Elisa Carrió ya casi no tiene votos y su futuro político está en serias dudas. Es una de las grandes derrotadas de las elecciones primarias del pasado 14 de agosto y es probable que le vaya todavía peor en las presidenciales del próximo 23 de octubre. Sin embargo, su experiencia como parlamentaria y convencional constituyente y el conocimiento profundo de sus colegas en el Congreso la convierten en una analista política excepcional, aunque para construir mayorías su fracaso haya sido rotundo. El menemismo primero y el kirchnerismo después desataron sobre ella sendos y exitosos planes de pulverización. La acusaron de loca. De denunciadora oportunista sin pruebas. De pronosticadora y pitonisa sin brújula. Sin embargo, sus señales de alerta siguen siendo tenidas en cuenta por la mayoría de la clase política.
El miércoles pasado, en A Dos Voces, Carrió vaticinó que es muy probable que, antes de fin de año, el Frente para la Victoria intente discutir, en el Parlamento, dos leyes clave para el proyecto hegemónico de Cristina Fernández y los que pretenden eternizarse en el poder. Una es la que le permita quitar a Clarín y La Nación el control de Papel Prensa, para manejar la producción y el precio del papel de diario. La otra es una reforma constitucional que le otorgue a Ella la posibilidad de ser reelegida de manera indefinida, tal como lo impusieron los Kirchner en la provincia de Santa Cruz.
La candidata a presidenta de la Coalición Cívica fue más allá: mostró en cámara parte de la plataforma del Frente Amplio Progresista (FAP) de Hermes Binner en la que se incluye la propuesta de pasar de un sistema de gobierno presidencialista a uno parlamentario a través de una nueva reforma de la Constitución.
“Los que voten a los diputados y senadores de Binner tienen que saber que estarán votando a favor de la reelección indefinida de la Presidenta”, explicó Carrió, en un brutal atajo que mezcla información pura con deducción de lo que se viene.
La diputada nacional sabe de lo que habla. Como convencional constituyente, votó en contra del llamado núcleo de coincidencias que le permitió al gobierno incluir la cláusula de reelección de Carlos Menem, por única vez, en la última reforma constitucional, aprobada en 1994.
Los ejes de aquella reforma no eran malos. El problema es que no podían votarse sin que se aprobara, de manera indirecta, la reelección del entonces presidente. Lo mismo podría decirse de una buena parte de la Ley de Medios que se aprobó antes de terminar 2009 con mayoría casi absoluta. Los fundamentos y el espíritu del proyecto se presentaban como progresistas. Sin embargo, el verdadero objetivo, por encima del discurso, era, y sigue siendo, destruir el periodismo crítico, uno de los pocos contrapesos frente al discurso único y el abuso de poder. A casi dos años de su aprobación, en vez de desconcentrar y democratizar los multimedios, se ha construido un nuevo monopolio oficial y paraoficial de desinformación más poderoso agresivo y manipulador que cualquiera de los que el gobierno califica de concentrados y hegemónicos. Y con el caso Papel Prensa sucede lo mismo. Una diputada aliada del Frente Amplio había presentado, en su momento, un proyecto para declarar de interés público la producción y distribución de papel de diario. De ese proyecto aparentemente progresista se está agarrando ahora el gobierno para intentar destruir a Papel Prensa, porque sabe que así neutralizará a uno de los pocos focos de resistencia contra el relato único.
Para reformar la Constitución se necesitan dos tercios de ambas cámaras. Es decir: 219 legisladores. Si se confirman los pronósticos de la mayoría de las encuestadoras el Frente para la Victoria podrá obtener 172, entre propios y aliados ya declarados. Pero si a ese número se le suman los diputados y senadores del FAP de Binner, algunos radicales a los que les cae simpático el sistema parlamentarista y una decena de legisladores “sueltos” que podrían apoyar al gobierno por conveniencia o convicción, el gobierno podría lograr la reforma con un apoyo parecido al que logró la Ley de Medios, el matrimonio igualitario o la estatización de las AFJP. Por supuesto, Cristina Kirchner y sus asesores trabajan ahora para analizar de qué manera presentar la iniciativa. Ya se sabe que la Presidenta no la impulsará de manera pública. Ya se descuenta, también, que será enarbolada como un beneficio para todos los argentinos. Ya se afirma que servirá para mantener latente la guerra política contra medios y periodistas críticos que tantos dividendos le vienen reportando al gobierno, sin la más mínima pérdida de votos. ¿Cómo se parará el gobernador Daniel Scioli y los diputados de la provincia de Buenos Aires frente a esta nueva ofensiva? ¿Cómo lo harán José Manuel De la Sota, Juan Manuel Urtubey o Jorge Capitanich, quienes también sueñan con suceder a Cristina en 2015? ¿Será el operativo Cristina eterna una mera distracción para mantener el poder hasta el último día de su nuevo mandato o la presidenta irá a fondo, como lo hizo su compañero en la provincia de Santa Cruz, cuando pocos creían que lo lograría? La excusa “ideológica y militante” del politólogo Ernesto Laclau ya está servida en la mesa del poder. Con una liviandad digna de un estudiante secundario, Laclau sentenció que la única manera de hacer viables las democracias reales en América Latina es a través de la reelección indefinida de los líderes con los que él simpatiza.
Carrió puede ser apocalíptica y algunas veces dice lo que la mayoría no quiere escuchar. Sin embargo, lo que vaticina ahora no parece una locura: van por todo, envalentonados por lo que será la victoria más aplastante desde 1983 y sin una oposición capaz de detenerlos.
Publicado en El Cronista