La abogada experta en temas de corrupción Silvina Martínez amplió su denuncia contra funcionarios del ministerio de Desarrollo Social a quienes acusa de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes y fraude a la administración por haber convalidado sobreprecios en las compras de alimentos.

Además detalló seis nuevos casos donde los precios pagados fueron superiores a los denominados precios máximos en supermercados minoristas y también comparados con los supermercados mayoristas.

Martínez anticipó el texto de la ampliación de la denuncia ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas en La Cornisa, el programa que conduce Luis Majul.

Lo novedoso de esta denuncia es que revela casos de compran convalidadas por el gobierno de Alberto Fernández en los primeros días de 2020. Es decir, antes de la irrupción del Covid- 19 en Argentina. Además, los sobreprecios se registran no solo en el área del ministerio de Desarrollo Social sino también a otras dependencias oficiales.

Martínez, en su ampliación de denuncia, señaló: “No resulta clara la información en relación a los bienes adquiridos ya que en muchas oportunidades se solicita determinadas unidades tomando como unidad de medida el kg pero los paquetes o envases no poseen esa unidad por lo que resulta confuso determinar el precio unitario de los bienes contratados”. Y advirtió:” siempre se usa la misma metodología: muchas empresas se presentan, pero pocas confirman la oferta. Y el sobreprecio en los productos es escandaloso”.

Los casos que denunció Martínez son los siguientes:

-Fideos semolados. 1.665.000 paquetes de 500 gramos. Se presentaron 8 empresas, entre las cuales se encuentra Sol Ganadera, ya sospechada. Martínez dice que si confirman la compra el Estado terminaría pagando casi 29 millones de pesos cuando si un mayorista lo conseguiría a menos de 19 millones de pesos.

-Una partida de Harina de trigo tipo 000. No solo la estaría comprando con un sobreprecio de casi el doble, sino que una de las empresas, Cengi, tiene como objeto principal no la compra y venta de alimentos sino la venta mayorista de ropa desde un local del barrio de Once.

-Mermelada de durazno. El Estado terminaría pagando casi 9.200.000 pesos cuando en el mayorista lo podría conseguir a 8 millones de pesos.

-Granos de choclo tipo cremoso: Otra vez aparece Sol Ganadera, entre otras. Si se confirma la compra el Estado terminaría pagando 32 millones de pesos contra los 16 que gastaría si se lo adquiere a un mayorista.

-Azúcar común tipo A. Aquí aparecen dos curiosidades. Una, la participación de una empresa con un curioso nombre: “Nomerobo”. Y otra: “Nomerobo” pertenece a la intermediaria Copacabana, que aparece en la denuncia original de sopreprecios. Según Martínez, el Estado pagaría por 2.610.000 unidades más de 226 millones de pesos, pero si comprara de acuerdo a los precios publicados debería desembolsar solo 130 millones de pesos.

-Puré de tomate: Otra vez aparece Sol Ganadera. En este caso, el Estado convalidaría la compra de 342.000 latas a más de 33 millones de pesos cuando la podría conseguir, en cualquier mayorista, a un poco más de 18 millones de pesos.

Silvina Martínez argumenta en la ampliación de denuncia: “No estamos frente a unos cuantos casos aislados. Estamos en presencia de una evidente cartelización”.

Y finalizó así: “Siempre afirmamos que la corrupción mata. Pero en este momento de emergencia económica y sanitaria, con el mundo paralizado por el Coronavirus, existen unos pocos empresarios inescrupulosos que buscan enriquecerse a costillas de los mas necesitas. Y existen unos funcionarios corruptos que aceptan y participan de estas practicas a cambio de dinero.