Cristina perdió el invicto. Ya no podrá decir que a ella no la están investigando en Panamá, como a Macri, por sus vínculos con empresas off shore sospechadas de lavar dinero.
Ayer, en Voces, el programa que tengo el privilegio de conducir en La Nación +, la abogada experta en asuntos de corrupción Silvina Martínez, reveló que la justicia de Panamá abrió una investigación por lavado de dinero sobre Lázaro Báez y otras 96 personas y empresas. Entre ellas, Cristina Fernández de Kirchner, el propio Baéz y sus hijos, Cristóbal López y Leonardo Fariña.
La justicia panameña menciona en su exhorto que “el objeto común de la investigación nace de una investigación periodística en la que se menciona un esquema de corrupción de las contrataciones públicas, entre otros delitos, en el cual está mencionada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otras personas sobre las que concretamente se requiere”.
Para que lo entiendas bien: los delitos que se le imputan a Báez en la ruta del dinero K, por los que fue condenado a 12 años de prisión. Y los que se le imputan a Cristina, en la causa Vialidad o denominada Obra Pùblica que se encuentra en la etapa de juicio oral, y por la que está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita.
El procurador de Panamá entendió que en ese esquema de contrataciones “estarían vinculadas las personas físicas y jurídicas por las cuales se exhorta; siendo que la actividad ilícita generó una lesión de millones de dólares a la Republica Argentina”.
El Procurador General de Panamá escribió que “los fondos aparentemente fueron objeto de un sinnúmero de operaciones financieras llevadas a cabo tanto en Nevada como en la Argentina, por medio de estructuras societarias creadas por el Estudio Jurídico M.F. Corporate Services, filial del estudio jurídico Mossack Fonseca”.
El exhorto le llegó a la jueza María Servini de Cubría, quien lo envió a su colega Sebastián Casanello. El juez ya lo respondió: le mandó un link con información sobre la condena a Lázaro, a sus hijos y más de una decena de colaboradores.
A partir de ahora Cristina ya no podrá decir que a ella no le investigan por lavado en Panamá, ni que las preguntas sobre sus negocios son productos de lawfare. Que se sepa, la supuesta mesa judicial del gobierno de Macri no tiene vínculos conocidos con la justicia de Panamá.
Columna de Luis Majul en Radio Rivadavia