A veces me parece que la historia reciente de la Argentina es como una pesadilla interminable donde todo vuelve a empezar. Apenas estalló la crisis de diciembre de 2001, junto con la organización Poder Ciudadano, impulsamos una iniciativa popular para derogar las jubilaciones de privilegio. Hicimos un trabajo ciclópeo. De un esfuerzo inconmensurable. Constante. Todos los días, de 6 a 9 de la mañana, desde La Cornisa Radio, en RadioShow, la emisora de Marcelo Tinelli, convocábamos a la audiencia para firmar las planillas que incluían un reclamo explícito al parlamento para que transformara en ley de eliminación de las jubilaciones de privilegio.

El texto era breve, sencillo y contundente. Decenas de miles de personas lo firmaron. En la calle o en la puerta de la radio. Validaron así lo que constituyó la primera iniciativa popular que llegó al Congreso de manera exitosa. Al mismo tiempo, dedicábamos una sección del programa a entrevistar a los responsables de las comisiones legislativas que debían tomar cartas en el asunto. Los comprometíamos a involucrarse, frente a una enorme audiencia. Fue el antecedente más directo de lo que hoy se conoce como Change.org.ar, la plataforma de petición en línea que genera y busca apoyo para causas justas. En mayo de 2002 ambas cámaras acordaron derogar las jubilaciones de privilegio “futuras”. El 23 de octubre del mismo año el Senado hizo lo mismo. Pero el 17 de noviembre el Presidente, Eduardo Duhalde, vetó la ley casi en su totalidad.

Ese veto significó una enorme desilusión para quienes impulsamos el proyecto. Porque ese día, Duhalde, decidió que ni a los jueces de la Corte, ni a los diplomáticos ni los obispos, se les debían quitar sus jugosas jubilaciones, obtenidas a partir de regímenes especiales. A través del mismo decreto, Duhalde aceptó la derogación de las jubilaciones especiales para legisladores nacionales y funcionarios del Poder Ejecutivo, como ministros, secretarios y subsecretarios. Sin embargo mantuvo el privilegio para ex presidentes y ex vicepresidentes. Cuando lo fui a ver para pedirle explicaciones, Duhalde mi dijo que no quería someter al Estado a una ola de juicios que seguramente perdería. Años después entendí, de manera cabal, por qué Duhalde hizo lo que hizo: en Argentina, por más emergencia que se declare, ninguna corporación resigna sus privilegios. Entonces no me puse demasiado triste porque no tenía tiempo. Estaba ocupado, junto con decenas de organizaciones y personas, en lograr, antes de que terminara el año 2002, que se transformara en ley el proyecto “Contra el hambre más urgente”. ¿Cómo se nos ocurrió? La exitosa experiencia de la iniciativa popular para eliminar las jubilaciones de privilegio nos hizo soñar con algo todavía más tangible: atacar el urgente problema de la desnutrición infantil, exacerbado por la crisis de diciembre de 2001. Con mucha y buena energía lo logramos. El proyecto se convirtió en ley durante la madrugada del 27 de diciembre de 2002. No quiero olvidarme de los principales impulsores: La Nación, a través de Fernán Saguier, Red Solidaria, a través de Juan Carr, Poder Ciudadano y el Grupo Sophia, que entonces integraban Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.

Todos, junto con cientos de voluntarios, ad honorem, logramos casi un millón y medio de firmas para transformar al proyecto en una iniciativa popular. Además algunos nos involucramos, desde el principio, en la elaboración y la letra chica del proyecto. Es que su objetivo era muy claro y su prioridad indiscutible: alimentar como se debía a cerca de 2 millones de niños entonces menores de 5 años y mujeres embarazadas, en todo el país. Sin embargo, ponerlo en marcha no iba a ser fácil. Entonces hicimos algo más: comprometimos a todos los candidatos a Presidente para que lo pusieran en marcha de inmediato. Un mes y diez días después de hacerse cargo, el presidente Néstor Kirchner anunció su puesta en marcha en el Salón Blanco de la casa de gobierno. Kirchner empoderó a su jefe de gabinete a reasignar partidas para hacerlo posible. Se lo permitiría la ley de emergencia. La misma de la que se había valido Duhalde para gobernar y que siguió en vigencia hasta después de 2015. Kirchner dejó para el secretario de Políticas Sociales del ministerio de Desarrollo Social que comandaba Alicia Kirchner la tarea de comunicar los detalles de su funcionamiento. El jefe de gabinete de Kirchner es el actual presidente Alberto Fernández. Y el secretario que estaba en los detalles es el actual ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

El Plan contra el Hambre más urgente funcionó bien, aunque también fue atravesado por la competencia electoral entre Kirchner y Duhalde. Por eso algunos vivos pretendieron usarlo para su beneficio personal y político. No pudieron. Junto a Saguier aceptamos, en un principio, usar nuestro oficio para denunciar cualquier signo de ineficacia o la más mínima irregularidad. Y lo hicimos. De hecho fuimos los primeros y los únicos que publicamos la existencia de situaciones poco transparentes. Tampoco nos pareció adecuado tomarnos ninguna foto para publicar. Ni con los legisladores que apoyaron la ley ni con los integrantes del Poder Ejecutivo que la pusieron en marcha. Arroyo, a quien considero una persona de bien, me dijo, no hace mucho, que la experiencia acumulada en la implementación del Plan contra el Hambre más Urgente podía garantizar el éxito de la nueva iniciativa que impulsa el nuevo Consejo Federal contra el Hambre. En las últimas horas anunció que para marzo ya habrán entregado el 80 por ciento de las tarjetas alimentarias. No me molesta que Narda Lepes, Estela de Carlotto, Marcelo Tinelli o Martín Caparrós formen parte de la iniciativa.

Lo que importa es que no la abandonen mañana o pasado. Considero que la actual crisis –por cierto, gravísima- no es similar a la que explotó en diciembre de 2001. Tampoco me parece honesto que no se incluya, en el diagnóstico del nuevo oficialismo, junto con la “pesada herencia” del gobierno de Mauricio Macri, la bomba de tiempo que dejaron antes de irse Cristina Fernández y Axel Kicillof. Deseo, como cualquier argentino de bien, que el actual Presidente encuentre el camino para detener la caída de la economía. Todavía no entiendo para que necesita nueve facultades delegadas por el congreso. Y temo que tanta concentración de poder lo convierta en presa fácil de los grupos de presión. También espero que restituya cuanto antes alguna fórmula lógica de movilidad del sistema previsional para que los aumentos a jubilados no dependan exclusivamente de su lapicera. Pero sobre todo espero que ni él ni sus ministros pasen por encima del congreso para cometer actos de corrupción como los que se cometieron durante los últimos años. Es decir: que la película de siempre tenga, por una vez, un final distinto, y feliz.