Parece que Cristina Fernández pretende hacer en los próximos cinco minutos lo que ni Ella ni Néstor Kirchner hicieron desde 2003 hasta ahora. Aunque las circunstancias son distintas, porque el capital político del Gobierno es enorme, me hace acordar a la maratón de anuncios que hizo la Presidenta en el medio del conflicto con el campo, a mediados de 2008. En aquellos días de furia, Cristina llegó a prometer, muy suelta de cuerpo, la creación de un fondo especial para hacer nuevos hospitales en el conurbano bonaerense con dinero que el Estado obtendría de una parte de las retenciones a la soja. Lo recuerdo perfectamente porque el proyecto original había sido diseñado por la entonces ministra de Salud, Graciela Ocaña. Se trataba de un borrador al que le faltaba casi todo, menos la urgencia por anunciarlo. La jefa del Estado se lo arrancó de las manos, a medio terminar, porque el tiempo la apremiaba. Hubiera sido fantástico que la promesa se transformara en realidad. Pero habría sido catastrófico si al proyecto lo hubieran puesto en marcha en medio de semejante improvisación.

Lo mismo sucede, por ejemplo, con el quite de los subsidios. ¿Es una decisión correcta? Sin duda. ¿Es verdad, como sostuvo ayer la Presidenta, que había sectores que lo venían pidiendo, por lo menos, desde 2005? Es verdad. Lo que no es cierto es la segunda parte de su afirmación. Porque no es que la mayoría de esos sectores ahora no lo quiere o piensa que está mal. Lo que reclaman es que el Gobierno desmonte el mecanismo de una manera racional y que no afecte a los sectores que menos tienen. La administración hizo un par de anuncios impactantes para hacerle creer a la mayoría de la sociedad que el quite de subsidios tenía una impronta justiciera, nacional y popular. La de arrebatarles a los casinos, las mineras y los vecinos "conchetos" de Puerto Madero, Barrio Parque y los barrios privados y los countries un regalito del Estado que jamás deberían haber recibido. Sin embargo, a dos semanas del primer anuncio, todavía los usuarios no saben con claridad si les va a tocar o no, cuál es el criterio que van a utilizar para incluirlo dentro de los beneficios y cómo va a impactar en su economía cotidiana. Debido a la misma falta de información y precisión, tampoco saben cómo seguirá la película la mayoría de los economistas que se pusieron a analizar de apuro el paquete de medidas. Están aquellos, como Javier González Fraga, que son optimistas y piensan que su buena aplicación propiciará un círculo virtuoso de desaceleración imprescindible de la economía, con menos inflación y más inversión de las empresas de luz, gas y agua, que van a recibir la tarifa plena. Con menos presión de los sindicatos para subir los salarios y más posibilidades de obtener crédito internacional. Y existen otros, como Claudio Lozano, que lo ven parecido a un tarifazo, porque entienden que el aumento de los servicios impactará, de manera indirecta, en casi todos los precios de la economía. Y que los que más sufrirán, como siempre, serán los que tienen menos espalda para soportarlo.

Lo que sería racional, aunque esta afirmación pueda hacer enojar a Cristina Fernández, es que se lo haga de manera paulatina. No al "estilo milico", como sostiene, con razón, el filósofo Tomás Abraham, cuando alude al modo prepotente que tiene este gobierno de imponer sus ideas y acciones. Sin embargo, el "estilo milico" le ha dado beneficios extras impensables. Uno es que, en el medio del vértigo de las acciones, los escandalosos hechos de corrupción que contaminaron durante ocho años la política de subsidios quedan enterrados en el olvido o sobreseídos, como Skanska, la valija de Antonini Wilson y el presunto enriquecimiento de altos funcionarios, incluida la Presidenta. Porque, una vez que se complete el desmonte, por ejemplo, de los subsidios al transporte público, ¿quién se va a acordar de la inmoralidad que significa, para las empresas de colectivos, recibir dinero del Estado a cambio de una declaración jurada sobre kilómetros de recorrido que ningún funcionario controla?

La movida de tirarle por la cabeza a Mauricio Macri el subte responde a la misma lógica vertiginosa y atropelladora. La Presidenta le dio al jefe de gobierno de la ciudad un ultimátum. Se lo quiere entregar antes de fin de año, sea como sea y caiga quien caiga. El operativo, además de tener como objetivo sacarse de encima el millonario subsidio, apunta a cristalizar la imagen de una presidenta activa y decidida contra un jefe de gobierno dubitativo y quejoso. Macri, mientras tanto, deshoja otra vez la margarita. No quiere ser percibido como el líder político que llevó el viaje en subte de 1,10 a casi 4 pesos, de la noche a la mañana.

El martes, también, durante el encuentro con la plana mayor de la Unión Industrial Argentina, la Presidenta pronunció, por primera vez después de muchos años, la palabra inflación , y lo presentó como un problema estructural. Que la haya incluido entre sus preocupaciones es bueno, porque significa que no se trata de un gobierno necio. Lo que no está bueno es que haya hecho responsable de la inflación sólo a las empresas y a los sindicatos, como si su gobierno y el del ex presidente Néstor Kirchner no hubiesen tenido nada que ver. Fue parecido a aquel discurso que dio en diciembre, cuando anunció la creación del Ministerio de Seguridad después de ignorar el problema y no mencionar la palabra durante la mayor parte de su gestión.

La jefa del Estado retó ahora a los empresarios y les pidió que no vayan a golpear la puerta de los diarios, porque los diarios jamás resolvieron ningún problema. Tiene razón. Los diarios y los periodistas no estamos para eso. Nuestro trabajo es mostrar. Comparar los dichos con los hechos. Analizar y criticar las conductas de quienes gobiernan. Diferenciar las buenas decisiones de los caprichos personales. Bajar del pedestal a los representantes de las mayorías circunstanciales para recordarles que no están por encima de las palabras y de las cosas.

Lo que está proponiendo Cristina Fernández de Kirchner ahora es lo mismo que Ella y El le criticaron a "la derecha" durante los últimos ocho años. Se llama ajuste, era necesario y va a tener consecuencias. ¿Quiénes pagarán los gastos de la fiesta que el kirchnerismo mismo propició y silenció? Depende de cómo el Gobierno maneje "la sintonía fina" que prometió aplicar la Presidenta frente a los empresarios, quienes la aplaudían con un entusiasmo inhabitual.

Publicado en La Nación