(Columna presentada en Radio Berlín y publicada en Infobae) Si éste fuera un país serio y la dirigencia política no constituyera una corporación que se protege a sí misma, Cristina Fernández debería estar presa y no con posibilidades de ser candidata a presidenta una vez más.

En las naciones donde la justicia funciona, la jefa de una asociación ilícita organizada para robar al Estado en beneficio propio, favorecer a empresarios con licitaciones truchas y comandar un sistema de impunidad semejante, hace tiempo que debería haber permanecido entre rejas.

El hecho de que después de conocido el fallo de la Cámara que confirma su procesamiento y prisión preventiva, Ella aparezca en una foto con estudiantes de la FUBA y se dé el lujo de escribir un par de tuits donde le echa la culpa del fallo al grupo Clarín, habla de lo berreta que son las instituciones en este país, más allá de la hipocresía de la Jefa de Unidad Ciudadana.

El dictamen de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, es en lo esencial, alentador. Porque ratifica la actuación del juez Claudio Bonadio y los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo en la causa de corrupción más importante de la historia del país, deja en claro que no hubo forum shopping, convalida la utilización de la figura del arrepentido y ratifica la validez de los cuadernos de Oscar Centeno como una prueba irrefutable de que se pagaron y se cobraron coimas.

Pero el fallo también podría ser considerado demasiado benévolo para la mayoría de los empresarios a quienes apartaron como miembros de la asociación ilícita. Porque, en cierta forma, los coloca en el lugar de víctimas y no de cómplices de una maniobra que los tuvo como protagonistas principales y se prolongó en el tiempo, constituyendo el mecanismo de corrupción más grave de la historia reciente.

Más allá de algún caso en particular, como el del CEO de Techint, Luis Betnaza, quien insiste que pagó para rescatar a un grupo de empleados argentinos cuya integridad corría peligro en Venezuela, Bonadio sostiene que, así como este grupo de hombres de negocios se cartelizaba para manipular los precios y pagar las coimas, se podría haber unido para rechazar las pedidos indecentes de los funcionarios comandados primero por Néstor Kirchner y después por Cristina Fernández.

Por otra parte, el senador Miguel Ángel Pichetto, principal defensor de los fueros para proteger en este caso a Cristina y antes al expresidente Carlos Menem, con su postura a favor de la impunidad, bien explicada desde lo técnico pero incomprensible si se acepta que todos somos iguales ante la ley, queda una vez más del lado de los malos. De la vieja política. De la idea de que el Senado es más una guarida de delincuentes que un cuerpo destinado a aprobar las leyes que necesita el país. Y se pierde la posibilidad de pasar a la historia como un político que luchó contra la impunidad.