A continuación texto de la columna editorial presentada ayer por Luis Majul en el programa "Mirá lo que te digo" por la señal La Nación Más:
¿Puede ser considerado inimputable un chico de 15 años que asesina a otro ser humano para robarle una bicicleta? ¿Puede Amado Boudou seguir gozando el privilegio de la prisión domiciliaria, con una condena firme de 5 años y ocho meses por haber robado, aprovechando su cargo de ministro de Economía y después de vicepresidente de la Nación?
¿Puede seguir Cristina Fernández buscando su impunidad, con una agenda tan egoísta, a espaldas de la gente? ¿Puede el presidente Alberto Fernández poner su energía en tratar de eliminar las PASO para no perder las elecciones del año que viene, en vez de intentar recomponer la autoridad presidencial? Estas son las preguntas cuyas respuestas importan.
Las preguntas que el Gobierno no puede responder. Hace tiempo que Juntos por el Cambio plantea una baja en la edad de imputabilidad de los menores. Quiso discutirla, en el Congreso, el año pasado, pero la oposición kirchnerista se lo impidió.
El caso del chico que mató al quiropráctico de 37 años, el armenio Dimitri Amiryan de un disparo en el cuello, es paradigmático. Solo durante este año, había sido detenido cuatro veces por robo. En dos oportunidades, los intentos de hurtos habían sido a mano armada.
¿Por qué no se lo privó de la libertad? Porque la ley no lo permite. Y tampoco permite que queden registrados sus antecedentes, por ser menor. Hoy, el secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alesandro, me dijo: "Va a terminar entrando por una puerta y saliendo por la otra"
Y el vicejefe de gobierno y ministro de Seguridad, Diego Santilli, publicó en su cuenta de Twitter. Ya detuvimos a uno de los atacantes que mató al ciudadano armenio. Es hora de discutir la ley penal juvenil, no pueden entrar por una puerta y salir por la otra. Tiene que haber consecuencias para todos los delincuentes que desprecian la vida y que están dispuestos a todo.
Sin embargo, en el oficialista Frente de Todos sigue habiendo posiciones encontradas. Por un lado, está la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, quien insiste en que no hay que estigmatizar a los delincuentes.
Y por el otro lado, está el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, quien tiene un discurso favorable al orden y contra la delincuencia, pero por otro lado, lo único que hace es campaña electoral y personal, y encima pagada con los impuestos de los bonaerenses.
Cuando ciertos delincuentes registran este tipo de contradicciones, salen a robar y a matar con un altísimo margen de impunidad es porque saben que muy difícilmente van a ser condenados o castigados.
Hay mil historias de chicos que son enviados por adultos para hacer el trabajo sucio, porque dan por sentado que no los condenarán, ya que son inimputables. Pero Cristina no parece preocupada ni por el asesinato del ciclista en Retiro ni por la pandemia, que ya se cobró, en la Argentina, más de 40 mil muertes,
sino en tratar de evitar que la Justicia la termine condenando más temprano que tarde.
De otra manera no se explica cómo los principales dirigentes del Frente de Todos, incluidos el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, salieron a defender al exvicepresidente como si fuera una mezcla de la Madre Teresa de Calcuta con Ernesto Che Guevara, sin tomar en cuenta que 15 fiscales y 15 jueces de diferentes instancias ratificaron la condena por cohecho agravado, y dispusieron su inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida.
"No te equivoques", me dijo un alto funcionario del Gobierno que se negó a salir en público a defender a Boudou y a firmar la solicitada. "Esta campaña no es por Amado. Esta campaña es por ella. Para que la Corte y los jueces que la tienen en la mira sepan lo que les espera si se animan a condenarla".
¿Va a seguir Cristina presionando a sus seguidores, al presidente Alberto Fernández hasta el punto de hacerle decir también a él que a Boudou es una víctima del lawfare y que lo están persiguiendo?
Por si el fin de semana largo te agarra distraído, y no tuviste oportunidad de leer lo que el propio Alberto escribió en LA NACION sobre Boudou en 2014, te voy a recordar lo que dijo en julio de 2016. Fue para Canal 9, en el programa Zona de Investigación.
La periodista con la que discutía es Cynthia García. Y el periodista que asentía sobre lo que decía el ex jefe de gabinete es Pablo Duggan. Allí Fernández no solo consideró culpable de robar a Boudou. También acusó a Cristina de impulsar la estatización de la empresa Ciccone para encubrir el delito que cometió el exvicepresidente.
Y como si esto fuera poco, ahora, el actual presidente, junto con una buena parte de los gobernadores del Frente de Todos, quieren eliminar las PASO porque tienen miedo de perder la elección de agosto.
Se entiende: dentro de dos días se cumplirá un año del gobierno que habrá obtenido el récord de los peores números de la economía de la historia de la Argentina. Con una caída del PBI de más del 12 por ciento y que incluso superaría a la del año 2001, cuando toda la economía implosionó.
Con una pérdida de más de 4 millones de puestos de trabajo, una desocupación de más del 13 por ciento, pero que treparía a más del 30 si todos los que estuvieron encerrados durante la cuarentena hubiesen salido a buscar empleo.
Con una pobreza de más del 44 por ciento, y con más del 65 por ciento de los jóvenes por debajo de la línea de la mínima necesidad, lo que preanuncia un futuro todavía más oscuro que el presente que estamos viviendo.
Sería un milagro que, con semejante contexto, y con la curva del supuesto rebote de crecimiento todavía en veremos, en agosto del año que viene el Frente de Todos pudiera hacer una buenísima elección. Pero eso no es todo.
Porque si todo lo anterior fuera poco, el Gobierno parece no tener un rumbo claro ni un objetivo definido. Navega entre las buenas intenciones discursivas del Presidente y los microgolpes de la vicepresidenta.
Porque él y ella siguen sin hablarse, mientras todos rezamos para que el dólar no vuelva a subir y para que no haya ningún conato de estallido social en diciembre, que es cuando las cosas en la Argentina suelen ponerse más calientes.