Néstor Kirchner confunde para reinar. Por eso anunció que volvería a fijar su domicilio en Río Gallegos, después de haber sido elegido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones de 2009.

Los que están todos los días con él sostienen que lo hizo para desmentir, en público (y para tranquilidad de Daniel Scioli) la posibilidad de un plan B que lo erigiera al propio Kirchner como candidato a gobernador de la provincia, como un intento de refugio ante la eventual derrota "del proyecto" en las elecciones presidenciales. Lo interpretan también como una ratificación de su voluntad para ser el candidato a presidente por el Frente para la Victoria. Y lo esgrimen, además, para que se piense que Kirchner sería capaz de volver a gobernar Santa Cruz y así permitir que Cristina Fernández o el propio Scioli se presenten para competir del premio mayor.

La jugada de Kirchner tiene un objetivo urgente y legítimo: mantener la expectativa para que su esposa pueda seguir gobernando con poder y autoridad y no empiece a sufrir, antes de tiempo, el síndrome del pato rengo. Y tiene, también, un deseo de fondo: ganar tiempo para que su propia candidatura sea la que llegue en mejores condiciones a las elecciones presidenciales de octubre del año que viene.

Pero el anuncio de volver a fijar domicilio en Río Gallegos podría estar relacionado, además, con cuestiones personales. Una sería la de abrir el paraguas en caso de que a cualquier ciudadano se le ocurra volver a presentar una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito en el medio de la campaña electoral.

¿Cómo podría suceder?

El 28 de junio del año que viene, tanto la presidenta como su marido deben presentar sus declaraciones juradas de bienes ante la Oficina Anticorrupción. Como sucedió antes, seguramente un periodista pedirá la información y el organismo público no tendrá más remedio que suministrarla.

Una vez publicada, cualquier ciudadano se sentirá con derecho a presentar una nueva denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. Y es muy probable que lo haga, como ya pasó en otras oportunidades.

El último juicio por presunto enriquecimiento fue cerrado de manera apresurada por el juez Norberto Oyarbide entre la navidad y el año nuevo del año pasado y en el medio de acciones procesales por lo menos curiosas.

Por citar solo una, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Enrique Noailles, no apeló el sobreseimiento. Y no lo hizo a pesar de que los dos contadores del organismo le presentaron un informe en el que escribieron, después de analizar las declaraciones juradas, que el incremento patrimonial del matrimonio no estaba justificado.

¿Por qué será importante para Kirchner cambiar otra vez su domicilio fiscal a Río Galllegos, provincia de Santa Cruz?

Porque allí, la jefa de la regional de la Administración Federal de Ingresos Públicos es nada menos que la hermana de María Rocío García, la pareja de Máximo, hijo de Néstor y Cristina. Se llama María Virginia García, tiene 32 años y solo cuatro meses de experiencia en la AFIP.

– Nunca nadie había sido designado en un cargo de semejante responsabilidad con tan pocos antecedentes y trayectoria- me informó un alto empleado de carrera.

Antes del nombramiento de María Virginia García, ya había quedado demostrado que, si no queda otra, Kirchner prefiere que se lo investigue e inspeccione en su tierra natal.

El martes 23 de abril de 2009 cuatro altos directivos de la AFIP se tomaron la molestia de viajar desde Buenos Aires hasta la oficina del contador de Kirchner, Víctor Manzanares, ubicada precisamente en Río Gallegos. Lo hicieron con el objeto de "compatibilizar" la declaración jurada del ex presidente con la de otras cuatro personas, ya que, según el sistema de control de la propia administración, los números "no cerraban". Aunque pretendieron mantener la maniobra bajo estricta reserva, la información fue publicada en El Dueño y ahora hay una causa abierta para determinar si los directivos de la AFIP habrían cometido un delito. Por lo pronto, el código de ética del organismo tributario prohíbe tratar de manera privilegiada a cualquier contribuyente.

Con su mudanza política a la provincia de Buenos Aires debería haber trasladado también su domicilio fiscal. Si todavía no lo hizo y lo que dijo en el acto del viernes es cierto, ya no tendrá necesidad, porque deberá rendir cuentas ante la AFIP de la nueva regional de Río Gallegos.

Tanto es el celo del ex presidente para que no se divulguen los números de su fortuna que, mientras los agentes tributarios estaban corrigiendo sus "sus inconsistencias", Kirchner llamó y le ordenó a Manzanares:

– Si hay que rectificar o corregir algo se hace y punto. Pero de ninguna manera se llevan documentación del estudio. ¡Ni siquiera fotocopias, eh!

La prevención de Kirchner tiene un porqué: todavía nadie ha publicado los extractos completos de sus cuentas bancarias. Solo se conocen las fechas de inicio y de cierre del año fiscal, y por una disposición de la AFIP del año 2007 los únicos que pueden obtener esa valiosa información son los jueces.

Es probable que el anuncio de volver a fijar domicilio en Santa Cruz sea una jugada múltiple destinada a confundir a sus adversarios electorales. Pero también se puede leer como una movida destinada a proteger su capital político y económico, y evitar una futura persecución judicial.

Publicado en El Cronista