(Columna publicada en Diario La Nación) Solo una anomalía institucional o un "golpe no tradicional" podrían ayudar a la vicepresidenta a salir del laberinto judicial en el que se encuentra. Un año y nueve meses después de haber ungido a Alberto Fernández candidato a presidente, ella todavía le reprocha "falta de voluntad política" para ayudarla a lograr su impunidad. Más: Cristina se siente, en este aspecto en particular, profundamente defraudada por su compañero de fórmula.

En el fondo, Cristina sospecha que Alberto siempre "militó" para evitarse él mismo el consabido desfile por los tribunales. Y considera que, en cambio, jamás se desvivió para ahorrarle a ella ese mal trago. Ni a ella ni a Néstor Kirchner. A la vez, el jefe del Estado reconoce, en la intimidad, que "quizás" equivocó su diagnóstico original. Que siempre dio por hecho que los fiscales y jueces de la Argentina se iban a adaptar, casi de un día para el otro, al nuevo escenario de poder. "No voy a necesitar llamar a ningún juez para pedirle nada. Esto se acomoda solo", decía a sus interlocutores de confianza después del triunfo de las PASO. Hoy, parece claro que ningún magistrado está dispuesto a borrar con el codo lo que en su momento dictaminó con la mano. Procesada en una decena de expedientes, la mayoría de ellos vinculados con delitos de corrupción, no hay manera de que los haga desaparecer, o de que la declaren inocente ya mismo. Seguirán complicándole la vida, y mucho, hasta antes de las elecciones de medio término de este año. Y mucho más allá también.

Sin ir más lejos, el miércoles la vicepresidenta podría recibir la primera gran mala noticia de 2021: una eventual condena contra su exsocio Lázaro Báez en la causa denominada "la ruta del dinero K". No es para menos. Se lo acusa de haber liderado una organización criminal que lavó por lo menos 60 millones de dólares. Báez podría ser sentenciado a hasta 12 años de prisión. Así, Cristina quedaría seriamente lastimada, porque la Justicia considera que el delito precedente es la distribución discrecional de los negocios de obra pública que ella, como presidenta, convalidó. Y no se trata de una cifra menor: Néstor y Cristina ayudaron a Lázaro, un excajero de banco, a embolsar más de 1000 millones de dólares. Y lo que es peor todavía: aunque se le pagó a Báez hasta el último peso, un alto porcentaje de las rutas proyectadas no se terminaron.

La primera vez que la expresidenta se vio obligada a sentarse en el banquillo de los acusados fue para dar explicaciones precisamente sobre eso. La habían procesado como jefa de una asociación ilícita y por el delito de administración fraudulenta agravada. El juicio oral se inició el 22 de mayo de 2019. En diciembre del mismo año ella tuvo que concurrir en persona a la sala. Ya había sido elegida vice cuando, en un acto de prepotencia y calculada indignación, se negó a responder las preguntas de los jueces. Fue intenso. Primero los acusó. Después se "autoindultó". "¿Preguntas? Las preguntas las van a tener que responder ustedes", desafió a los magistrados. Y ella misma mutó en jueza: "A mí la historia ya me absolvió".

Sin embargo, más allá de la puesta en escena, las audiencias del juicio avanzan a paso firme. Para la semana que viene, por ejemplo, se escucharán tres declaraciones testimoniales. Y la sentencia, en este juicio oral y público denominado "Vialidad", recién se conocería en 2022. Los que siguen con celo el expediente dicen que lo único que podría salvar a Cristina de una condena segura es que la Corte aceptara sus pedidos de impulsar un amplio peritaje sobre toda la obra pública realizada en el período investigado. En ese caso, la sentencia definitiva se postergaría durante años y años, para no hablar de décadas. Pero la vice sabe que la Corte no la va a ayudar. Por eso ataca a sus miembros de manera frontal. Tampoco le serviría como una solución inmediata el tribunal intermedio que piensa crear para diluir el poder de la Corte con su composición actual.

Lo que sí podría pasar es que el oficialismo enviara al Congreso un proyecto de ampliación del Tribunal Supremo: pasar de una Corte de cinco a nueve miembros o más. La aprobación de un proyecto de ley así requiere de mayoría simple en ambas cámaras. Sin embargo, al Frente de Todos no le dan los números. Pero si en octubre obtiene más diputados, podrían intentarlo, y eventualmente lograrlo.

La causa "Vialidad" implica un enorme dolor de cabeza para la vice. Si prospera, también avanzarán los dos expedientes que se tramitan juntos y que ya fueron elevados al tribunal oral: Hotesur y Los Sauces. En este caso, ella tiene uno de los tres magistrados de su lado. Se trata del juez Daniel Obligado, el mismo que no para de otorgarle beneficios al exvicepresidente Boudou. Obligado está sentado encima de la doble causa. Quienes lo conocen dicen que espera con ansiedad el resultado de las próximas elecciones, con la esperanza de mantenerla dormida.

Lo mismo estaría pasando con el inicio de la causa de corrupción más relevante de toda la historia argentina: los llamados "cuadernos de las coimas" o "cuadernos de la corrupción". ¿Cuánto tiempo más se podría demorar el inicio de esta megacausa, que fue elevada a juicio por el juez Claudio Bonadio, antes de morir, en febrero de 2020, y en la que Cristina aparece de nuevo como la jefa de una asociación ilícita integrada por poderosos empresarios y exfuncionarios kirchneristas?

Por todos estos motivos ella necesita ganar, por mucha diferencia de votos, en el "distrito madre de todas las batallas". Para obtener mayoría propia en Diputados y poder imponer una ampliación de la Corte, nombrar más jueces adictos y a un jefe de los fiscales que le responda. Pero en el caso de que esto no suceda Cristina Fernández no podría evitar una eventual condena. Ni a través de un indulto, que es la facultad que tiene el presidente de perdonar a los ya condenados, ni por medio de una ley de amnistía, que implicaría no solo el perdón, sino también el olvido del delito. En teoría, una eventual amnistía podría ser aprobada con la mayoría simple de ambas cámaras. De cualquier manera, la Constitución dice que no podrán ser amnistiados quienes hayan cometido delitos contra el orden democrático. Y en su artículo 36 establece que son delitos contra el orden democrático el enriquecimiento ilícito y la corrupción de los funcionarios. Es decir: aunque su poder, por momentos, parezca ilimitado, Cristina sabe que solo una anomalía procesal o institucional la podría sacar indemne de este complejo laberinto. Por eso, a falta de la garantía de impunidad, sigue trabajando a sol y a sombra para conseguir venganza.

Y a propósito de la venganza, los abogados de la empresa Socma, a quienes ya le quitaron la administración del Correo, se preparan para una nueva embestida de la fiscal Gabriela Boquín. Dicen que suele acontecer, casualmente, todos los 8 de febrero, día del cumpleaños del expresidente Macri. Para evitarla, ya presentaron un escrito en la causa penal donde se investiga a la propia Boquín; al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y al inspector general de Justicia, Ricardo Nissen, por el intento de "persecución" para que se decrete "a cualquier precio" la quiebra del holding. Afirman los abogados de Socma que la fiscal aparece como "vengativa, parcial y caprichosa" para acusar y juzgar al holding, pero fue excesivamente benévola y contemplativa con los accionistas de Oil Combustibles, Cristóbal López y Fabián de Sousa, a quienes la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial acaba de condenar por la evasión fraudulenta del equivalente a 800 millones de dólares. La acusan de adoptar una "postura sumamente laxa, rayana en la sospecha" con los dueños de C5N. Afirman, en su escrito, que Boquín se sacó la careta. "La fiscal mostró su doble vara", escribieron, en un tono inusualmente duro.