Cristina Fernández y Oscar Parrilli están desesperados. Y se les nota. Si no, no habrían incluido en el texto del proyecto de reforma judicial la supuesta obligación de los jueces de denunciar presiones mediáticas. Es una propuesta tan delirante que, prácticamente, dejaría a las audiencias sin información sobre las causas judiciales más relevantes de la Argentina. Cualquier medio o periodista podría ser acusado y condenado por criticar el fallo de un juez o el desempeño de un fiscal.

Los periodistas y los medios deberían dejar de consultar a sus fuentes judiciales. Para poner un ejemplo práctico, deberíamos dejar de cubrir las siguientes causas en trámite: la que investiga a la vicepresidente como jefa de una asociación ilícita en la causa de Vialidad, la ruta del dinero k, que está en instancia de juicio oral, Hotesur y los Sauces, donde también está procesada como cabeza de una organización criminal, los Cuadermos de la Corrupción, en la que de nuevo aparece incriminada, y la que la acusa de encubrimiento por impulsar el memorándum de entendimiento con Irán. ¿Puede el capricho de una sola persona romper todo el sistema democrático de un país? Por el bien de la Argentina, esperamos que no.

Columna de Luis Majul en CNN radio