En un mundo civilizado, nadie tiene la suma del poder. Y menos la tiene, alguien que ganó las elecciones con una diferencia de siete puntos porcentuales. En las democracias occidentales, la división de poderes no es una abstracción. Existe de verdad. En la Argentina, que, como todos sabemos es un país exótico, parece que una vicepresidenta puede hacer y decir lo que se le antoja, ponerse incluso por encima de la ley, solo porque tiene mayoría simple en el Senado y porque sus incondicionales no se atreven a contradecirla.

En el caso del desplazamiento de tres camaristas a los que Cristina desprecia porque dos de ellos fallaron contra sus intereses, y sospecha que un tercero podría dictaminar contra ella en el futuro, no hay ninguna razón, ni legítima ni legal, para que se salga con la suya. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rozenkrantz, convocó para el próximo martes a un acuerdo extraordinario, con la intención de que sus miembros se expidan. Si se le suma al propio Presidente, son cinco. Tres de ellos ya habían aprobado el traslado de dos de los jueces cuestionados. Sería muy incongruente que votaran en contra de una decisión que ya habían tomado en abril de 2018. Pero la Argentina es una caja de sorpresas. Y podría suceder que, algunos miembros de la Corte, también le teman a Cristina. O a su capacidad de hacerles daño. Peor podría ser, para ellos, el repudio de la mayoría de la sociedad.

Columna de Luis Majul en CNN Radio