El caso que involucra a Sergio Schoklender puede llegar a transformarse en el peor escándalo de corrupción desde que Néstor Kirchner asumió como Presidente hasta ahora. Y no solo por el monto en cuestión ni por los componentes psicológicos del vínculo entre Hebe de Bonafini y el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Es porque revela, más que ningún otro, un sistema de ejercicio y administración de poder que debería llevar a más de un alto funcionario público a la cárcel si la justicia funcionara de manera independiente.

Veamos:

- Los fondos autorizados para que la Fundación realizara viviendas superan los 1.200 millones de pesos y la transforman en la mayor constructora del país después de Techint.

- Se trata de las viviendas sociales más caras del mercado. Entre el 50 y el 80 por ciento comparadas con las demás.

- Los recursos públicos fueron dados por contratación directa y no por licitación pública.

- Hay documentos que prueban que la Nación presionó a provincias y municipios para que contrataran a la constructora de las Madres y no a otras.

Es decir: desde los más altos niveles del Estado se tomó una polémica decisión pasando por encima de la ley, y sin las correspondientes auditorías y controles.

El otro elemento que hace al caso escandaloso es la motivación por la que el gobierno cedió a las Madres el formidable negocio.

No lo hizo por altruismo.

No lo hizo en homenaje a los 30 mil desaparecidos.

No lo hizo por su evidente sensibilidad popular.

Lo hizo a cambio de obtener le legitimidad, el prestigio y el halo de incorruptibilidad que no tenía cuando asumió.

Lo hizo para pegarse a la marca Madres de Plaza de Mayo, el ícono de lucha humanitaria más importante de los últimos años.

Es decir: primero, Néstor Kirchner lo hizo. Y después, sus exégetas se encargaron de explicarlo. Y ahora, si en la Argentina todavía quedan algunos fiscales y jueces con pantalones, deberán aclararlo, también, ante los tribunales federales.

El mecanismo no es diferente al que se empleó con Lázaro Báez y la obra pública en Santa Cruz; con Hugo Moyano y los fondos de las obras sociales sindicales que incluyen el escándalo de la mafia de los medicamentos; con Julio Humberto Grondona y los fondos del Fútbol para Todos, con los medios oficiales y paraoficiales que fueron creados o financiados con el dinero de los impuestos que pagamos todos, sin auditoría previa, sin criterio ni control, solo con la única orden del ex presidente o de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El caso Schoklender estalló porque el diablo metió la cola. Porque los aviones, barcos  y autos de lujo del hombre que fue condenado por asesinar a sus padres es un guiso demasiado espeso para digerir, aún para quienes suponen que la economía goza de buena salud y suponen que lo mejor es que siga gobernando la Presidenta.

¿Pero cuánto tiempo pasará hasta que se conozca algún detalle secreto de la fortuna y los manejos financieros de Moyano, de Grondona o de algún advenedizo de los medios de comunicación que recibe decenas de millones de publicidad oficial sin ninguna justificación válida, más que la de responder a las directivas del gobierno nacional?

A esta altura del partido, la duda sobre si Hebe de Bonafini lo sabía es aleatoria. Igual de secundario es el debate de si Cristina Fernández estaba al tanto o no de todos los negocios y pactos no escritos que había sellado su marido con decenas de intendentes, sindicalistas, empresarios y dueños de medios de comunicación.

Los hechos están a la vista.

Solo basta compararlos con el código penal para comprobar cuáles se encuentran adentro y cuáles por encima de la ley.

Es probable que las dudas de la Presidenta sobre si presentarse o no para las elecciones de octubre tengan que ver, también, con esto.

¿Está en condiciones de fundar un nuevo sistema de decisiones que termine con el reparto de millones de pesos del Estado para los amigos y persecución fiscal, mediática y judicial para los enemigos o se verá obligada a profundizar “el modelo” de ejercicio de poder que inauguró su compañero en 1987, cuando asumió la intendencia de Río Gallegos?

Para la primera opción, Cristina Fernández deberá sacarse de encima a sus colaboradores más cercanos, incluso a quienes ahora trabajan para una futura reforma de la Constitución que garantice su continuidad más allá de 2015. Para la segunda, a la Presidenta no le quedará más remedio que profundizar la estrategia imaginada por Néstor Kirchner: desalentar todo tipo de contrapeso u oposición, sea política, de prensa o judicial, de cualquier manera.

De cualquier manera significa, otra vez, por encima de la ley.

Publicado en El Cronista