El gobernador de Cordoba, Juan Schiaretti, se bajó el sueldo un 45 por ciento. Lo hizo durante los próximos cuatro meses. En Mendoza, ningún funcionario público puede cobrar más de 50 mil pesos hasta que amaine la pandemia. El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, propone reducir los sueldos de los funcionarios un 25 por ciento. Pero el presidente Alberto Fernández sigue sosteniendo, por ahora, que bajar el salario a los funcionarios públicos de la administración nacional sería una medida demagógica, porque no tendría ningún impacto real en el gasto público.
Hay una pregunta pertinente para hacer ¿no tiene un impacto real o nadie se quiere poner a analizar cuál sería el verdadero impacto? Porque además de los salarios, lo que se debe discutir es el criterio de los gastos. Desde la cantidad de asesores hasta las decisiones por disponer de partidas presupuestarias.
El próximo domingo, en La Cornisa, vamos a revelar decisiones caprichosas que implican no solo un enorme gasto, sino también una clara sospecha de corrupción, porque de otra manera no se explica cómo se tomaron. Cuando un economista como Roberto Cachanovsky sostiene que haciendo bien las cuentas se podría ahorrar hasta 6 mil millones de dólares, y que esa masa de dinero se podría aplicar a dinamizar la economía, que hoy está en ruinas, del otro lado le gritan que es de derecha. Sin embargo, más allá de los gritos, nadie quiere discutir con él, con una calculadora en la mano.
Mientras tanto, la abogada Silvina Martínez sigue preguntando, en su condición de ciudadana que pide información pública, si Cristina Fernández continúa cobrando dos cheques del Estado. Una como vicepresidenta y otra como viuda de un Presidente. Y del otro lado, nadie le contesta. Ni la oficina correspondiente al ministerio de Desarrollo Social, ni la ANSES. Tampoco ninguna otra oficina pública que debería poseer ese dato.
Una línea final: la ley dice que no puede cobrar dos las dos cosas. Por la pensión graciable cobraría 600 mil pesos. Por su cargo de vicepresidenta cerca de 250 mil pesos en la mano. Y eso, sin contar los gastos de custodia, movilidad y viáticos, que le corresponden por el cargo que ostenta.
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