Por estos días, Argentina está rompiendo varios récords. El de enfermos por COVID, el de muertos. El de caída de su economía. El de la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue. Pero en las últimas horas, se está acercando al podio mundial de uno en particular, que concentra a todos los demás: el récord de impunidad.

La renuncia de la Oficina Anticorrupción a su rol de querellante en 32 causas emblemáticas; el intento de creación de NODIO, un observatorio para controlar y vigilar a medios y periodistas; la sucesión de tomas de tierras en todo el país por parte de organizaciones afines al propio gobierno y la serie de asesinatos de policías que tardan en disparar por miedo, son apenas algunos ejemplos de que en la Argentina se puede robar, cometer delitos desde el propio Estado, y con la complicidad del Estado, pasar por encima a las fuerzas de seguridad puestas por la Constitución, y no ser castigado, sino premiado.

Pero el hecho que podría terminar transformando al país en el reino de la impunidad, es la eventual decisión de la Corte Suprema de Justicia, de ceder ante un capricho de la vicepresidenta: el desplazamiento de tres jueces federales que la investigaron, o la tienen que empezar a investigar, por los delitos de corrupción que se le imputan.

Si al final, los magistrados terminan cediendo, a la suba del dólar y la posibilidad de entrar en una hiperinflación, habrá que prepararse para una fuerte campaña de persecución contra medios, periodistas y dirigentes opositores, como la que hoy impera en Venezuela, con miles de torturados, presos y muertos incluidos.

No se trata de un pronóstico sombrío: es la sucesión lógica de un proceso de radicalización política de un gobierno, que no puede solucionar los problemas básicos de la gente.