la justicia y presentando a los Panamá Papers y la inflación como algo más grave que el megasistema de corrupción de Estado de la que aparece como responsable, se consiga los mejores abogados que pueda pagar, más técnicos y menos discursivos.

Porque su situación objetiva es más grave de lo que parece.

Para empezar, en los próximos días el juez Claudio Bonadio la va a procesar por el delito de fraude en la causa por la venta de dólar futuro.

Para seguir, el mismo juez acaba de pedir y lograr el acceso de todos los documentos y pruebas que él mismo quiso capturar en los 30 allanamientos que hizo en Río Gallegos, El Calafate y Buenos Aires, cuando tramitaba la Causa Hotesur. Bonadio hizo el requerimiento para empezar a investigar la denuncia de Margarita Stolbizer sobre Los Sauces, la otra sociedad de Cristina y Máximo, a través de la cual cobraron dinero por ventas de inmuebles y de alquileres, que fueron pagados por Lázaro Báez y Cristóbal López, a precios exorbitantes.

Y para terminar, habría que confirmar si la denuncia que acaba de hacer la diputada por Jujuy Mabel Balconte es una fantasía o la pura verdad. Ella afirmó ante la justicia de esa provincia que Milagro Sala llevaba bolsos con dinero a Máximo Kirchner y Andrés Larroque a la quinta de Olivos. Pero no lo hizo solo en público. Primero lo dejó documentado ante la justicia federal de su provincia. Y si no está mintiendo, hay mil maneras de corroborar si los hechos que narra sucedieron de verdad.

Uno es el más sencillo de todos. Confirmando a través de las celdas de los celulares y las agendas, si Balconte estuvo donde dice que estuvo, en el medio de valijas con millones de pesos, que se repartían para pagar los retornos que el Estado le daba a Milagro Sala por obras que nunca construyó.

Publicado en El Cronista

 

Mientras las imputaciones, los procesamientos y las detenciones se suceden a un ritmo de vértigo y la bola de nieve del mani pulite made in Argentina se sigue agrandando, una nueva teoría judicial, política y conspirativa empezó a ganar terreno entre los analistas tradicionales. Les adjudican la autoría intelectual de la teoría a "fuentes muy cercanas" a Lázaro Báez. Un colega muy ocurrente le puso un título a la elucubración: "Línea de corte". Y después explicó que la línea de corte de las eventuales condenas, según los hombres de Báez, terminaría en el propio Lázaro. Para decirlo sin vueltas: de acuerdo con la especulación, la larga mano de la Justicia sólo alcanzaría al rey de la obra pública y dejaría indemne a la ex presidenta, quien, dicho sea de paso, en vez de preparar una defensa técnica, está eligiendo un contraataque político que no parece tener chances de prosperar.

La hipótesis de la "línea de corte" se basa en el presupuesto de que, a pesar de que el fiscal Guillermo Marijuan imputó a Cristina Kirchner, todavía no hay en el expediente ningún elemento que permita procesar, ni indagar, ni acusar, ni detener a la ex presidenta como parte responsable de la denominada ruta del dinero. El juez Sebastián Casanello está ahora concentrado en las acciones que le reclamaron los camaristas de la Sala II, Martín Irurzun, Horacio Catani y Eduardo Farah. La recomendación se podría sintetizar así: "Que Lázaro Báez siga preso y que devuelva la plata".

Que continúe detenido no parece tan complicado. Pero recuperar parte de los millones de euros alojados en innumerables cuentas en el exterior no es algo que podría suceder de la noche a la mañana. Fariña dio indicios sobre cómo los sacaron del país en su explosiva declaración indagatoria, cuyas consecuencias todavía no alcanzaron su pico. La parte más jugosa no es la de la teoría de los cinco pasos del plan sistemático de la megacorrupción de Estado (digitación de la obra pública y sobreprecios, adelanto del pago de la obra, facturación trucha, cohecho y lavado). Eso, de alguna forma, lo había anticipado Elisa Carrió en su denuncia por asociación ilícita en 2008. La parte de la declaración de Fariña que tiene más valor se encuentra en el tramo en que se autoincrimina. La mencioné por primera vez el domingo, pero vale la pena detallarlo una vez más, porque Fariña no sólo aportó sus dichos, sino elementos que pueden probarlos.

El ex "valijero" afirmó que él mismo, junto con Martín Báez, hijo de Lázaro, llevó un total de entre 7 y 8 millones de euros "en negro" desde la oficina de Austral Construcciones en Carabelas 241 hasta la financiera Provalor, de los hermanos Rabinovich. Que lo hicieron un par de semanas después de la muerte de Néstor Kirchner, lo que revelaría el apuro de Lázaro por sacar la plata fuera del país. Que debieron cambiar los euros por pesos y los pesos por dólares porque la financiera sólo tenía "cable" para transar en la moneda norteamericana. Que la enorme venta de euros para un mercado tan reducido "prendió varias alarmas". Que la primera sonó en la embajada de Estados Unidos. Que los diplomáticos la compartieron con espías de la ex SIDE. Que los espías le hicieron llegar la especie a la entonces presidenta. Y que Cristina convocó a Lázaro con urgencia para que desmintiera o confirmara el rumor. Debido a la movida, durante esos días los euros del mercado negro, de manera excepcional, resultaron más baratos que los del mercado oficial. De hecho, tanto LA NACION como Clarín escribieron sobre aquel "fenómeno". De cualquier manera, declaró Fariña, Lázaro le negó a "la jefa" los hechos. Pero -dijo el "valijero" en su declaración- enseguida llamó al propio Fariña, lo citó en su oficina y, a solas, le pidió que fuera más prolijo.

Los que divulgan la teoría de la "línea de corte" no parecen contar con información precisa sobre lo que está pasando de verdad dentro y fuera de Comodoro Py. Porque es probable que no existan todavía elementos suficientes para complicar a Cristina en la causa sobre la ruta del dinero. Sin embargo, el "cohete a la Luna" que se disparó cuando fiscales, secretarios y jueces del fuero federal se sintieron contenidos para investigar a fondo sin sufrir las consecuencias ya es imparable. Lo demuestra la reciente decisión del fiscal Gerardo Pollicita de pedir la indagatoria de Cristóbal López y la del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray. Porque así "revivirá" la megacausa por asociación ilícita que tramita Julián Ercolini, el mismo que decidió meter preso al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Lo ponen de manifiesto el fiscal Marijuan y el juez Casanello, quienes ahora trabajan en armonía para llegar hasta el fondo en el expediente de la ruta del dinero. Lo evidencia el estado de desesperación de Jorge Chueco, alma gemela de Daniel Pérez Gadín en el entramado de negocios sucios de Lázaro Báez.

Esto recién empieza y no terminará aquí el juez Claudio Bonadio, que desoye tanto las presiones y las amenazas de la propia Cristina como las sugerencias de algunos hombres de Cambiemos de posponer la indagatoria de la ex jefa del Estado por la causa de la venta del dólar futuro, para "no enrarecer más el clima". De hecho, el propio Bonadio no pudo terminar lo que empezó en el juicio por Hotesur, expediente que todavía se encuentra en el limbo por la inacción de su colega Daniel Rafecas. Bonadio considera que cualquier juez que se haga cargo de la causa no podrá evitar, a menos que esté dispuesto a soportar un juicio político, dictaminar la existencia del delito de lavado de dinero. Tampoco nadie descarta que en los próximos días el mismo magistrado dicte el procesamiento de la ex presidenta, Axel Kicillof y Alejandro Vanoli. Y a todo esto hay que sumar el celo y la honestidad intelectual con el que la diputada Margarita Stolbizer y su asesora Silvina Martínez siguen todas las denuncias contra la ex presidenta.

Un intendente del conurbano que pertenece al Frente para la Victoria pero no es incondicional sostiene que "los vecinos están tan enojados con la corrupción como con Macri" por los aumentos de los servicios y del transporte público. Es posible que tenga razón. Que, en efecto, se esté registrando un "doble" descontento. Pero ese registro, en todo caso, hará más difícil que cualquier fiscal o juez tome la decisión de dar un paso atrás sobre lo ya decidido. O de proteger a los hombres del poder, como sucedía antes de diciembre del año pasado. Será un poco a la bartola, pero el mani pulite made in Argentina ya no tiene retorno.

Publicado en La Nación

 

Ni el regreso delirante y sin gloria de la expresidenta; ni los Panamá Papers; ni las nuevas medidas sociales del gobierno de Mauricio Macri; ni siquiera la conmocionante tragedia de los chicos muertos durante la rave de Costa Salguero, van a poder evitar las futuras imputaciones, indagatorias, procesamientos y detenciones de decenas de funcionarios y empresarios que cometieron graves delitos durante la era K.
Y la oleada incluye, por supuesto, a Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo, Lázaro Báez, su hijo Martín, Cristóbal López, el exvicepresidente Amado Boudou y al ex ministro Julio De Vido, entre otros. También a los titulares de organismos de control que hicieron la vista gorda para permitir desde la digitación y sobreprecios de las obras públicas, hasta la evasión impositiva y la inacción ante operaciones sospechosas, pasando por el otorgamientos de facilidades excepcionales en créditos y fideicomisos multimillonarios.
Un par de escenas indignantes que forman parte de la declaración indagatoria de Leo Fariña ante el fiscal Guillermo Marijuan y el juez Sebastián Casanello, quienes tramitan la causa de la ruta del dinero K, sirven como muestra de la avanzada que se viene y que parece indetenible.

Escena uno

Fariña confesó en sede judicial que inmediatamente después de la muerte de Néstor Kirchner, participó, en persona, de una operatoria irregular para enviar dinero negro al exterior.
Según Fariña, fueron entre u$s 7 y 8 millones, a lo largo de tres días.
Fariña contó que el dinero salió, en euros, desde las oficinas de Báez, en el pasaje Carabelas 241. Que fue transportado en una Toyota Hilux Negra. Que los trasladó acompañado de Martín Báez, hijo de Lázaro Báez y uno de sus custodios. Fariña reveló que llevaron el dinero negro a Provalor, la financiera de los hermanos Rabinovich.
"Como en Provalor no tenían cable en euros sino en dólares, tuvimos que pasar los euros a pesos y los pesos a dólar. Entonces, por esas operaciones de cambio de moneda, la city se inundó de euros. Se sobresaturó", explicó el valijero ante la mirada atónita de Marijuan y Casanello.
"Tener cable" es contar con la misma cantidad de dinero en negro de alguien dispuesto a ingresarlo a territorio argentino. Una suerte de mecanismo de compensación. Un movimiento back to back, para dar apariencia legal a una maniobra delictiva.
Tan fuerte fue la inyección de
euros en un mercado financiero tan pequeño, que, durante esos días, la versión blue de la moneda europea llegó a cotizar más bajo que el oficial, y al mismo tiempo determinó la baja del dólar paralelo, lo que hizo sonar una fuerte alarma en el circuito financiero.
La alarma se transformó en una alerta internacional.
"Yo estaba en el microcentro, cuando Lázaro me mandó a llamar urgente, a la oficina de Carabelas", declaró Fariña, palabra más, palabra menos.
El exvalijero reveló que se encontró con Báez a solas. Y que allí fue cuando el rey de la obra pública le confesó que acababa de estar con la expresidenta Cristina Fernández, en Olivos. Que ella le había enrostrado que fuentes de la embajada de los Estados Unidos, alertadas por las anomalías en la cotización del dólar y el euro, le habían sugerido que Báez podía estar sacando dinero al exterior de manera irregular.
Las fechas y las circunstancias coinciden.
También los documentos, correos electrónicos y líneas de teléfonos que aportó Fariña al fiscal y al juez.
- "La jefa" me preguntó si era cierto que nosotros estábamos fugando dinero afuera-dijo Fariña que Lázaro le confesó.
–¿Y vos que le dijiste?- preguntó Fariña.
–Le dije que ¡de ninguna manera!
–¿Y ahora qué hacemos? ¿paramos todo?- le habría preguntado Fariña.
–No. Seamos más prudentes en nuestros movimientos, concluyó Lázaro.
Fariña ubicó las operaciones irregulares entre el 15 de noviembre y el 20 de diciembre de 2010, un mes después de la muerte del expresidente.

Escena dos

Fariña confirmó además que, en efecto, Báez guardaba mucho dinero en efectivo en la bóveda de su chacra que más tarde transformó en una bodega para mostrar a los periodistas.
Y explicó por qué casi siempre, los último "fajos de la tanda de billetes quedaban inservibles por la humedad y los hongos".
"Era porque estaban guardados en una de esos lockers que parecían unas cajas ciegas en la parte de abajo. Daban al piso, los billetes tocaban el suelo y por eso se humedecían".

No solo anécdotas

Pero Fariña no contó solo anécdotas. También explicó, con lujo de detalles, el plan sistémico de cinco pasos, para comprender de manera cabal la megacorrupción de Estado cuyos responsables están a la vista.
Los cinco pasos, según Fariña, fueron:
1) Sobreprecios de la obra pública cuya adjudicación fue digitada.
2) Adelanto financiero con dinero en efectivo.
3) Facturación apócrifa para encubrir la simulación de mayores costos.
4) Pago de coimas, retornos o cohecho.
5) Lavado de activos.
Fariña ofreció unos dos ejemplos concretos para cada tipo de delito.
Denunció que se usaba entre un 10 y un 20% del pago total de cada obra pública para darle dinero a Néstor Kirchner y que ese porcentaje coincidía, en general, con el adelanto obtenido.
Explicó que como con Austral no daba abasto, tuvo que comprar o absorber de manera irregular otras empresas constructoras para satisfacer la demanda.
Afirmó que había un acuerdo entre el expresidente, el ministerio de Planificación y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) para cartelizar las licitaciones.
Y que también participaba de ese acuerdo la Sigen.
Además dijo que las maniobras de Báez para aplicarle sobrecostos a sus empresas eran burdas. Dio un ejemplo: el grupo tenía una firma de combustibles que le cobraba por el litro de gasoil o nafta más caro que cualquier estación de servicio al público.
Fariña opinó que la operatoria completa de 5 pasos no la pudo haber hecho sin la connivencia o la vista gorda de organismos de control como AFIP, UIF, Banco Central.
Detalló la maniobra fraudulenta con la que se adquirió la Rosadita.
Explicó todas las ventajas que le significó a Austral el manejo de SGI.
Aclaró el complejo armado de las cuentas en el exterior, y dio nombres y ejemplos concretos, a saber:
La de Teegan, de Martín Báez, en la que él participó y estuvo presente.
Varias en España y Suiza, las que fueron armadas por Pérez Gadín, Jorge Chueco y Martín Báez, entre otros. Pero en especial mencionó a un ex funcionario del gobierno de Kirchner, de origen patagónico pero que ahora viviría en Citybell o La Plata.
El detalle con que Fariña contó las operaciones de lavado parece una clase magistral de delito de cuello blanco.
Chueco, el abogado que sigue desaparecido, podría dar muchos más datos de la compleja maraña delictiva. Según Fariña, Cuello es el equivalente a Pérez Gadín, actual testaferro de Báez. "Lo que Daniel es a la parte contable, Chueco era a la parte jurídica", explicó Fariña a Marijuan y Casanello.
En este contexto, la rasante visita de Cristina, por más tóxica que haya sido, quedará en el olvido más temprano que tarde.
Por lo pronto, la semana que empieza, Casanello procesará y dejará en prisión a Lázaro y Pérez Gadín, y quizá haga lo mismo con Martín Báez y los demás imputados por la causa de lavado de dinero.
Además, es probable que Bonadio empiece a trabajar en el procesamiento de Cristina Fernández por el expediente de la venta del dólar a futuro.
Pero la expresidenta deberá preocuparse más, todavía, cuando se reactive la causa Hotesur, que tomará Julián Ercolini, o la de Los Sauces, que tramitará Bonadio y la del fideicomiso del Banco Nación, una denuncia que ampliará hoy Margarita Stolbizer. Su responsabilidad, en cada una de ellas, parece más que evidente. Necesitará mucho más que el apoyo espiritual de Eugenio Zaffaroni y la guardia de corps de La Cámpora para no ser considerada responsable.
Y tampoco tendrá la posibilidad de presionar a fiscales y jueces. Porque la mayoría ya se convenció que esto no tiene retorno. "Cualquier paso en falso que demos, cualquier nulidad extraña, la sociedad irá contra nosotros. Y lo hará con total justificación", me dijo una fuente que conoce el pensamiento del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.

Publicado en El Cronista

¿Qué hacía Cristina Fernández cantando y bailando en el balcón del quinto piso de su departamento en el barrio de Recoleta horas antes de comparecer ante la Justicia, imputada por el delito de administración fraudulenta y abuso de autoridad? ¿Cómo se atrevió a hablar de distribución de la riqueza, cuando dejó, como jefa del Estado, una concentración económica mayor que la que heredó y se negó a medir la pobreza, que, según el observatorio de la UCA, llegó casi al 30% de los argentinos? ¿Quién puede creer, a esta altura, su remanido relato sobre la censura y el pedido de libertad de expresión, cuando Ella se dedicó, de manera personal, a perseguir a periodistas y medios críticos? ¿Cómo hacerlo cuando ayer mismo la guardia de corps de La Cámpora impidió la cobertura de TN y agredió a una periodista de Radio Mitre, mientras la televisión pública transmitía en directo su discurso político, disociado por completo de la realidad y de su propia situación procesal?

Tampoco se entiende por qué la Policía Federal le cedió a La Cámpora la organización completa del acto, desde el acceso de la prensa hasta la seguridad. Lo hicieron, el presidente Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, porque querían mostrar a los argentinos que había regresado, durante unas horas, la cultura política del odio, el resentimiento y el pasado de la lógica amigo y enemigo? ¿Lo hicieron porque intentan dividir, todavía más profundamente, al peronismo, para acumular más poder?

Y, para volver a Cristina Fernández, ¿en serio creerá que se puede comparar con Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón? ¿De verdad piensa que una citación judicial en tiempo y forma la transforma en una heroína prerrevolucionaria? La ex presidenta tiene todo el derecho de expresarse y convocar a un acto político. También tiene derecho a sugerir la formación de una organización social, un "gran frente ciudadano" superador del Partido Justicialista, que le sirva para volver y ganar las elecciones. Nadie debería inquietarse, incluso, porque ella haya recordado que la familia de Macri, en especial, su padre, Franco, hizo buena parte de su fortuna por la vía de contratos con el Estado. Y tampoco porque desempolve el sobreseimiento de la Corte menemista de mayoría automática en la causa de contrabando de autos que involucró a una de aquellas empresas familiares. Es bueno que insista sobre la sociedad ofshore con sede en Panamá en la que aparece el actual presidente. Es saludable que pida aclaraciones sobre por qué no la incluyó en su declaración jurada. Pero ¿no tiene nada que decir sobre la ruta del dinero K, la detención y el procesamiento de su socio Lázaro Báez, los alquileres de las habitaciones de hoteles a Hotesur SA o la presunta falsificación de documentos de su otra sociedad, Los Sauces SA? ¿No tiene nada que explicar, por ejemplo, sobre las condenas y la detención del ex secretario de Transporte de Néstor Kirchner y de ella misma? ¿No forma parte de su agenda discursiva la tragedia de Once, quizá la prueba más contundente de que, por lo menos en la Argentina que ella gobernó, la corrupción mata?

¿Y dónde estuvo Cristina Fernández durante estos últimos cuatro meses? ¿No tuvo oportunidad de ver las escenas en las que aparecieron integrantes de la Tupac Amaru de Milagro Sala retirando decenas de millones de pesos en efectivo de las cajas de los bancos de la provincia de Jujuy? ¿No vio con sus propios ojos o le contaron las repugnantes imágenes de Martín Báez, el hijo de Lázaro; su contador, Daniel Pérez Gadin, y su hijo, y Fabián Rossi, entre otros? ¿No tiene nada que aclarar sobre su controvertido papel en el trámite judicial en el que permanece procesado su ex vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone?

No es mentira que desde que la nueva administración asumió la inflación viene aumentando mes a mes, como consecuencia de la devaluación que puso fin al cepo, el descontrol del precio de los alimentos que el Gobierno no puede combatir y el incremento de las tarifas de luz, gas y transporte público. Tampoco es falso que la pobreza y la indigencia se multiplicaron, debido a que los nuevos precios de la economía subieron mucho más que los salarios viejos de los trabajadores formales.

Se puede estar en contra del acuerdo con los holdouts y gritarlo todas las veces que se considere necesario. Se puede reclamar por los despidos injustos y por la suba de la desocupación en el sector privado, y por el sesgo "neoliberal" de las primeras medidas del nuevo gobierno. Pero ¿de verdad pretende Cristina hacerle crecer a todo el país que ella no tiene ninguna responsabilidad en cada uno de estos gravísimos problemas? Y la militancia que la respalda y la acompaña, ¿compra y defiende todo el combo completo? ¿Compra el discurso ezquizofrénico de Axel Kicillof, quien habla de la megadevaluación de Alfonso Prat-Gay, cuando la que decidió, en enero de 2014, fue mayor y con peores consecuencias? ¿Compra la idea de que lo que está haciendo Federico Sturzenegger con el dólar futuro es más nocivo que lo que autorizaron la ex presidenta, él y el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli, al vender a 10 pesos lo que en el mercado se compraba a 14 o a 15

La militancia ¿compra, tolera y soporta también la megacorrupción del Estado con la que viene acompañado "el proyecto nacional y popular de matriz productiva con inclusión social"? Porque la decisión de utilizar al Estado para generar negocios sucios no fue un hecho aislado. Lo empezaron a denunciar periodistas de la ciudad de Río Gallegos, como Daniel Gatti, el autor de libros sobre El amo del feudo y Entre cajas. Continuaron con la misma tarea los trabajadores de prensa de la agencia OPI Santa Cruz. Lo transformó en una denuncia por asociación ilícita la diputada Elisa Carrió y otros miembros de ARI, en 2008. Lo puso sobre el tapete LA NACION, en un editorial, antes que Néstor Kirchner asumiera como presidente. Y también lo constataron los medios de la Editorial Perfil. Y lo fueron corroborando en el camino dirigentes que fueron socios o pertenecieron al Frente para la Victoria.

Ciertos analistas políticos tradicionales explican que Cristina Fernández montó esta especie de reality show político para amedrentar a los fiscales y los jueces que la tienen en la mira. Pero, más que por la ex presidenta, los hombres y mujeres que imparten justicia están siendo interpelados por una buena parte de la opinión pública. La demanda sigue siendo que vayan presos los que delinquieron y que devuelvan el dinero los que saquearon al Estado. Esto no significa aprobar a libro cerrado todo lo que están haciendo Macri y su equipo. Pero queda bien lejos del planeta donde parece vivir Cristina.

Publicado en La Nación 

 

 


Este es el fallo que acaba de publicar La Corte Suprema y que ratifica el dictamen de Cámara que ordena al Estado restituir la publicidad oficial a La Cornisa Producciones SA por considerar que se la quitó de manera abrupta, como un acto de censura y con el fin de asfixiar económica y financieramente a nuestra organización de medios.

Cómo recordarás, el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner
dejó de remitir publicidad oficial a La Cornisa producciones SA después de confirmar que el responsable de la productora, yo, había decidido publicar el libro El y Ella, una continuación de El Dueño, ambos con fuertes denuncias sobre la corrupción K.

Casi al mismo tiempo, la AFIP intentó acusar a La Cornisa y también a mí por evasión pero, al cabo de varios años y tres apelaciones, ni siquiera me pudo imputar, por ausencia de delito.

Esta decisión de la Corte, firmada por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, no sólo es importante en defensa de la libertad de expresión y para que ningún medio sea perseguido desde el Estado por su decisión de investigar y denunciar.

También lo es porque puso a una productora de contenidos periodísticos en el mismo plano de medios tan importantes como Editorial Perfil y Diario Rio Negro, que también obtuvieron fallos parecidos.

Ojalá puedas comprender la importancia que conlleva esta decisión, después de varios años de litigar y de remar contra la corriente.

Luis Majul

Centro de Información Judicial: (http://goo.gl/lYKIKZ)