Si se concreta la ampliación de la Corte y la Reforma Judicial que impulsa Cristina Fernández, quedará sellada, en la Argentina, la consagración de la impunidad.

Hoy, Roberto Gargarella, a quien nadie podría acusar de antikirchnerista, lo explicó muy bien, en una nota de opinión que aparece en Clarín.

Gargarella hizo algo muy interesante.

Colocó al juicio a las Juntas como el dato más importante contra la impunidad que logró una generación: el juicio y castigo a los culpables de delitos aberrantes, considerados de lesa humanidad, perpetrados por la dictadura más sangrienta de la historia.

Sin embargo, después de eso, en democracia, la corporación política se las arregló para que parte del sistema judicial garantizara la impunidad de la mayoría de sus miembros por los delitos que cometieron.

Hoy, una buena parte de la sociedad argentina, podría decirse que más de la mitad, está pidiendo a sus dirigentes que no garanticen la impunidad de quienes fueron acusados de cometer delitos de corrupción.

Por eso, si Cristina Fernández hizo con Alberto Fernández un pacto de impunidad, y la ampliación de la Corte es la condición para que sea cumplido, tarde o temprano deberían ser castigados por la mayoría del electorado, en el hipotético caso de que lo logren.

Y si no, habremos retrocedido, en materia institucional, a la época anterior al Nunca más, cuando el poder fáctico lo ejercían los militares y sus aliados, pero todavía los comandantes de la Junta no habían sido condenados.

Esperemos que el Presidente y dirigentes como Vilma Ibarra y Gustavo Béliz, solo por la imposibilidad de poner un límite a Cristina, no terminen siendo funcionales a este capricho personal de la vicepresidenta.