Hay dos pistas para averiguar si Argentina se convertirá en Venezuela. Uno: si el congreso aprueba la apropiación de Vicentín, tal como lo presentó el “manual de guerra” de Máximo Kirchner. Y dos: si Cristina Fernández logra hacer caer la causa por la obra pública de Santa Cruz en la que ella está procesada como jefa de una asociación ilícita.
Para evitar que el proyecto de ley de expropiación se apruebe así como está, parece que la llave en Diputados la tiene que bloque que responde a Roberto Lavagna. Una decena de legisladores que le impedirían al Frente de Todos lograr la mayoría para aprobar una delirante ley que se llevaría puesta la división de poderes, el funcionamiento de la justicia, y rompería todas las reglas del comercio nacional e internacional. En cambio, para que caiga la causa por la obra pública, la vicepresidenta tendría que doblegar al fiscal, Diego Luciani y a los tres jueces del tribunal, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Sebastián Basso. Son los mismos magistrados a los que Cristina en diciembre del año pasado, amenazó frente a las cámaras de televisión: “¿Preguntas? Preguntas van a tener que responder ustedes ante la historia”.
Este juicio es clave. Si desaparece, también se caen los expedientes de Los Sauces y Hotesur. Es porque están íntimamente vinculados. Los negocios que el gobierno kirchnerista facilitó a Lázaro Báez a través de la concesión de obras públicas fueron devueltos con pago multimillonarios de habitaciones del Hotel Alto Calafate y otros favores. Ayer, Jorge Lanata, en el programa de Alfredo Leuco, por TN, dio en la tecla: “Un indulto es la única manera que tiene (Cristina) de zafar de todas las causas”. Un breve mensaje tranquilizador a los que se preocupan por las últimas operaciones mafiosas y mentirosas: no estamos solos. No tenemos miedo. Y no nos vamos a callar.
Comentario de Luis Majul en CNN Radio