(Columna presentada en Radio Berlín y publicada en Infobae) Por más que Cristina Kirchner intente desviar la atención con el reality en el que mostró solo una parte de su casa de El Calafate, la investigación judicial que la presenta como la jefa de una asociación ilícita sigue avanzando con mucha prisa y sin ninguna pausa.

En las próximas horas el juez Claudio Bonadio pedirá su procesamiento, y quizá también su desafuero para intentar detenerla, porque los delitos que se le atribuyen son tan graves y la posibilidad de entorpecer la investigación sigue siendo tan evidente, que no le quedaría más alternativa.

La ex presidente eligió como estrategia defensiva el negacionismo y la victimización. Pero tanto uno como la otra son insuficientes para tapar la abrumadora cantidad y la calidad de las pruebas y las evidencias que acumularon el fiscal Carlos Stornelli y el magistrado que tramita la causa.

Una alta fuente judicial que trabaja en el expediente dijo que "además de todo lo que salió publicado en los medios, hay fotos, videos y relatos que se comprobaron ciertos y que todavía no salieron a la luz. Van a ser incluidos en el auto de procesamiento".

Un veloz repaso por los números de la causa demuestra que jamás sucedió en la justicia federal algo parecido. Hay 52 imputados y 17 detenidos. Tres ex funcionarios de alto rango aceptaron que cobraron coimas y apuntaron hacia arriba: el ex secretario de Obras Públicas, José López, Claudio Uberti y el ex jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina.

Los dueños y altos ejecutivos de las empresas con más años en el mercado y que más facturan no solo confesaron que pagaron sobornos sino que muchos de ellos renunciaron a sus cargos para evitar la debacle de sus organizaciones. El ejemplo más notable es el de Aldo Roggio, el dueño de una empresa fundada por su abuelo, Benito Roggio, hace 110 años.

Entre los arrepentidos, además del chofer que lo anotaba todo, está Ernesto Clarens, el financista de Néstor y Cristina. Se encargaba de recibir el dinero de los empresarios, cambiarlo por dólares y euros, y llevarlos en un bolso hasta las manos del ex secretario de ambos, Daniel Muñoz, en el mismísimo departamento del matrimonio.

Solo tomando como ciertos los números que aportaron los arrepentidos y los datos del cuaderno del chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, se calcula que se movieron por lo menos 200 millones de dólares en dinero negro.

El viernes pasado, Uberti sumó a esta cifra otro monto extraordinario: 50 millones de dólares más, un retorno que se habría asegurado el ex presidente Néstor Kirchner, con una maniobra de compra de bonos que le habría reportado al ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez, la misma cantidad de dinero malhabido.

Los investigadores que siguen la ruta del dinero insisten con la idea de que se trata del mayor robo institucional del siglo XXI, y que la plata negra está repartida en activos y propiedades, cuentas en el exterior y también en efectivo, en cajas fuertes, bóvedas y contenedores.

Una muestra en miniatura de esta lógica es que la familia Kirchner sigue viviendo como si no le hubiera pasado nada, a pesar de tener embargados sus bienes y sus cuentas. Y la otra muestra es que Unidad Ciudadana continúa organizando actos, protestas y manifestaciones como si la campaña electoral estuviese sucediendo ahora.

Me lo recordó la semana pasada José Luis Barrionuevo, el día en que la zona del Obelisco se transformó en un caos: "Los micros de la política nunca son gratis. Las viandas tampoco. Ya nadie asiste a un piquete o un corte de calle por amor al arte. ¿De dónde creés que sacan la guita para bancar semejante logística, casi todos los días y con tan fuerte presencia y capacidad para hacer ruido?".

El fiscal y el juez están atentos para neutralizar cualquier movimiento que intente voltear la causa. Incluso cerca de Stornelli abonan la teoría de que la suba del dólar está vinculada a frenar la investigación. Igual se mantienen confiados. "No tienen ninguna chance, los tomó por sorpresa y cuando quisieron voltearla se encontraron con que la mayor parte de la prueba estaba en el expediente hacía tres meses. Ahora lo único que pueden hacer es amenazar a unos cuantos que todavía no hablaron y que lo podrían hacer en los próximos días", explicó una alta fuente ligada al expediente. Habrá más informaciones para este boletín.