En una reunión celebrada en la terraza del edificio central de la Aduana, el número uno de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, instruyó a un grupo de altos funcionarios para que denunciaran con urgencia, por evasión impositiva, sin posibilidad de prórroga ni descargo, a un grupo de personas y empresas, entre las que se encontrarían Clarín, la Editorial Perfil y La Cornisa Producciones.

El encuentro tuvo lugar entre el 7 y el 11 de febrero, y el propio Echegaray habría revelado allí el verdadero motivo de semejante apuro: dijo que habían caído muy mal entre las máximas autoridades del gobierno los cuadernillos con los capítulos actualizados de El Dueño que aparecieron junto con la revista Noticias durante los dos primeros meses del año. A los altos funcionarios que escuchaban con atención a Echegaray en la terraza de la Aduana les quedó la duda de quiénes fueron los que dieron la orden de “mandar a La Cornisa a penal”, si la Presidenta o el jefe de la AFIP. La directiva fue impartida la misma semana en que Noticias publicó el capítulo “¿Ya se hizo justicia?” donde se revela que el 23 de abril de 2009 cuatro altos funcionarios de la AFIP habían viajado a Río Gallegos para corregir la declaración jurada de Néstor Kirchner y compatibilizar las inconsistencias que tenía después de haber cruzado datos con las declaraciones juradas de Lázaro Báez, Rudy Ulloa y otros.

La revelación

La información sobre la instrucción de Echegaray me fue revelada por una alta fuente de la AFIP el lunes 14 de febrero, en horas de la tarde. La misma fuente me ratificó la existencia de la orden política el martes 9 de marzo, cerca de las 18:30 horas.

Con esa información me presenté el pasado martes 15 de marzo ante la justicia penal para denunciar a Echegaray y a todos los empleados de la AFIP que participan en esta maniobra por los delitos de “coacción agravada “y “abuso funcional”. Las pruebas adicionales las aportaré cuando el fiscal o el juez que salieron sorteados para tramitar la causa me llamen a declarar.

Coacción agravada es cuando un funcionario utiliza las amenazas con el fin de que una persona haga, no haga o deje de hacer algo contra su voluntad. Y denuncié a Echegaray porque estoy seguro de que  la acción de la AFIP no tiene como último objetivo evitar la supuesta evasión de impuestos. Lo que pretende el hombre del gobierno, en este caso, es que deje de publicar, bajo la amenaza de ser colocado como un supuesto evasor, informaciones que pueden comprometer a altos funcionarios, entre los que se encuentra él mismo. Su responsabilidad en la orden de entregar subsidios de la ONCCA a una empresa que tiene domicilio en un inmueble a nombre de su esposa es solo uno de los hechos.

El gobierno ya sabe que firmé  un contrato con Planeta para publicar un nuevo libro. Y lo sabe a pesar de que ese contrato tiene una claúsula de confidencialidad. Esto implica que ni los directivos de la editorial ni el autor podemos revelar cuestiones como el título o la fecha de salida de la obra, a menos que lo acordemos de manera explícita, y de antemano. La amenaza de denunciar a la productora ante la justicia penal tributaria y más tarde presentarme en los medios oficiales y paraoficiales como un supuesto evasor persigue un doble propósito: enviarme un mensaje amenazante para que no publique el libro o desprestigiarme una vez que sea publicado para desacreditar el trabajo y la información contenida en él.

El ritmo de la persecución

¿Por qué sostengo que no se trata de una inspección transparente sino de una persecución? Porque además de la alta fuente anteriormente citada, nos lo reconoció, en la propia oficina de la productora, uno de los inspectores de la propia AFIP.

Después de la publicación de los cuadernillos de El Dueño en Noticias, la fiscalización a La Cornisa tomó un ritmo inusitado y empezaron a suceder cosas más extraordinarias todavía.

El pasado jueves 17 de febrero escribí en el diario La Nación que la AFIP usaba a los técnicos como periodistas porque le pedía todas las semanas informes sobre casos mediáticos que pudieran alimentar denuncias espectaculares. Y dos días hábiles después, el martes 22 de febrero, una escribanía y una constructora recibieron una extraña visita de un inspector de la AFIP para confirmar la compra de propiedades a mi nombre, iniciándose así una nueva investigación no ya a la productora sino también a la persona física. Nuestros abogados sostienen que esa fulminante decisión se tomó más para amedrentarme que para obtener información, porque se tratan de operaciones inmobiliarias realizadas hace tiempo, y que son consideradas no investigables para la justicia penal tributaria.

Entre la nota de La Nación y la visita de los inspectores a la escribanía, sucedió otro hecho curioso, que prueba, sin dudas, que el propio Echegaray está detrás de la persecución: su vocero, Pedro López, levantó una cita que teníamos acordada, de antemano, para confirmar datos que son motivo de una investigación periodística en la que vengo trabajando desde noviembre de 2009, cuando salió la primera edición de El Dueño.

La productora La Cornisa, igual que muchas otras empresas y personas, viene siendo investigada por la AFIP desde hace mucho tiempo. Investigar e inspeccionar a las empresas se encuentra dentro de las obligaciones del organismo público. Está bien que lo hagan con todo rigor y la fuerza que les manda la ley. Sin embargo, la sola vista de las actuaciones demuestra que el ritmo del expediente de La Cornisa está sospechosamente vinculado a mi trabajo como periodista.

La secuencia

Esta es la secuencia:

- La fiscalización se inició en septiembre de 2008 y en febrero de 2009 la agencia correspondiente emitió un informe final de verificación sin nada que reclamar.

- Pero en mayo de 2009 firmé un contrato con editorial Planeta para publicar El Dueño y la investigación se reactivó, como por arte de magia.

- En noviembre de 2009 salió la primera edición de El Dueño. Y en febrero de 2010 iniciaron una nueva apertura de inspección.

- En abril del mismo año, 2010, la AFIP informó a la productora que había proveedores observados porque emitieron facturas que no eran propias. Durante el mismo mes, por iniciativa de La Cornisa, se identificó ante la AFIP el nexo entre las personas que prestaron los servicios y los emisores de las facturas observadas. Además, en el transcurso de la investigación, la productora fue rectificando todas las observaciones planteadas por la inspección, y pagando las diferencias observadas, con sus correspondientes multas a intereses.

- Se pagó todo lo reclamado porque desde el principio sospechamos que pretendían mantener viva la inspección con la intención de sostener la presión y evitar que hiciera mi trabajo con tranquilidad.

- En enero de 2011 comenzaron a aparecer los cuadernillos de Noticias.

-Y a mediados de febrero -después de la publicación del cuadernillo que incluía la información del viaje a Río Gallegos de los altos funcionarios de la AFIP para corregir las inconsistencias de la declaración jurada del ex presidente Néstor Kirchner- Echegaray dio la orden de mandar el expediente a la justicia penal. Además, habría dado la instrucción de no aceptar ninguna prórroga ni conceder ningún descargo para que el caso se enviara con urgencia a la justicia penal tributaria y así se le pudiera dar amplia difusión a través de los medios cercanos al gobierno.

- El 25 de febrero la AFIP envió el expediente al departamento de Revisión y Recursos sin aceptar pagos ni descargos para su eventual derivación urgente a Denuncia Penal.

¿La AFIP investiga o extorsiona?

La utilización de la AFIP para perseguir a los que el gobierno considera sus enemigos es algo cada vez más evidente. Algunas decisiones de la oficina pública parecen más venganzas personales que  investigaciones de sabuesos que protegen al fisco.

Estos son algunos de los ejemplos:

- Los 200 inspectores que encabezaron un allanamiento contra las oficinas del diario Clarín lo hicieron el mismo día que  Matías Longoni publicó la primera denuncia sobre corrupción en la distribución de subsidios a feet lots por parte de la ONCCA, investigación que compromete seriamente a Echegaray.

- Juan Martín del Potro recibió una inspección de la AFIP después de haber rechazado, con elegancia, la invitación que le hizo la presidenta para asistir a la casa Rosada con motivo de su triunfo en el Abierto de los Estados Unidos. La misma Cristina Fernández lo llamó por teléfono para que concurriera. Y el desplante del tenista tuvo su costo: no solo Juan Martín sino también su padre, Daniel, fueron visitados por los hombres de la oficina recaudadora.

- Seis integrantes de la Comisión Directiva del Club de Rugby Los Cardos, en Tandil, recibieron una oleada de inspecciones  inmediatamente después de que Echegaray fuera abucheado por los socios de ese club durante un partido de rugby. Sucedió durante los días más calientes del conflicto con el campo. En ese entonces era el titular de la ONNCA. El había concurrido a ver a su hijo, quien juega en Hindú. Pero se tuvo que ir del lugar por el escrache de los productores. De los 16 miembros de la Comisión Directiva de Los Cardos, 6 empezaron a ser investigados por la ONCCA y por la AFIP.

-También le cayó una inspección integral a la empresa de limpieza Ricardo Bilbao, la misma que impugnó una licitación para el servicio de limpieza de la AFIP luego de que fuera desplazada por Limpialux SA, la firma del Grupo Peluso. Bilbao había cotizado sus servicios un 50 por ciento menos que Limpialux: 7 millones de pesos contra 15 millones de pesos. Los mismos inspectores reconocieron ante el periodista Matías Longoni, de Clarín: “Nos mandan por el quilombo que armaron en la AFIP”.

- Longoni es el periodista que más y mejor investigó a Echegaray. Fue el primero que publicó el escándalo de los subsidios de la ONCCA y el que detectó que uno de esos subsidios iba a ser otorgado a una empresa cuya dirección coincide con el domicilio de la esposa del número uno de la AFIP. Longoni fue atacado sistemáticamente por Echegaray y su hombre de prensa. Le iniciaron una demanda y el vocero del jefe de la AFIP preparó una carpeta con información negativa que distribuyó entre varios colegas.

El excesivo celo para investigar a Clarín, Del Potro, los integrantes de la Comisión Directiva de Los Cardos y la empresa de limpieza, por citar los casos más escandalosos, es la contracara de la delicadeza con la que tratan, por ejemplo, a la constructora Gotti, empresa a la que permitieron resolver sus millonarios inconvenientes impositivos antes de llegar a la justicia penal.

El gobierno del presidente Alberto Fujimori utilizó un método idéntico al de Echegaray. El ejecutor de semejante maniobra de llama Jorge Baca Campodónico y fue condenado por implementar un sistema denominado RUC sensible. RUC significa Registro Unico de Contribuyentes. Y era sensible porque el gobierno peruano lo utilizaba para proteger a sus amigos y perseguir a los opositores. La instrucción de Fujimori dio lugar a un proceso judicial. Baca Campodónico fue detenido en Buenos Aires cuando visitaba la Argentina como representante del Fondo Monetario Internacional. Estuvo preso durante cuatro años.

¿Por qué la mayoría de las personas y los empresarios perseguidos injustamente por la AFIP no denuncian a sus autoridades? Porque tienen miedo de ser perseguidos de por vida, aunque tengan sus papeles en orden, o sus errores no sean motivo de una causa penal.

El próximo libro

La Cornisa fue pagando todos los cargos reclamados por la AFIP durante la investigación. Por lo tanto ya no hay perjuicio fiscal y se debería desestimar la demanda. Esto es algo que saben desde un contador recién recibido hasta los tributaristas de mayor trayectoria. Por otra parte, los montos observados son muy pequeños, y para justificar el envío a la justicia penal, los funcionarios de la AFIP que responden a Echegaray forzaron la suma de ajustes técnicos que son discutibles, como la inclusión de demandas judiciales perdidas de antemano o el haber pasado a pérdida parte del crédito de empresas que tardan demasiado en pagar.

La intención de los jefes políticos de la AFIP es evidente: quieren meterme miedo, como lo hicieron, por ejemplo, con Marcelo Tinelli y otras productoras. Tienen la intención de presentarme como un delincuente, como lo hicieron con el senador Luis Juez y otros adversarios políticos.

Pero yo no voy a caer en la trampa. Voy a seguir pagando, si corresponde, y voy a defenderme en la justicia penal, si es que los buenos profesionales que tiene la AFIP ceden a la presión política de sus jefes. Tampoco voy a cometer la estupidez de atacar o acusar a la Presidenta, porque no tengo la seguridad de si ella está enterada de estas y otras decisiones parecidas.

Si quieren ponerme nervioso o doblegarme, tampoco lo van a lograr. Ponerse nervioso sería empezar a hacer antikirchnerismo militante, en venganza por las amenazas y las presiones que estoy recibiendo. Actuar igual que los medios paraoficiales bancados por el Estado con las excusa de neutralizar el ataque de los medios críticos. Pero tampoco voy a dejar de honrar mis compromisos. Si con el apriete de la AFIP querían evitar la publicación del próximo libro la respuesta es: estoy trabajando en eso y aunque me manden 200 inspectores, pidan mi cabeza a los dueños de los medios donde trabajo o decidan sustanciar una denuncia penal a través de mecanismos irregulares, lo voy a escribir igual. Con equilibrio. Sin odio. Y sin miedo.