Si la Argentina fuera un país normal y no la República de morondanga que supimos conseguir, la coalición de gobierno debería perder las próximas elecciones por paliza, porque no alcanzó a cumplir ni una sola de las promesas que lanzó en la última campaña de 2019. Ni la pandemia ni el “pero Macri” deberían servirle, a esta altura, para justificar semejante desastre.

Al contrario: la pandemia demostró que Alberto Fernández y Cristina Fernández manejaron como el traste lo único que era indispensable administrar con sentido común, la compra de vacunas contra el COVID. Pero el Frente de Todos aquí no tuvo fisuras. Desde el jefe de Estado, pasando por Axel Kicillof, el gobernador que grita pero no gobierna, hasta el heredero sin mérito, Máximo Kirchner, apostaron a la vacuna rusa, boicotearon el acuerdo con Pfizer y deberían ser considerados responsables por las miles de muertes que se pudieron haber evitado. Lo mismo se puede decir sobre la cuarentena eterna y la política económica cuyos resultados están a la vista. Mientras la mayoría de los países de la región, excepto Venezuela, conviven con una inflación baja y manejable, de no más del 5 por ciento, la Argentina cerrará el año 2020 con una de más del 50 por ciento interanual. Mientras las economías de países limítrofes como Chile y Paraguay vienen creciendo a niveles superiores de los que tenían antes de la pandemia, se estima que la Argentina va a recuperar el nivel previo a marzo de 2020 recién durante los próximos cinco años. El gobierno nacional y popular que prometió el fin de la polenta, el regreso del asado y la fiesta de las heladeras llenas solo pudo lograr más pobreza, menos trabajo y un horizonte de incertidumbre, porque los argentinos entienden que los próximos dos años pueden ser todavía peores. Esto explica por qué, si pudieran, ocho de cada diez jóvenes se iría de la Argentina para buscar un futuro mejor. También explica un reciente estudio del banco Mundial, que ubica a nuestro país como el primero de Latinoamerica en cantidad de profesionales que emigran porque sienten que nada útil y beneficioso pueden encontrar en el país donde nacieron. Un párrafo aparte merece la promesa incumplida de mejorar la vida a nuestros jubilados. La foto de las 12 toneladas de piedras que el actual oficialismo utilizó para tratar de evitar una fórmula cálculo que hoy hubiera sido mucho mejor que la que Alberto anuló, funciona como una postal de la decadencia nacional de los últimos años. El Olivos Gate, en este contexto, no debería merecer ni un segundo más de nuestra atención, excepto por lo único que tendría que ser analizado y revisado: la impunidad que emana del ejercicio del poder. Y en este sentido, por más que se quieran despegar, Alberto y Cristina son absolutamente iguales: actúan al margen de la ley, y encima nos gritan y nos señalan con el dedo.

Columna en Radio Rivadavia (20-08-21)