Orlando Barone, Sandra Russo y Javier Vicente dicen y escriben barbaridades. Sin embargo, jamás les haría juicio por eso (Vicente es un caso singular, porque se aprovecha de la masividad del Fútbol para Todos para bajar línea política de contrabando, en una clara falta ética que hace recordar las prácticas fascistas de la Italia de Mussolini). Se supone que lo hacen en carácter de periodistas militantes y que eso no constituye ningún delito. Qué será de sus trayectorias y sus conciencias el día en que Cristina Fernández entregue la banda presidencial es algo que deberán escribir otros colegas, aunque no sería raro que los coloquen en la línea sucesoria de José Gómez Fuentes, Bernardo Neustadt o José María Muñoz, para citar a periodistas que se hicieron de un nombre al calor del poder de turno. Tampoco sería extraño que volvieran al mismo lugar donde estaban antes de subirse a la ola del oportunismo nestorcristinista. Es decir: la intrascendencia.
Los abogados del Grupo Clarín cometieron dos graves errores al acusarlos de instigar a la violencia. El primero y el más obvio es que demostraron que no toleran la libertad de expresión. El segundo es imperdonable: transformaron en mártires a periodistas que no son respetados ni siquiera por colegas que adhieren a la causa del Gobierno.
Este triste y vergonzoso episodio es sólo uno más en la guerra sucia y abierta entre la administración nacional y el Grupo Clarín, que ya agota a una buena parte de la sociedad argentina y que genera graves consecuencias para el país. Desde que la Presidenta ganó con el 54% de los votos, no hace otra cosa que poner toda la energía en ganar la batalla final. Su gestión se ha empobrecido de manera acelerada y muy evidente. La protección incondicional a su vicepresidente, la decisión de instaurar el cepo cambiario, la catástrofe de Once, la negación de la inflación y de los casos de inseguridad, el embargo de la Fragata Libertad en Ghana y el pésimo manejo de la estrategia judicial contra la voracidad de los fondos buitre están alejando a la jefa del Estado no sólo de quienes la votaron, sino de algo más serio todavía: la pura realidad.
Tampoco Clarín ni el resto del periodismo crítico se encuentran en el mejor de los mundos. La batalla cultural que inició Kirchner y profundizó Cristina Fernández ha dañado la credibilidad de los medios en general y de algunos periodistas en particular, porque el Gobierno los obligó a jugar en la cancha embarrada de la política y la mayoría cayó en la trampa tendida por quienes no tienen ningún prestigio que defender.
Los que miran desde la platea de sus negocios empresarios y políticos el superclásico cuyo resultado debería conocerse el viernes 7-D no esperan una victoria o una derrota contundente ni de uno ni de otro lado. Se trata de una enorme franja de personas y organizaciones entre las que se encuentran dirigentes con ambiciones presidenciales como Daniel Scioli, Mauricio Macri, Sergio Massa, Hermes Binner, José Manuel de la Sota, sindicalistas como Hugo Moyano, accionistas de multimedios más pequeños que el Grupo Clarín, los dueños de los grupos económicos más grandes de la Argentina y los banqueros que más ganancias han obtenido durante los últimos diez años. Cada uno de ellos tiene una mirada propia sobre lo que puede llegar a pasar, pero la mayoría supone que, al final del camino, si algún juez no dispone lo contrario antes del 7 de diciembre, el Gobierno logrará desguazar Cablevisión y llamará a licitación para distribuir la empresa entre decenas de oferentes que ya se anotaron para quedarse con una parte de la gallina de los huevos de oro.
Scioli, por ejemplo, preferiría que esto no sucediera, porque para cumplir con su sueño de llegar a presidente necesita que las cosas se mantengan más o menos como ahora. Es decir que la intención de voto de la Presidenta siga cayendo, pero no tanto como para arrastrarlo también a él; que la tensión entre el Gobierno y Clarín se mantenga, pero que ni uno ni otro aparezca como el gran triunfador, porque tanto uno como el otro podrían condicionar su carrera hasta la primera magistratura.
Macri igual que Francisco de Narváez tienen una lectura un poco más pesimista. Ellos creen que si el Gobierno consigue doblegar, por encima de lo que decidan los jueces, al Grupo Clarín, a partir de 2013 no habrá contrapeso en la información que reciban la mayoría de los argentinos. Para ponerlo en términos comprensibles para todos: que ya no habrá más 8-N, ni 20-N, ni nada que se le parezca porque ningún otro medio audiovisual será capaz de mostrar, en vivo y en directo, una manifestación de descontento social tal y como puede suceder, sin la presentación maniquea de 6,7,8 o el ninguneo informativo de Página 12 y Tiempo Argentino, que redujeron las movilizaciones a un recuadrito de tapa, como si fuera una noticia más.
Macri y De Narváez, aunque no terminan de amigarse, piensan exactamente lo mismo. Están muy preocupados por el avance del Gobierno sobre la vida pública y privada de los jueces. No son defensores a ultranza del Grupo Clarín, pero sospechan que si el Gobierno doblega a Héctor Magnetto será capaz de cualquier cosa, dentro o fuera de la ley, para lograr que Cristina Fernández pueda ser candidata a presidenta, otra vez, en el año 2015.
Un párrafo aparte merecen los dirigentes nucleados en el Frente Amplio Progresista (FAP), que lidera Binner, y la Unión Cívica Radical, cuya conducción no parece tan clara. En estas organizaciones, las opiniones aparecen divididas en dos grandes mitades. Están quienes piensan muy parecido a Macri y a De Narváez. Binner no pertenecía a ese grupo hasta que Andrés Larroque habló de la supuesta existencia de un narcosocialismo. El candidato a presidente no solo se sorprendió por la acusación. También quedó estupefacto cuando le alcanzaron los recortes de prensa de los medios oficiales y paraoficiales. Ese día tuvo una idea clara del poder de daño que tiene el sistema de prensa alimentado por la publicidad oficial y el dinero del Estado. Otros, como Claudio Lozano, tienen una mirada ligeramente distinta. Está en contra de la aplicación discrecional y arbitraria de la de ley de medios que está haciendo la Afsca, pero está a favor de poner límites a la posición dominante de Clarín, aunque pide que no sea de prepo ni a través del apriete de los jueces.
Lo mismo piensa, aunque no lo dice en voz alta, un numeroso y silencioso grupo en el que se podría ubicar a Ricardo Alfonsín, decenas de hombres de negocios y dueños de medios que están a la expectativa del resultado de la batalla final. Me lo dijo uno de ellos, en el crudo lenguaje del poder: "Para nosotros, lo ideal sería que la justicia fallara a favor de la adecuación no compulsiva de Clarín a la ley de medios. De Clarín, de Telefé y de cualquiera que la estuviera incumpliendo. De esa manera, limitaría la capacidad de presión del Grupo sin vulnerar la libertad de expresión y de que todos seamos informados. El desmesurado poder del gobierno es real, pero tiene fecha de vencimiento, porque Cristina no puede ser reelegida, a menos que den por derogada la Constitución Nacional. En cambio, si Clarín gana la pelea por goleada, ¿qué gobierno se va a atrever a ponerle límites?"
Le recordé que fue Kirchner quien aprobó la fusión entre Cablevisión y Multicanal en diciembre de 2007. Pero no me prestó atención.
Publicado en La Nación