Entre la propaganda política que propicia el Gobierno y la prensa de investigación y denuncia que se viene ejerciendo desde los años 90, pretende emerger una nueva generación de periodistas, hija de este clima de época, que dice no responder ni a una corriente ni a la otra. Se trata de profesionales de entre 25 y 40 años que aceptan, por lo bajo, que lo de 6,7,8 no es periodismo, pero a la vez critican lo que Horacio González definiría como denuncismo o los más politizados gustan denominar carrioísmo o lanatismo , por Elisa Carrió o Jorge Lanata. Ellos se refieren a un tipo de periodismo que hace mucho hincapié en "escándalos de corrupción" como el de la bolsa con dinero que se encontró en el despacho de la ex ministra de Economía Felisa Miceli o el presunto vínculo entre el vicepresidente Amado Boudou y Ciccone Calcográfica, pero que no analiza el contexto político en el que se producen.

Para estos "nuevos" profesionales -que se encuentran en las redacciones de casi todos los medios, sean éstos oficiales, paraoficiales o también los reconocidos como críticos- hacer periodismo sólo sobre casos de corrupción es algo "frívolo", una decisión editorial que busca "impacto" o "sensacionalismo" y que ya no tiene tanto efecto como el que tuvo durante el menemismo. Es más: de alguna manera, sienten que los colegas que nos dedicamos a eso pertenecemos a una corriente que tuvo su "pico de gloria" antes de la bisagra del "que se vayan todos" y que ahora vivimos de las sobras de aquellos años dorados.

Si se consigue conversar en profundidad con alguno de estos "nuevos periodistas", lo primero que establecerán es una diferencia muy marcada entre los casos de corrupción que ocurrieron bajo los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde y los que acontecieron o acontecen bajo la gestión de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál sería la diferencia, según ellos? Que la corrupción de Menem y los otros era "estructural" o, en las palabras de Horacio Verbitsky, "inherente al modelo", y que los presuntos delitos económicos cometidos durante la era k son hechos "aislados", protagonizados por "algunos pícaros" pero no bendecidos por los fundadores "del modelo".

No sé -y lo escribo sin sarcasmo- dónde se paran ante las declaraciones de José Pablo Feinmann sobre la incomodidad de defender a una pareja de presidentes que se hicieron ricos mientras dicen defender un modelo nacional y popular. Tampoco termino de entender por qué es más culpable un funcionario público "de derecha" que roba que otro "de izquierda" que hace lo mismo. Pero escucho y reproduzco sus argumentos. Ellos dicen, como sostuvo Víctor Hugo Morales en la presentación de El Dueño: "Corrupción hubo siempre". Y punto. O argumentan, como uno de los periodistas de investigación más emblemáticos de los años 90, y que ahora se lo presenta como un ministro sin cartera de la presidenta Cristina Fernández: "Si piensan que hay casos de corrupción, vayan e investíguenlos. Yo prefiero investigar y denunciar a los poderes permanentes, como la Iglesia Católica".

Es comprensible, y hasta justificable, que muchos periodistas de la nueva era k se sientan identificados por las políticas implementadas desde 2003. No es vergonzoso que lo declaren, que lo exhiban y que lo reflejen en su tarea cotidiana. Sin embargo, lo que seguirá diferenciando al periodismo de excelencia contra el periodismo chanta, o militante, o de propaganda, es el respeto por los datos. La validez de la información. Y eso vale tanto para el periodismo "de denuncia" como para el que hace público lo que el poder quiere ocultar. El ejemplo más reciente es la nota escrita por Laura Serra en este diario. Ella reveló que los diputados y senadores decidieron aumentar sus dietas más del 100%. Es probable que los "nuevos periodistas de la era k" supongan que se trata de una decisión "gorila" cuyo objetivo es "demonizar a la clase política". E incluso quizás algunos supongan que con la "instalación" de semejante tema se pretende atacar al sistema democrático. Sin embargo, el asunto es un poco más simple: antes de fin de año los legisladores decidieron autorizarse un incremento desmesurado, muy por encima de la "sintonía fina" pregonada por la Presidenta. Además, lo hicieron sin anunciarlo de manera pública y detallada, como hacen las cámaras legislativas serias de los países cuyas instituciones funcionan con normalidad. Que los lectores se indignen por eso no es responsabilidad de los periodistas. Si el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, no quiere semejante impacto, lo tendría que haber pensado antes.

Tampoco entiendo por qué los colegas de esta "nueva generación" se enojan tanto cuando se compara a la gestión de Kirchner y la Presidenta con algunos aspectos de la administración de otro presidente "peronista" como Menem. Los cambios en la Corte Suprema, su activa política a favor de los juicios que involucran delitos de lesa humanidad, la reivindicación de las negociaciones paritarias, la implementación parcial de la asignación por hijo, el respetable trabajo que se realiza en el área de Ciencia y Técnica son, a mi entender, indiscutibles. Pero sería necio no denunciar, incluso para los nuevos periodistas politizados y, en teoría, no sensacionalistas, la manipulación de datos de la estadística oficial, la imposibilidad de preguntarle con libertad a la Presidenta o a sus ministros en conferencia de prensa o en entrevistas no condicionadas, la persecución a periodistas usando organismos oficiales como la AFIP o la Secretaría de Inteligencia, el quite de publicidad oficial para los medios y colegas críticos y la desmesurada y discrecional distribución de la publicidad oficial para medios oficiales y paraoficiales con muy pocos lectores, oyentes, televidentes o visitantes de sus páginas web.

También sería sano comparar las políticas "neoliberales" de los años 90 con el supuesto modelo "nacional y popular" del que estaríamos disfrutando. Hay quienes sostienen, como los intelectuales críticos de Plataforma 2012, que no hay tanta diferencia entre uno y otro. Que la habría, por ejemplo, si se implementara una reforma impositiva más equitativa, un código minero sin excepciones, la aplicación del 82% móvil para los jubilados y el acceso pleno a la información pública que permita desde conocer los sueldos de los gerentes de Aerolíneas hasta los expedientes secretos con que se benefician a empresarios amigos del Gobierno.

Mientras tanto, los veteranos que todavía podemos trabajar con pasión más allá de cualquier mayoría circunstancial tendremos que seguir haciendo lo que nos corresponde: buscar y publicar la información, aunque moleste.

Publicado en La Nación