(Columna presentada en Radio Berlín y publicada en Infobae) Hace un mes, Hugo Moyano y Pablo Moyano, estaban a punto de ser detenidos. El fiscal Sebastián Escalera, y el juez Gabriel Vitale, de Lomas de Zamora, iban a meterlos presos por su presunta participación en la asociación ilícita que se había organizado para estafar al club Independiente. Tenían las pruebas y las evidencias que probaban el presunto delito de lavado de dinero. Sin embargo, algo en el medio sucedió, y la orden volvió para atrás.

Ahora, el tribunal de alzada dispuso que el expediente pasara a manos del juez federal de Avellaneda, Luis Carzoglio, quien en los próximos días deberá tomar la crucial decisión.

Los miembros del Clan Moyano lo saben. Por eso, en las últimas horas, les hicieron saber a funcionarios del Gobierno y a todos los fiscales y jueces que tramiten diferentes causas que si continúan avanzando tronará el escarmiento.

La reacción podrá ser expresada en formato "paro general de camioneros", poniendo como excusa el ataque de los trabajadores, o alentando focos de descontento popular, vaya a saber con qué metodología.

La reacción de los Moyano no es nueva: lo intentaron ya cuando gobernaba Cristina Fernández y los habían acusado de ser dueños de la empresa de recolección de residuos Covelia.

El problema que tienen ahora es cien veces más grave. Porque los organismos de control y los jueces de las seis causas que investigan al clan empezaron a cruzar información y ahora a nadie le quedan dudas de su modus operandi. Es decir: ya todos confirmaron que los Moyano absorben mucho dinero del sindicato, la Federación, la mutual y la Obra Social y lo desvían a las empresas de la pareja de Hugo, Liliana Zulet.

La conformación y evaluación de las principales firmas del Clan Moyano, como Dixey, Ancora y Iarai, es, como mínimo, desprolija. Y, como máximo, escandalosa. Los números no le cierran a ninguna. Registran una utilidad neta que no supera el 1 por ciento.

La información quema. Los fiscales y los magistrados no pueden ni deberían postergar mucho más su decisión. Ellos son: Claudio Bonadio; juez federal de Morón, Néstor Barral; juez federal de Quilmes, Luis Armella; juez federal de Córdoba, Alejandro Sánchez Fleytes y juez federal en lo penal económico, Rafael Caputo. Ahora todas las miradas están puestas sobre ellos.