Ninguna investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre una figura o una empresa relevantes se inicia sin el visto bueno de Cristina Fernández de Kirchner. Esto me lo confirmó el exjefe de Gabinete de la Presidenta, Alberto Fernández, cuando le comenté que detrás de la fallida acusación de evasor que me hizo la AFIP estaba su máximo responsable, Ricardo Echegaray, quien se habría sentido molesto porque en noviembre de 2009 revelé, en “El Dueño”, que un grupo de altos funcionarios de su área habían viajado a Río Gallegos para subsanar las inconsistencias que Néstor Kirchner presentaba en su declaración jurada. “No creo que haya sido decisión de Echegaray. Es Ella”, me dijo Fernández, en el corte publicitario de “El Juego Limpio”, el programa de Nelson Castro, al que ambos habíamos sido invitados. Basó su afirmación en el profundo conocimiento personal que tiene de Cristina Fernández.

El infundado ataque de la Presidenta contra mi persona no prosperó. Ni siquiera llegué a ser imputado. El fiscal, el juez y los camaristas del fuero penal tributario determinaron que no había razón ni presunto delito como para acusarme. Sin embargo, la denuncia fabricada fue utilizada, durante unos días, para intentar desprestigiarme. De hecho, parte del armado de la falsa acusación le fue entregado a Víctor Hugo Morales, el Converso, para que lo agitara en su programa de radio y en su página web. ¿Qué fue lo que impulsó la orden de la Presidenta de iniciar la infundada denuncia? El haberse enterado, a través de los más altos funcionarios de la secretaría de Comunicación Pública, que estaba preparando otro libro, “Él y Ella”, y que sería publicado justo antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2011. De hecho, horas después de que un alto funcionario de la misma secretaría me preguntara si era cierto que iba a escribir otro libro, el gobierno dejó de emitir publicidad oficial en todos los programas producidos por La Cornisa Producciones S.A.. Por esto último presenté un recurso, y todavía estoy a la espera de su resolución. Durante mucho tiempo pensé que no era concebible que la presidenta de la Argentina pudiera ocuparse de asuntos tan poco importantes, comparados con el costo de vida, la inseguridad o la educación pública. Pero con el tiempo no tuve más remedio que aceptarlo. Si lo hizo con el "abuelito" oriundo de Mar del Plata que pretendía regalarle a su nieto 10 dólares, el empleado de una inmobiliaria de la Ciudad, el cineasta Eliseo Subiela y el empresario y diputado nacional Francisco de Narváez, entre otros. ¿Por qué un periodista crítico y que investiga hechos de corrupción iba a ser la excepción? También me hizo dudar de su prudencia el hecho de que, al impulsar la investigación o la falsa denuncia, pudiera, la primera mandataria, quedar demasiado expuesta. Y no solo desde el punto de vista político, sino también judicial.

¿Podía ser tan ingenua o sentirse tan impune como para no disimular que es Ella misma la que se dedica a presionar o acusar con mentiras a quienes se atreven a desafiarla? Comencé a sospechar de la incontinencia verbal de la Presidenta días antes de la aprobación de la ley de Medios, cuando acusó a un empresario periodístico de tener una ‘doble contabilidad’, después de que éste criticara la iniciativa. ¿De dónde había obtenido la supuesta información? ¿Y por qué la utilizaba de manera pública, si se ponía al borde del Código Penal? Me pregunté si no solo estaba violando el secreto fiscal sino cometiendo un delito parecido a la coacción o la extorsión. De ‘coacción agravada’ y ‘abuso funcional’ acusé ante la justicia a Echegaray y a otro alto funcionario de la AFIP, que no solo me había advertido sobre la intención de oficial mandarme a ‘penal tributaria’. También me había pedido una coima para mejorar mi situación. Fue el mismo director de división de la AFIP que me había anticipado, de manera textual: “(Echegaray) te quiere romper el culo”.

Coacción agravada es cuando un funcionario utiliza las amenazas con el fin de que una persona haga o deje de hacer algo contra su voluntad. Puede ser la escritura de un libro o la aprobación o el rechazo de una ley, como la de Reforma Judicial o la de Medios. Abuso funcional es el abuso de la autoridad de un agente público. Según el Código Penal, la coacción agravada tiene penas de 5 a 10 años de prisión. Si un juez con los pantalones bien puestos logra probar que la Presidenta y Echegaray dieron una orden política y no técnica con el objeto de perseguir a los contribuyentes que son considerados sus ‘enemigos,’ Cristina Fernández, en el futuro, podría recorrer los pasillos de Comodoro Py, como antes lo hizo el expresidente y actual senador nacional Carlos Menem, ahora protegido por sus colegas del Frente para la Victoria (FpV). De hecho, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, hizo saber a algunos medios que él mismo impulsaría una denuncia para corroborar si este imprevisto afán por investigar las declaraciones impositivas de él mismo y de sus hijos, no constituye un intento de coacción disparado por el último fallo del máximo tribunal.

Hay un precedente internacional que debería ser motivo de preocupación para las máximas autoridades del gobierno nacional. Es el que condenó a Jorge Baca Campodónico, quien ocupó el mismo puesto de Echegaray, pero en Perú, durante los años noventa, cuando gobernaba Alberto Fujimori. Baca Campodónico era jefe de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). Desde allí, creó, en 1997, un sistema secreto denominado RUC sensible. RUC significa Registro Único de Contribuyentes. Se lo consideraba sensible por su curiosa manera de funcionar. Se usó, entre otras cosas, para proteger millonarias inversiones ilícitas de los amigos de Fujimori, perseguir adversarios políticos y ocultar las desprolijas declaraciones juradas de Vladimir Montesinos, el jefe de Inteligencia que también fue a parar a prisión. Baca Campodónico fue condenado a cuatro años de prisión en suspenso por la Segunda Sala Anticorrupción de Perú. Lo encontraron responsable de haber ‘falseado u ocultado declaraciones juradas’ de altos funcionarios, de ‘cohecho pasivo’ y de ‘falsedad ideológica’.

“A los presidentes se los puede investigar y eventualmente condenar cuando se empieza a diluir su poder político,” me dijo un juez federal que tuvo en sus manos una de las causas por presunto enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Manuel Garrido, ex responsable de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas cree que, en el futuro, no solo se podría iniciar una investigación seria por el uso de la AFIP y otros organismos del Estado para perseguir a políticos, empresarios, sindicalistas y periodistas. El considera que también se podría abrir, en forma excepcional, alguna de las causas por enriquecimiento ilícito contra el ex presidente y la actual Presidenta que fueron cerradas en tiempo récord y sin una investigación seria.

Publicado en El Cronista