La Argentina parece un país de pesadilla. Periodistas extranjeros llaman a las redacciones para preguntar si el Gobierno va a meterse en las cajas de seguridad de los clientes de bancos. Piden detalles sobre el desmantelamiento de las bóvedas que Lázaro Báez tenía en su búnker de las afueras de Río Gallegos. Quieren chequear la veracidad del plan del Gobierno para intervenir al Grupo Clarín. Se interrogan sobre el silencio de los artistas populares como Susana Giménez y Marcelo Tinelli. Indagan si es verdad que cada palabra crítica puede ser castigada con una inspección o una denuncia de la AFIP. Y, últimamente, han agregado una pregunta inquietante: ¿es posible que el oficialismo esté pergeñando un fraude para triunfar, sea como fuere, en las próximas elecciones de octubre?

El 13 de enero de este año, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna denunció que a las dos últimas competencias nacionales el oficialismo las ganó con un "altísimo nivel de fraude". Fernando Pino Solanas repitió lo mismo tiempo después. Que se entienda: ni Lavagna ni Solanas ni los que creen que se fraguaron votos están diciendo que la Presidenta no venció. Pero sugieren que no pasó del 50% de los votos. El domingo, por la tele, le pregunté al diputado nacional Gustavo Ferrari, jefe de campaña de Francisco de Narváez, por qué advirtió que se estaría preparando el "más grande acto de la corrupción de la democracia" con la posible alteración del resultado electoral. El martes me dio una explicación más detallada. Preguntó: "¿No le parece raro que hayan modernizado e informatizado todos los sistemas de documentación menos el del voto?" En efecto, ahora los sistemas del DNI, la certificación de domicilio y el padrón electoral están a la altura de los más avanzados del mundo. Sin embargo, el Gobierno no promueve ni impulsa el voto electrónico o el de boleta única, que haría más sencillo y transparente tanto el acto de elegir como el recuento de votos. También rechazó el proyecto de que el escrutinio estuviera a cargo o fuera controlado por la justicia electoral. "El gobierno es juez y parte. Realiza el acto (electoral) y además lo controla", me explicó Ferrari.

Los sistemas de "boleta única" son más prácticos y mejores. Hay una sola boleta para todos los candidatos y no una para cada partido, como sucede ahora. La boleta única reduciría la posibilidad de trampa, porque los partidos chicos no tendrían por qué andar desesperados garantizando la existencia de su lista de papel el día de la elección. Con la boleta múltiple hay una posibilidad de fraude mayor. Una trampa directamente proporcional al nivel de organización y de recursos de la fuerza política que compite. Y siempre son mejores la organización y los recursos del partido oficialista, que maneja el dinero del Estado. "Así, el partido que esté mejor organizado el día de la elección es el que, al final, va a tener más votos, aunque no haya ganado la contienda", aseguró Ferrari. La falta de boletas de los partidos más chicos es uno de los fraudes típicos de cualquier elección de los países menos civilizados. Cuando el elector busca la boleta del partido que prefiere y no la encuentra, suele votar a otro o en blanco. La gran mayoría de los votantes no hace ninguna denuncia, porque sabe que la Justicia llegará después del acto comicial. Lo mismo pasa con la falta de fiscales. Si el fiscal de un partido que compite no está en la mesa donde se vota, la probabilidad de que otros fiscales de otros partidos se "arreglen" para hacer desaparecer las boletas de la organización que no pudo enviar a su autoridad es muy alta. En especial en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires. También puede suceder que los fiscales presentes "acuerden" ubicar las boletas de sus partidos de una manera más visible que las otras.

La autoridad clave del día de la elección es el presidente de mesa. Es quien firma la urna y el acta de escrutinio. En las dos elecciones generales anteriores, el Gobierno se las arregló para que cientos de presidentes de mesa fueran cuadros del Frente para la Victoria. ¿Cómo lo hizo? Mandó las convocatorias a direcciones "equivocadas" adrede. El individuo "sorteado" para presidir una mesa nunca las recibió. Luego, las autoridades hicieron lo que dice la norma: convocaron al primer ciudadano que se presentó a votar en la escuela indicada. ¿Y quiénes fueron los primeros de la fila en muchas escuelas del país? Los militantes del Frente para la Victoria que, por supuesto, ya estaban avisados sobre la ausencia del presidente convocado. En la última elección presidencial de octubre de 2011 sólo la provincia de Buenos Aires contó con 35.000 mesas. "En la provincia, una fuerza política, para que no le roben votos, tiene que tener un ejército de cerca de 100.000 personas entre fiscales y presidentes de mesa", calculó otro jefe de campaña de un partido mayoritario. "Uno por mesa, en tres turnos diferentes. Uno fresquito, antes de las 8 de la mañana, que controle todo antes de la apertura de las urnas y de las mesas. Otro durante el día, con un montón de boletas del partido que representa en el bolsillo. Y un tercero que permanezca con los ojos bien abiertos después del cierre del comicio, para se empiecen a contar los votos. Ahora multiplicá 3 turnos por 35.000 mesas".

Punteros del Partido Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR) que trabajaron en elecciones anteriores aceptan que en San Isidro, Merlo, Moreno, La Matanza y San Martín hay fiscales armados que defienden los votos de sus organizaciones como si fuera la vida de un hijo. Uno de ellos me contó que todavía se sigue diciendo que Raquel Satragno, más conocida como Pinky, habría ganado en La Matanza. Y que Graciela Fernández Meijide habría triunfado por sobre Carlos Ruckauf. "Lo que pasa es que los muchachos hicieron su trabajo y dieron vuelta las urnas", especuló. A todos los expertos electorales les preocupa el voto joven. "Como el voto no es obligatorio, tenemos miedo que hagan «elegir» de mentirita a muchos que figuran en el padrón", contaron. Todas estas sospechan explican por qué De Narváez, José Manuel de la Sota y Roberto Lavagna se sacaron una foto con Hugo Moyano y Gerónimo Venegas. "Hugo y el Momo son los únicos que nos pueden garantizar un ejército de 100.000 tipos para evitar que nos roben la elección", aseguró uno de los organizadores.

La Argentina parece un país de pesadilla. Da la sensación de que puede pasar cualquier cosa. Incluso hasta lo más increíble. ¿Quién se atrevería a afirmar, hoy, en su sano juicio, que mañana no van a meterse con las cajas de seguridad? ¿Quién podría asegurar que Lázaro Báez no es el dueño de las famosas bóvedas? ¿Y quién podría descartar, con esa misma lógica, la preparación de un enorme fraude electoral en la provincia de Buenos Aires?

Publicado en La Nación