(Columna presentada en Radio Berlín y publicada en Infobae) Ayer, en La Cornisa, Margarita Stolbizer volvió a repetir una idea que cada vez sustenta con más datos: más allá de la cantidad incalculable de dinero en negro que recibió y maneja, los números de las cuentas declaradas bajo juramento no cierran.

Una de las cosas que más le extraña, tanto a ella como a su asesora Silvina Martínez, es que Cristina no haya puesto el grito en el cielo cuando el juez Julián Ercolini decidió embargarle los casi 6 millones de dólares que había transferido a la caja fuerte de su hija, Florencia Kirchner, para escapar del congelamiento de sus bienes que ya había dispuesto con anterioridad.

"Si un juez me embarga semejante monto de dinero en efectivo y soy inocente, la cantidad de recursos que presento y la energía con la que me defiendo sería enorme. Pero a ella pareció no movérsele un pelo. ¿Cuánta plata de verdad tenés que tener para que después de tremenda medida no se te mueva un pelo?", se preguntó Martínez, quien suele aplicar una lógica implacable en estos asuntos.

Para entender por qué nos preguntamos cómo y de qué vive Cristina Fernández, lo primero que hay que aclarar es que la senadora está embargada y con la mayoría de sus bienes inhibidos. Lo segundo es un dato inédito hasta ayer y ciertamente muy curioso: según la última declaración jurada que presentó ante la AFIP y ante la Oficina Anticorrupción correspondiente al año 2017, su patrimonio es cero. En la rendición de cuentas oficial, la senadora no explicó por qué arrancó 2007 con un saldo a su favor de más de $500 mil y terminó con el curioso "patrimonio cero".

La ex presidenta tiene embargados sus bienes varias veces. Por la suma de $10.000 millones en la causa de Vialidad. Por $800 millones en la causa Hotesur. Por $30 millones en el expediente Los Sauces. Por $15 millones en el juicio que se le sigue por el llamado dólar futuro. Y por la friolera de $4.000 millones en el expediente en que la acaban de procesar como jefa de una asociación ilícita que cobraba coimas de empresarios beneficiados con la obra pública.

Está claro que al decidir los montos de los embargos y las inhibiciones, los magistrados no siempre calculan la fortuna declarada -o en blanco- sino el perjuicio económico que los altos funcionarios pudieron haberle ocasionado al Estado. Aun así, si se analizan con detenimiento los ingresos y los gastos de Cristina Fernández de Kirchner, también parece bastante difícil de comprender cómo le cierran las cuentas.

Ella, por su cargo de senadora nacional, debería recibir en mano $140 mil y como viuda del ex presidente Néstor Kirchner, una pensión de $180 mil. Pero con ese dinero, a la vez, debería pagar los gastos, impuestos y los más de $30 mil de expensas que le cuesta el departamento de Recoleta en el que el ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, recibía las coimas de los empresarios. A esas erogaciones hay que sumar los gastos de los tres departamentos, tres cocheras y siete bauleras del carísimo edificio de Puerto Madero, que ascenderían -en un cálculo muy conservador- a los $100 mil, y los gastos de su casa de Río Gallegos y el Calafate. Eso, para empezar.

Luego habría que determinar quiénes se están haciendo cargo de las pérdidas y el pago de los salarios de los empleados de los hoteles Alto Calafate, Los Sauces, la Aldea y el Chaltén, y de los alquileres de los numerosos departamentos que, hasta el año pasado, Máximo Kirchner siguió cobrando con una maniobra ilegal: la creación de un fideicomiso por fuera de la intervención de los bienes y su explotación.

Al margen de esto, y por un carril separado, habría que contabilizar los costos que Cristina le genera al Estado en su doble condición de senadora nacional y exjefa de Estado. En la Cámara Alta emplea a nueve asistentes, con un sueldo promedio de más de $60 mil. Como expresidenta tiene una custodia compuesta por 45 agentes de la Policía Federal que a su vez manejan una moto y ocho autos. Cuatro de ellos para moverse en la Ciudad de Buenos Aires y otros cuatro para hacerlo en la provincia de Santa Cruz. Solo la custodia, según los cálculos del equipo de investigación de La Cornisa, le insumen al erario público cerca de $2 millones por mes.

Otra pregunta pertinente es de qué vive su hija, Florencia Kirchner. Inscripta en la AFIP en 2003 bajo un rubro cuya actividad principal es la producción de películas y videocintas, desde mayo de 2015 hasta mayo de 2017 aparece trabajando en Los Sauces SA, la empresa familiar que solo se encargaba de cobrar los alquileres que le pagaba Cristóbal López a Cristina por sus departamentos de Puerto Madero.

Florencia vive en una propiedad del barrio de Constitución. Florencia pagaba, hasta hace poco, $9 mil de expensas, $1.180 de ABL, $5.926 de gas y un plan OSDE por el que se paga aproximadamente $15 mil cada treinta días.

Procesada por la causa Los Sauces y embargada por $100 millones, tampoco puede disponer de los casi $6 millones que la Justicia detectó en una caja de seguridad del Banco Galicia. Por todo esto, y mucho más, no deja de ser una pregunta pertinente: ¿de dónde sacan el dinero para vivir y mantenerse Cristina y su hija?