La Presidenta está buscando descabezar a la Corte Suprema de Justicia y, si es posible, reemplazarla por otra, más sumisa, "nacional y popular". De otra manera no se entiende cómo autorizó al jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, a destratar a Ricardo Lorenzetti y a cuatro de sus colegas, quienes le pidieron al funcionario que aclarara con urgencia la situación impositiva del presidente del máximo tribunal. Como si estuviera por encima de la ley, Echegaray consideró "impropio" que empleados de la Corte le solicitaran una audiencia para saber si Lorenzetti estaba o no siendo investigado. Consideró que, al hacerlo, los jueces supremos estaban poniendo en cuestión sus facultades para ejercer "la política fiscal". Aclaró que se trataba de un "cruce de información" sobre Ratio, la empresa de sus hijos, y no de una "fiscalización o verificación". Sugirió, al final, que Lorenzetti y sus colegas se estaban burlando de la Constitución. El Presidente de la Corte hizo pública la subrepticia acción de la AFIP con un objetivo claro. Él no quiere permanecer bajo sospecha y que las dudas se prolonguen en el tiempo. Está seguro de que la investigación es irregular y que es producto de la rabia que le produjo a Cristina el rechazo de la Corte a la Reforma Judicial. También considera que constituye una amenaza ante el inminente fallo sobre la ley de medios. Al divulgar el arbitrario proceder de la AFIP, el mensaje de Lorenzetti a la Presidenta resultó contundente. Fue como decirle: "Si esto es un apriete oficial para condicionar los fallos de la Corte, no van a tener éxito". Como Lorenzetti los madrugó, el número uno del organismo recaudador tardó unas horas en confirmar que el magistrado, sus tres hijos y un socio de ellos, el secretario administrativo de la Corte, Héctor Marchi, están bajo inspección de la AFIP por presuntas "inconsistencias".

Echegaray hizo lo habitual: se puso en el borde del secreto fiscal al divulgar medias verdades que colocan al juez nacido en Rafaela en un lugar incómodo: en posición de aclarar, en el rol del sospechado. Lo de Echegaray es impresentable, pero no se puede entender sin una orden expresa de la jefa de Estado. "Ricardo no mueve un dedo sin la autorización expresa de Cristina", me dijo el año pasado el ex jefe de gabinete Alberto Fernández. Si se analizan con detenimiento las chicanas de Echegaray y se las contrasta con las desmentidas de Lorenzetti, no se tardará en concluir que el magistrado ni siquiera llegará a ser imputado por el delito de evasión. El problema es que "el sospechado" quedará "libre de culpa y cargo" mucho tiempo después del lanzamiento de la bomba que Echegaray y la Presidenta le arrojaron en la cara. Lo sé porque me pasó algo parecido después de la salida de El Dueño y luego de que el Gobierno confirmara que estaba trabajando en otro libro, Él y Ella, y que sería publicado poco antes de las elecciones presidenciales de 2011. Me lo advirtió un alto funcionario de la AFIP, quien escuchó cómo Echegaray anticipó a varios de sus subordinados que me denunciaría ante la justicia penal tributaria sin pruebas. El alto funcionario no sólo me pidió una coima para aliviar mi situación. También me explicó, con lujo de detalles, cómo era el modus operandi de los hombres del ex abogado de Rudy Ulloa. Me aconsejó que me quedara tranquilo. Me contó que no había en el expediente ninguna razón para que fuera condenado. Que cada acusación de la AFIP iba a ser desestimada en las distintas instancias. Y que mientras tanto Echegaray daría, por debajo de la mesa, información sobre la denuncia a los medios oficiales dispuestos a reproducirla. En cierta forma, también me anticipé a la jugada de Echegaray y de la Presidenta. Primero aporté a la Justicia las pruebas de video del intento de cohecho y de la falsa acusación que se iba a perpetrar en mi contra. Después comprobé cómo todos los pronósticos del alto funcionario de la AFIP se iban transformando en realidad. En efecto: jamás me llegaron a imputar. La denuncia fue desestimada primero por el juez de primera instancia y después por la Cámara. Mientras tanto, un hombre de Echegaray vendió "carne podrida" a Víctor Hugo Morales. El relator converso, como era de esperar, la "compró" sin chequear y la llenó de adjetivos rimbombantes. Los demás medios no se hicieron eco de la operación porque sus periodistas se tomaron el trabajo de leer el capítulo de Él y Ella donde se anticipaba el alcance de la maniobra.

¿Qué objetivo persigue la Presidenta al ensuciar a toda la Corte Suprema, menos a Raúl Zaffaroni? Adjudicar a cada uno de los fallos del máximo tribunal algún interés espurio o corporativo. Restarle credibilidad, hasta ponerlo fuera de juego. ¿Y qué espera obtener al final del camino? Que la opinión pública se termine convenciendo, por ejemplo, de que todas las denuncias de corrupción, incluidas las más verosímiles y escandalosas, son maniobras de la "corpo", de la "opo", de Héctor Magnetto y de eternos enemigos del gobierno nacional y popular. Este razonamiento me parecía demasiado burdo hasta que me lo confirmó un hombre que se fue del Frente para la Victoria hace dos semanas. El me dijo, sin ponerse colorado, que Cristina Fernández está convencida de que su modelo sobrevivirá. Afirmó que Ella anticipó a su círculo más íntimo el orden de prioridades para su eventual sucesión presidencial. Este sería el ranking de preferidos: primero, cómodo, Amado Boudou; segundo, lejos, el secretario de Legal y Técnica, Carlos Chino Zannini; tercero, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y cuarto, el de Chaco, Jorge Capitanich. ¿Ignora Cristina que el vicepresidente es uno de los dirigentes de mayor imagen negativa de toda la Argentina? No. Pero confía en que su gestión y su influencia llegarán a resucitarlo a su debido tiempo. ¿No es consciente la Presidenta del rechazo que generan en casi el 60% de los argentinos sus modos autoritarios, su silencio ante las denuncias de corrupción, la sospecha de que Ella misma le ordena a la AFIP que persiga a quienes no la obedecen? Sí. Pero está segura de que estos "contratiempos" se podrán solucionar el día que remueva los dos máximos obstáculos que la realidad le puso por delante: el periodismo crítico y la Corte, cuyo líder efectivo y espiritual es Lorenzetti.

Si éste fuera un país gobernado por dirigentes apegados al Estado de Derecho, Echegaray no tendría que alimentar la sospecha de que Lorenzetti podría ser un evasor. En verdad, debería haber aclarado hace tiempo por qué, el martes 23 abril de 2009, a las 10 de la mañana, cuatro altos funcionarios de la AFIP viajaron a Río Gallegos y se instalaron en la oficina del contador de Néstor Kirchner para frenar una investigación sobre el origen de sus bienes. El ex presidente se "había olvidado" de declarar 13 millones de pesos de créditos a su favor. La "inconsistencia" saltó, de manera automática, cuando cruzaron su declaración jurada con la de Lázaro Báez, Rudy Ulloa, Fernando Butti y Raúl Cantín. Los dos últimos aparecían como socios y asesores contables de Báez. A Lázaro y Ulloa no hace falta presentarlos. Nunca en toda la historia del organismo recaudador habían viajado los máximos responsables de las áreas de Fiscalizaciones, Investigaciones y el director de la Regional hasta la oficina del contador de un ex presidente para evitar que fuera pasible de ser investigado. Es evidente que, en el apuro y bajo presión, los dibujos contables no quedaron muy prolijos. Se trata de la declaración jurada del año en que la fortuna del matrimonio presidencial creció un 158%. De 17 millones de pesos a más de 46 millones. Es el mismo expediente que cerró en tiempo récord el juez federal Norberto Oyarbide. Existe ahora, en Comodoro Py, cierto ánimo de reabrir causas que fueron cerradas de manera irregular. La decisión del tiempista Claudio Bonadio de tomar declaración indagatoria al inefable secretario Guillermo Moreno es considerada una señal de alerta máxima por los cristinistas de paladar negro. No están sólo peleando por otra década en el poder o por una justicia legítima. Están tratando de evitar que después de 2015 un juez con los pantalones bien puestos los mande presos.

Publicado en La Nación