Si el presidente Mauricio Macri no empieza a entender que son los aumentos de tarifas de los servicios y todo lo que simbólicamente representan lo que está horadando su base electoral, no solo va a perder las elecciones del año que viene: además correrá el riesgo de hacer fracasar el plan que acordó con el Fondo Monetario, entrar en default y poner en duda el final de su mandato.
La explicación técnica del secretario de Energía, Javier Iguacel, es correcta. Dice: la compensación por devaluación a las empresas productoras y distribuidoras de gas no es una idea de esta administración. Está incluida por ley, desde el año 1991. Agrega: tomar la decisión de que los usuarios la empiecen a pagar en enero de 2019 en 24 cuotas es la opción menos costosa de todas. Y remata: si no lo hacemos, el Estado deberá afrontar juicios multimillonarios, que afectarán el presupuesto y la economía en general.
Lo que ni Macri ni Iguacel parecen evaluar es el contexto político y social en el que estarán aplicando la medida. Y tampoco parecen entender lo irritante e injusto que es para el usuario tener que pagar de manera retroactiva por una devaluación de la que no es responsable.
El hecho lo sacó a la luz la ex presidente Cristina Kirchner, con la evidente intención de agitar el avispero. Por supuesto: no dijo ni una palabra sobre la enorme responsabilidad que le cabe a su gobierno por el déficit energético y su contracara: el insostenible déficit fiscal que alimentaron los subsidios.
Ahora ya no importa. Ni siquiera importa el argumento de que si el Estado se hace cargo de la deuda no podrá cumplir su promesa de déficit cero y que entonces caerá el acuerdo con el Fondo Monetario.
Lo que debe hacer, con urgencia, en vez de esperar el fallo de la justicia y aguardar que se le venga al humo toda la oposición, es tomar una partida del presupuesto que no se aprobó y usarla para cubrir los 100 millones de dólares que implican honrar la ley. Las tarifas de gas, de luz y de agua son ya lo suficientemente altas como para no generar una nueva ola de descontento, y cualquier discusión alrededor de eso terminará convirtiendo a Macri, en el imaginario colectivo, en un ajustador serial, un presidente que goza haciendo sufrir a la gente.
El jefe de Estado no tiene opción: o para en seco ya la incipiente unidad de la oposición para comérselo crudo, o detiene con una medida compensatoria el pedido de sesión oficial para el próximo jueves 18 o, además, corre el riesgo de no lograr la aprobación del presupuesto. Es decir: la otra pata en la que se asienta la continuidad del acuerdo con el Fondo y el desembolso de dinero para 2019 y 2020.
Seguramente los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Interior, Rogelio Frigerio, encontrarán la manera de compensar el gasto, afectando a una partida que no iban a tocar. En 1992, Bill Clinton le ganó las elecciones a George Bush padre siguiendo los consejos de su asesor James Carneville, quien le sugirió que evitara discutir sobre política exterior, debate que perdería, para centrarse en las cuestiones que afectaban la vida cotidiana de los estadounidenses, como el salario y la baja del consumo.
Para que Clinton no lo olvidara, Carneville colgó en todos los centros de campaña, un cartel con tres puntos básicos. El primero decía: "Cambio versus más de lo mismo". El tercero: "no olvidar el sistema de salud". Y el segundo, que hizo historia, fue: "Es la economía, estúpido". No aludía específicamente a Clinton. Sí al hecho de que nadie del equipo de campaña lo debería olvidar.
Macri ya debería haber aprendido la elección de memoria. Una discusión parecida sobre el impacto de las tarifas, abierta por sus aliados radicales y por Elisa Carrió, dentro del propio gobierno, fue lo que ayudó a desatar el principio de tormenta del que todavía la economía no logró salir de manera definitiva. Son las tarifas, estúpido, le debería estar diciendo Jaime Durán Barba al presidente, si es que no quiere entrar a la campaña electoral perdiendo por goleada.