Hay muchas e interesantes lecturas para hacer sobre el fallo de la Corte de ayer. Pero una de las más urgentes es que la agenda personal y mezquina de Cristina Fernández la hace chocar contra la pared, daña al gobierno y también al país. Si cualquier observador neutral se detuviera en las cifras de la pandemia y la economía de la Argentina se preguntaría, con razón “¿Por qué el Poder Ejecutivo tiene tanta urgencia en inmiscuirse en asuntos del sistema judicial en el medio de una constante devaluación de la moneda, el aumento de la pobreza, la desocupación y cuando el país se encamina a la cima de las naciones con más muertos y contagiados por Covid-19?”.

Una vez más, Cristina lo hizo. Y la buena noticia, en el medio de tantas malas, es que los miembros de la Corte Suprema, por lo menos en esta oportunidad, pusieron por encima de sus disputas internas cierta coherencia, la misma que le falta al gobierno en algunas de sus decisiones más cruciales. Ahora, en el oficialismo, se preguntan, sorprendidos, por qué razón el Presidente de la Corte, Carlos Rozenkrantz, le atribuye una gravedad inusitada a los desplazamientos de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. La respuesta está en el fallo: porque puede constituir el principio de un plan de colonización de la justicia, a través de la violación de la Constitución, que contempla la inamovilidad de los jueces, como una de las grandes fuentes de su independencia. Los integrantes de la Corte tienen un tiempo para redactar el fallo de fondo. Los cinco, en su momento, apoyaron el traslado de Bruglia a la Cámara Federal, de dónde ahora Cristina los quiere desplazar. Es difícil que cualquiera de ellos ahora diga lo contrario, solo por complacer al gobierno de turno.