El caso Candela Rodríguez contiene casi todos los elementos de la miseria humana que se pueden encontrar. Y no son pocos ni mínimos. Para empezar: alguien capaz de asesinar a una niña de 11 años frente al dolor de su madre y ante la mirada de millones de argentinos. Para seguir: la presunta existencia de una banda mixta integrada por policías en actividad, ex policías y narcotraficantes, como si fuera algo habitual. O peor: algo a lo que deberíamos empezar a acostumbrarnos. También parecen miserables los funcionarios de un gobierno nacional que se muestran ajenos al crimen y eligen poner el acento y la culpa en el comportamiento de los medios de comunicación, como si fuera un suceso que hubiese acontecido en otro planeta. Y no son menos los otros funcionarios nacionales sólo preocupados en comparar la manera en que la presidenta Cristina Fernández recibió en la Casa Rosada a la mamá de Candela con la acción del gobierno de la provincia, cuyos hombres difundieron la imagen de Daniel Scioli junto a Carola Labrador en el preciso instante en que tuvo que reconocer el cadáver de su hija. Se destacan por su miserabilidad periodistas militantes que responden al poder de turno y cargan las tintas sobre otros periodistas, como si éstos hubieran facilitado el secuestro y el crimen de la niña. Se debe computar también el uso fallido de los medios de comunicación por parte de la madre como un recurso desesperado para obtener la libertad de su hija. Y la sobreactuada indignación de algunos periodistas que dijeron sentirse utilizados por los padres, que no dijeron toda la verdad ni frente a las cámaras ni frente a los investigadores judiciales. La mezquindad y el aprovechamiento de algunos líderes de la oposición en plena campaña electoral, para intentar conquistar algún voto ante la conmoción que produjo el asesinato, completan el conjunto de reacciones miserables. En este sentido, el candidato a presidente Alberto Rodríguez Saá, quien prefirió no opinar en medio de espeso clima, constituye una excepción.

Pero, además de todo eso, el caso Candela estaría revelando, de manera brutal, la verdadera cara del crimen cada más violento y más "desorganizado" que impera en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Lo explicó el domingo, por televisión, el abogado Víctor Stinfale, alguien que supo defender a "transas", "narcos", "piratas del asfalto" y "asesinos a sangre fría". Stinfale supone, como los investigadores judiciales y la policía de la provincia, que no se trata de un típico caso de inseguridad sino de un ajuste de cuentas entre bandas. Que la culpa de casi todo la tiene el paco, porque multiplicó el tráfico de droga a pequeña escala e inundó los asentamientos de centenares de bandas capaces de atacarse entre sí. "El secuestro entre narcos viene sucediendo desde hace mucho tiempo", dice. Es muy común, señala, que se formen bandas "mixtas" de ladrones para secuestrar a los "transas" o a sus familiares "después de algún cobro grande". En muchas ocasiones, los "transas" pagan "el rescate" con "cocaína", "armas" o "dinero en efectivo". ¿Eso pudo haber pasado con Candela Rodríguez, después de que la secuestraran a treinta metros de su casa y la tuvieron cautiva durante más de una semana? Sostiene el experimentado abogado: "En la escucha les dicen [a los padres]: pagame lo que me debés. Y si no les pagás sos [considerado, para la mente de este tipo de delincuentes] un maleducado y un atrevido. Y (por eso) le dieron a la nena". ¿Eso qué quiere decir? "Que sintieron que los estaban provocando y por eso la mataron. Si ellos la hubieran querido ejecutar, lo habrían hecho el día uno. Pero la educaron y le aplicaron un correctivo: así piensa el delincuente", explica, con la naturalidad de quienes conocen el submundo del crimen.

Stinfale habla en el lenguaje de los transas y los narcos, para que se entienda bien. Sin embargo, no alcanza a comprender cómo el caso de Candela Rodríguez tuvo tanta repercusión. Afirma que el secuestro extorsivo entre bandas es algo tan común que, por lo menos para él, no constituye ninguna novedad. "Se ajustan entre ellos todo el tiempo. Lo que pasa es que lo hacen sin tanta publicidad." El abogado supone que la mamá de Candela usó a los medios para presionar a los secuestradores de su hija y que éstos la liberarían antes de ser atrapados por la policía. "Pensó que iban a caer, pero los tipos, para mí, se sintieron tocados. Dijeron: «¿Así que estamos rodeados? ¡Tomá! ¡Pum! Aquí tenés el paquete». Repito: ésta es la lógica criminal. Y esto es lo que pudo haber pasado."

Stinfale es optimista. Cree que, más temprano que tarde, los que secuestraron y asfixiaron a Candela van a ser detenidos y condenados. Y basa su certeza en que se trata de una banda poco profesional, muy parecida a las muchas que viven de lo mismo en la provincia de Buenos Aires.

La posibilidad de que se trate, en efecto, de un caso poco común o de un ajuste de cuentas entre bandas sirve para quitar presión política al gobernador Scioli a menos de dos meses de las elecciones generales. Sin embargo, debería preocupar todavía más a cualquier dirigente responsable que piense a la Argentina como una comunidad en desarrollo y con capacidad de vivir en paz. Hace diez años casi no existía el paco y los argentinos mirábamos a Colombia o México como dos países malogrados por el narcotráfico. Hoy empieza a parecer normal que asesinen a una niña porque alguien, supuestamente, no pagó lo que debía a unos transas que se lo venían reclamando. Si los que deben impedirlo lo asumen con tanta naturalidad, ¿qué deberíamos esperar para los próximos diez años?

Publicado en La Nación