¿En qué se parecen la nueva denuncia judicial contra el ministro Martín Soria por haberse guardado en el bolsillo los aportes voluntarios y compulsivos de empleados públicos, el retiro ilegal de dinero en efectivo de un cajero de banco que se encuentra en el Canal Público y el hallazgo de 30 sobres con plata fresca dentro de una camioneta propiedad del Movimiento Evita que dirige Fernando “Chino” Navarro? En que los tres casos son ejemplos concretos del poco transparente financiamiento de la política.

Financiamiento que, en la Argentina, casi siempre tiene el mismo final: dirigentes políticos multimillonarios con un porcentaje de pobres cada más más alto. A punto de llegar al 50 por ciento de la población económicamente activa, los dirigentes como Soria, Navarro y los directores que pertenecen al Sistema de Medios Públicos salen del paso con diferentes explicaciones, excusas, argumentos o coartadas. En el caso de la nueva denuncia contra Soria, hay empleados dispuestos a declarar que el mismo Soria les firmaba un recibo “para oficial” a cambio del aporte solidario. En el caso del canal público fue la máxima responsable Rosario Lufrano, quien reconoció la anomalía. Pero se sospecha que estaría protegiendo a los jefes de los gerentes que terminaron extrayendo del cajero más de 11 millones de pesos. En el caso de Navarro llama la atención que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, decidiera no iniciar ninguna investigación. Ni siquiera una preliminar. Y que creyera, con una enorme buena fe, en la palabra del secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias. Navarro argumentó que se trata de aportes voluntarios de militantes del movimiento Evita. Y agregó que quienes son funcionarios públicos, como él, donan parte del sueldo para la causa. ¿En serio? ¿Y dónde están los papeles? ¿Y quién dijo que tomar un aporte del sueldo de cualquiera es legal? ¿Quién estaría en condiciones de demostrar que no se trata de una coarción o una imposición que no corresponde? En 2016 Martín Sabatella, ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue sobreseído después de haber sido denunciado de quedarse con el 8 por ciento del sueldo de 135 empleados. Los entonces camaristas Jorge Bellestero y Eduardo Freiler ratificaron un fallo del juez Sebastián Casanello para archivar la causa por “inexistencia de delito”. ¿Es así, entonces cómo “hacen política” los Navarro, los Emilio Pérsico y los Juan Grabois de la vida? Los sobres con plata no eran para financiar ninguna acción solidaria sino para pagar los gastos de un acto político de apoyo a Francisco, por sus ocho años de papado. Una cosa más: si a cualquiera de nosotros nos pasara lo mismo, estaríamos dando explicaciones a la justicia por lo menos cuatro años, con lawfare o sin lawfare, con vacuna o sin vacuna.