Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentó una denuncia que, si se confirma, daría en el centro de la enorme tramoya de la vicepresidenta para lograr su impunidad. Se trata de la presunta existencia de un plan de encubrimiento, que, según los denunciantes, empezó con una campaña de desprestigio contra la causa de los Cuadernos de la Corrupción, siguió con la designación de personas vinculadas a los imputados e incluye el presunto delito de no investigar la corrupción desde los propios cargos donde se deben impulsar las acciones. El fiscal Carlos Stornelli acaba de imputar a algunos de esos funcionarios:

Carlos Zannini, procurador del tesoro.

Juan Mena, secretario de Justicia.

Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos.

Y Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia.

Hoy, en el medio del COVID 19, la crisis económica más grave de la historia argentina, los casos de inseguridad, la negociación abierta por la deuda, parece incluso, difícil de comprender.

Pero habría que guardar este escrito en el archivo.

Puede ser el principio de la megacausa que descubra la enorme cantidad de presuntos delitos que se habrían cometido solo para garantizar la impunidad de Cristina Fernández y unos cuántos más.

Y también el principio del derrumbe moral del gobierno de Alberto Fernández, el presidente que no puede poner límites a la vicepresidenta que lo eligió.

Columna de Luis Majul en CNN Radio