El domingo pasado, en La Cornisa, revelamos la existencia de una grave denuncia judicial contra el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano y parte de la comisión Directiva del Sindicato.
Te contamos que Moyano; Gabriel Aparicio, secretario gremial; Omar Pérez, secretario de Transporte; Omar Dutrá, secretario de Logística y otras quince personas todavía no identificadas, fueron denunciados por los graves delitos de extorsión, privación ilegal de la libertad personal, usurpación y coacción.
Informamos que la denuncia la presentó un hombre muy valiente, llamado Alejandro Castell.
Castell es dueño y apoderado de Andar SRL, una transportista familiar de camiones de carga, con sede en la Ciudad de Buenos Aires y Oficinas en Trenque Lauquen.
Explicamos que Castell había acusado a Moyano de extorsionarlo y de contar para eso con “grupos de tareas” que ejecutaron delitos como “bloqueos ilegales, derrame de cargas y amenazas con armas de fuego”.
Comentamos que Castell nos había dicho que incluso un abogado de la localidad de 9 de julio de apellido Sánchez que responde a Moyano, le había pedido uno de los camiones, de los seis con los que cuenta.
“Dame un camión y el problema se acaba”, nos había contado.
El domingo pasado, en La Cornisa, ya te habíamos advertido que no era una denuncia más.
Que esta denuncia sí, podía comprometer al número uno, al patrón de la Argentina, a Hugo Moyano y no “a unos pocos perejiles”.
Que no la inventó Pirincho.
Que había sido sorteada y había quedado a cargo de Fernando Caunedo, titular del juzgado criminal y correccional número 10 de la capital federal y de la fiscalía criminal número 15, que está siendo subrogada por Ignacio Mahiques.
Bien.
Hoy estamos en condiciones de confirmar que el fiscal Mahiques y el juez Caunedo imputaron a Moyano, Aparicio, Pérez y Dutrá por casi todos los delitos que denunció Castell.
Te los repito porque no es como pasar un semáforo en amarillo. Tampoco es como violar la cuarentena para pasear al perro en un horario no permitido.
Y porque tienen una condena que, en algunos casos, los hace no excarcelables.
Son los delitos de extorsión, privación de la libertad, usurpación y coacción. Coacción significa, para que se entienda bien: un pedido de dinero ilegal.
Guita por debajo de la mesa.
Coimas.
Plata que, según la denuncia, no iría al bolsillo de los choferes, sino a la cajita feliz de Moyano y sus muchachos.
Esto, en términos prácticos y reales, significa que tanto el juez Caunedo como el fiscal Mahiques, suponen, prima facie, que se trata de presuntos delitos que se deben investigar, y eventualmente, comprobar, para después procesar, indagar, y condenar, si correspondiese a los sospechosos.
De nuevo: están diciendo, el fiscal y el juez, que no lo desestiman.
Los aprietes están documentados y registrados.
Y mañana, en una audiencia virtual, tanto su abogada, Florencia Arietto, como el denunciante, Alejandro Castell, quienes acaban de ser aceptados como querellantes, van a ampliar la denuncia y van a aportar más pruebas.
Quizá no viste el informe el domingo.
Tal vez tampoco pudiste ver, o no terminaste de asimilarlo, cuando te lo presentamos el lunes.
Porque parte de esas pruebas están allí.
Y lo que es tan importante como las pruebas.
También está la detallada crónica que prueba el mismo modus operandi de siempre.
Es un documento imperdible.
Ojalá el fiscal y el juez pidan que se lo remitamos.
Lo vamos a hacer con mucho gusto.
Mirá:
Parece que, después de que lo imputaron, Llermanos le dijo a Moyano que se quedara tranquilo.
Pero dicen que cada vez que Llermanos le dice eso, Moyano se pone más intranquilo y más inquieto.
Llermanos cree que, por la logística con que los grupos de choque hacen la operación, es difícil que a Moyano lo agarren con las manos en la masa.
Pero hace rato que la justicia en la Argentina puede responsabilizar de diferentes maneras a los capos que mandan a hacer trabajos sucios, aún cuando no haya un documento con la orden escrita.
Lo pudieron probar los camaristas que acusaron a los comandantes de las juntas militares de la dictadura al condenarlos por delitos de lesa humanidad.
Y también es posible por la vía indirecta probar el presunto rol de instigador del secretario general del sindicato de Camioneros.
¿Cómo?
Con un audio o el propio testimonio de las personas que fueron a apretar o extorsionar a Castell en nombre de Hugo Moyano.
Con el testimonio de otras personas que hayan escuchado, además de Castell, que los muchachos que se ven en las cámaras de videos de seguridad lo venían a visitar “de parte de Moyano”.
O con los antecedes de hechos idénticos, que hayan padecido otros transportistas.
El caso de Nancy Pastorino, de Expreso Pontevedra, que ya está en instancia de juicio oral, parece calcado.
Y algunos dicen que los empleados de Camioneros involucrados en el caso Pastorino, tienen ganas de decir quiénes los habían mandado.
También estamos recibiendo cada vez más denuncias de transportistas pequeños y medianos que habrían recibido las mismas amenazas y los mismos pedidos ilegales que Castell y Pastorino.
Las recibimos en nuestro correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
En medio de tanta porquería hay una buena noticia: algunos transportistas están empezando a perder el miedo.
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Aquí copia de la resolución judicial:
https://luismajul.com/docs/