El 7- D no va a pasar nada relevante. Lo grave, lo inconcebible, viene pasando mucho antes, con el apriete a los jueces y la falsa idea de que el Grupo Clarín quiere destituir a este gobierno y, por lo tanto, poner en jaque a todo el sistema democrático. Y, en todo caso, lo más dañino puede suceder un poco después de mañana, si la administración nacional consigue presentar el asunto como un triunfo demostrativo de que nadie le puede poner límites, ni siquiera el conglomerado periodístico más poderoso de la Argentina.

En el medio de tanto ruido, vale la pena aclararlo una vez más: estoy de acuerdo con la desconcentración y democratización de los conglomerados de prensa, pero estoy en contra de que el Gobierno haga callar a los medios y los periodistas que lo critican y a quienes denunciamos a sus funcionarios corruptos. Y esto último es lo que pretende la Presidenta y sus principales colaboradores cuando agita como una bandera de guerra final la llegada del viernes 7-D.

¿Qué hay detrás del 7-D? Varios asuntos. Y muchos falsos presupuestos. El más ostensible es la idea de que si Clarín no desinvierte como y cuando lo desea la Presidenta el Gobierno caerá, y sobrevendrá el caos. Por supuesto, no sólo es mentiroso, sino también poco original. Usaron y abusaron de la misma excusa tanto Néstor Kirchner como la jefa del Estado cuando el Gobierno perdió la votación de la resolución 125 que disparó el conflicto con el campo. Agitaron el fantasma, amagaron con renunciar, quemaron biblioratos en el hogar de la quinta de Olivos, pero nada ocurrió. Al contrario: asimilaron "el golpe" y fueron por más.

Otro presupuesto tan falso como el anterior es que sin las "malas noticias" del Grupo y de otros medios y periodistas, Cristina hubiera ganado con más del 80% de los votos. Lo dijo esta semana uno de los propagandistas oficiales más gritones. Su confesión fue tan burda que bien podría interpretarse como un deseo inconsciente de sacarse de encima a Clarín para llevarse el mundo por delante. Pero el siguiente es un razonamiento que admiten todos los que trabajan alrededor de la jefa del Estado: Ella y ellos están seguros de que, con Clarín desguazado, las posibilidades de reformar la Constitución e intentar una nueva reelección para Cristina Fernández estarán al alcance de la mano. De modo que ésta es la razón de fondo, aunque, mientras tanto, también funciona como cortina de humo que sirve para tapar otros asuntos más urgentes e importantes, como el pago de las sentencias a los jubilados o el expediente que tiene al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, como su principal sospechoso.

Presentar el 7-D como una batalla épica y justiciera es otra de las maniobras políticas que anidan dentro de la misma jugada. Agregarle esa cuota de falso romanticismo, la gesta contra "los medios hegemónicos", le permite al Gobierno justificar, ante la militancia, por qué está poniendo casi toda su energía en recusar jueces y evitar que Clarín alargue la cautelar o consiga un fallo de fondo favorable a sus intereses. De otra manera sería muy difícil de explicar por qué Cristina Fernández no gestiona ni parece preocuparse por otra cosa que no sea lo que vaya a suceder mañana.

Si el Gobierno logra que ningún juez se expida antes del 7-D y el Grupo Clarín no presenta un plan de adecuación, lo que podría suceder sería más o menos previsible. Para empezar, la autoridad de aplicación le indicaría de qué manera y en qué plazos desinvertir. Además, le ordenaría que garantizara los puestos de trabajo hasta que se entregue la propiedad del medio al ganador de una licitación que organizará el Estado y que comenzará cuanto antes. Si la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual (Afsca) respetara el espíritu y las reglamentaciones de la ley de medios, Clarín podría quedarse sin parte de Cablevisión o sin El Trece o sin la señal de cable Todo Noticias (TN), pero el desapoderamiento efectivo de cualquiera de esas tres organizaciones no debería suceder antes de abril del año que viene.

Todo este trámite sería menos dramático si las decisiones finales quedaran en manos de la Justicia, pero está claro que la Presidenta no toleraría que ningún magistrado pueda fallar contra el verdadero objetivo final, que es herir de muerte al Grupo Clarín. Dentro de la propia administración hay dos posturas bien diferenciadas. Están los que piensan que lo mejor es quitarle Cablevisión, porque representa la caja, y sin dinero el multimedios se transformaría en un gigante con pies de barro. Y están los que suponen que lo más efectivo sería que se apagaran las pantallas de El Trece o de TN, porque el efecto de semejante hecho podría ser presentado como un triunfo político de excepción, capaz de disuadir, entusiasmar o amedrentar a propios y extraños.

Marcelo Stubrin, el director del Afsca por la oposición, lo explica muy bien. Dice, entre otras cosas, que no hay manera de que el martes próximo ni Gendarmería ni ninguna fuerza policial ocupe las instalaciones de Cablevisión o de El Trece. Afirma que tarde o temprano, y quizá más temprano que tarde, habrá, primero, una sentencia de fondo del juez en lo Civil y Comercial Horacio Alfonso sobre los dos artículos de la ley que objetó Clarín. Y, luego, hablará, sí o sí, la Corte Suprema. "Y cuando habla la Corte Suprema, se acaban las palabras", me dijo ayer Stubrin, por radio.

No parece muy tranquilizador. Porque esta Corte ya habló varias veces y el Gobierno la desoyó, sin consecuencias ostensibles. Lo hizo, por ejemplo, con el fallo que ordenó restablecer la publicidad oficial a Editorial Perfil. También la ignoró cuando le exigió al Gobierno de la provincia de Santa Cruz, entonces en sintonía con la administración nacional, que restableciera en su puesto al procurador general Eduardo Sosa. Y ahora el oficialismo corrió la línea un poco más allá, cuando el diputado Carlos Kunkel emparentó al presidente de la Corte con un intento golpista o destituyente, sólo porque a Carlos Fayt le gustó la idea de que Ricardo Lorenzetti pudiera presentarse como candidato a presidente de la Nación. Éste sí que es uno de los más graves problemas de la República Argentina: el Gobierno no respeta la división de poderes ni la independencia de los jueces, pero esta rebeldía parece no indignar a una buena parte de la sociedad.

De cualquier manera, después del viernes 7-D, el país estará igual o peor que antes: el costo de vida seguirá creciendo y se seguirá comiendo el salario de los que menos tienen, el gasto público continuará aumentando en partidas no esenciales como el Fútbol para Todos; la pobreza, la indigencia y la marginalidad se mantendrán en los niveles que todos conocemos y la inseguridad se ubicará primera en el ranking de las preocupaciones de los argentinos, aunque el poder no la nombrará, igual que jamás pronuncia la palabra inflación.

Publicado en La Nación