Entre los que siguen la información más allá del ruido mediático, la detención de José Pedraza, acusado de haber sido el instigador del asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, se caía de madura. Sus abogados se la anticiparon la semana pasada, y le adelantaron que no tenían elementos para evitarla. En las más altas esferas del Gobierno también lo sabían. Nadie conocía con exactitud el momento en que se produciría, pero entendían que era inexorable. Quienes tomaron la decisión, la jueza Wilma López, con el apoyo del fiscal Fernando Fiszer, son considerados dos profesionales serios y muy técnicos, aunque es posible que mantuvieran informada de algunas de sus decisiones a Cristina Caamaño, la antecesora de Fiszer en esta causa y ahora secretaria de Seguridad Operativa de la ministra de Seguridad, Nilda Garré. Caamaño fue la que le dio el primer impulso al expediente, con la indignación propia del sentido común: a Mariano lo emboscaron y lo mataron como un perro; quienes lo atacaron eran mano de obra violenta contratada con la promesa de ingresar a trabajar en el Ferrocarril Roca; Pedraza y sus hombres habrían comandado las acciones violentas por teléfono y desde la sede de la Unión Ferroviaria, mientras la Policía Federal hacía la vista gorda.
Es cierto: el Gobierno, esta vez, hizo todo lo posible por impulsar la investigación. Fue una orden explícita del ex presidente Néstor Kirchner antes de morir, después de la mala sangre que se hizo al enterarse de que Cristian Favale, uno de los acusados de disparar, había estado con los ministros de Economía, Amado Boudou, y de Educación, Alfredo Sileoni, en una peña partidaria. Sus amigos sostienen que Kirchner, en persona, habló con un testigo, quien le habría relatado cómo fue la matanza. También afirman que el ex presidente le ofreció garantías para que fuera a declarar. Horas antes, y también desde Olivos, había partido la orden de involucrar a Eduardo Duhalde en el asesinato. Las fotos de Favale con los ministros hicieron trizas la operación antes de empezar.
Ahora que Pedraza está preso, es injusto responsabilizar a Boudou, a Sileoni o cualquier funcionario del Gobierno por el crimen. Tan injusto como pretender que el dirigente ferroviario nunca tuvo nada que ver con el Gobierno, desde que empezó a gobernar en mayo de 2003. Pedraza fue parte del sindicalismo de los 25, que combatió los ajustes del gobierno de Raúl Alfonsín. Convalidó la privatización de los ferrocarriles que impulsó Carlos Menem y se transformó en socio, a través de la Unión Ferroviaria, de empresas vinculadas al sector, al mismo tiempo que el sindicato perdía afiliados de a miles. Cuando Kirchner asumió, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, lo sentó a una mesa junto con los principales empresarios del transporte para acordar un sistema de subsidios escandaloso, sin brújula ni control, del que todos ellos resultaron beneficiarios, en detrimento de los millones de pasajeros que viajan todos los días en tren. Pedraza no es kirchnerista, ni Cristina Fernández de Kirchner puede ser considerada pedracista por haber aparecido en un acto con la gorra de la Unión Ferroviaria (UF), pero el sindicalista preso, igual que Juan José Zanola y Hugo Moyano, apoyó o sigue apoyando al Gobierno por conveniencia. Por lo demás, esta administración usa a los caciques sindicales cuando le conviene, y se despega de ellos justo en el instante en que las papas empiezan a quemar.
Esta manera tránsfuga de hacer política no es exclusiva del kirchnerismo, pero revela la enorme distancia que hay entre los dichos y los hechos de quienes gobiernan. La ex ministra de Salud Graciela Ocaña fue presentada por Cristina Fernández como un ejemplo inédito de transparencia y conciencia de género. Al designarla, la Presidenta destacó que era la primera vez que una mujer de cuya honestidad nadie dudaba era elegida para manejar el tercer presupuesto del país. Menos de dos años después, Ocaña salía catapultada de la administración, derrotada, luego de haber intentado, sin éxito, evitar que más de cincuenta obras sociales sindicales vinculadas al Gobierno se llevaran cientos de millones de pesos que no les correspondían. Ese manejo discrecional del dinero ajeno es una de las razones, junto con la entrega de medicamentos truchos, por las que una decena de sindicalistas -entre ellos, Moyano y Gerónimo "Momo" Venegas- están siendo investigados por la justicia federal.
Cuando altos funcionarios de la mesa chica de la Presidenta sostienen que ella, en el fondo, desprecia a Zanola, a Pedraza y a Moyano, y que más de una vez discutió con el camionero mano a mano, con insultos incluidos, se debe recordar que hace muy poco, el jueves 27 de enero, Cristina Fernández le puso la firma, a través de un decreto de necesidad y urgencia, al desembolso de 250 millones de pesos para las obras sociales sindicales. Ocaña afirma que ese dinero no es de los gremios, sino de todo el sistema de salud, porque las obras sociales reciben por sus prestaciones otros subsidios. Aquellos 250 millones de pesos son parte de un fondo que tiene un saldo de más de 6000 millones de pesos.
La entrega de semejante cantidad de dinero y la promesa de distribuir mil millones antes de que termine el año confirmaría la decisión de la Presidenta de ir por la reelección. También revela la enorme influencia que mantiene Moyano sobre la jefa del Estado.
¿Quién metió preso a Pedraza? Un fiscal y una jueza que hicieron lo que tenían que hacer, la enorme presión de la militancia del Partido Obrero, y la familia de Mariano. Nadie, ni el Gobierno ni la oposición política, tiene derecho a colgarse ninguna medalla.
Publicado en La Nación