Ahora que la Presidenta empezó a responder a algunos periodistas preguntas que jamás había contestado, me tomaré el atrevimiento de formularle sólo algunas a través de este medio. Aunque mis expectativas de que las lea y las responda son absolutamente nulas, las planteo, en todo caso, como un apasionante ejercicio periodístico. Y con datos en la mano. Aprovecho para dejar sentado que Cristina Fernández jamás acusó recibo de ninguna de las decenas de pedidos formales de entrevistas que le vengo solicitando desde hace por lo menos una década. Preguntaré con el debido respeto a su investidura presidencial. Y trataré de enfocarme en un asunto sobre el que nunca habló o cuya respuesta detallada y concreta eludió deliberadamente: su situación patrimonial.

Haré de cuenta que la tengo enfrente. Señora Presidenta, muy buenos días, ¿podría usted informar a los argentinos a cuánto asciende su patrimonio familiar, incluida la herencia de sus hijos Máximo y Florencia? En Harvard le respondió a un estudiante que había sido una abogada exitosa, ¿podría ampliar la explicación y contestar, en detalle, cuál es el verdadero origen de su fortuna, dado que tanto usted como el ex presidente Néstor Kirchner trabajaron para el Estado, a tiempo completo, y cobraron sueldos de funcionarios públicos, por lo menos, desde 1987 hasta la fecha?

¿Y podría, además, aportar documentación respaldatoria, como los resúmenes de las tarjetas de crédito, certificados de los depósitos a plazo fijo y la constancia de los pagos de alquileres? Menciono estos datos y solicito esos documentos porque fue lo mismo que hizo Eduardo Blanco, el funcionario de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), sin éxito alguno. Él detectó 24 inconsistencias en la declaración jurada patrimonial que corresponden al año 2008 por la que usted y Kirchner fueron denunciados por enriquecimiento ilícito. Fue cuando el patrimonio de ambos pasó de 18 a 46 millones de pesos en apenas un año, lo que da un incremento del 158%.

Le recuerdo, además, que el sobreseimiento en tiempo récord que dictaminó el juez Norberto Oyarbide contiene una serie de hechos controvertidos que sería bueno aclarar. Uno de los más curiosos, señora Presidenta, es que los peritos contables de la Corte Suprema que trabajaron en la causa emitieron un dictamen ambiguo y confuso. Allí, no terminaron de decir si el enriquecimiento estaba o no estaba debidamente justificado. Algunos de esos peritos, igual que el funcionario de la FIA -al que su gobierno apartó de su cargo sólo porque se atrevió a investigarla a usted y a Kirchner- dejaron sentado que los únicos elementos que tenían para analizar su declaración jurada eran la palabra de su propio contador, Víctor Manzanares. Es decir: los documentos, las facturas y los recibos jamás fueron incluidos en la carpeta del juicio.

Además, sería muy útil que determinara cuál es el verdadero vínculo que unió a usted y a Néstor Kirchner con el ahora empresario Lázaro Báez. Hay una serie de hechos que sería oportuno desmentir o confirmar. La primera pregunta, en este sentido, es ¿por qué, si hasta 2007, Báez cobraba un sueldo como funcionario de la Secretaría de Gobierno de la provincia de Santa Cruz, a la vez participaba, como contratista, en la licitación de obras públicas en el mismo distrito? Se trata de una evidente incompatibilidad y no tuvo la sanción correspondiente. La segunda es: ¿por qué las empresas de Báez, con Austral Construcciones a la cabeza, monopolizaron y concentraron casi toda la obra pública en Santa Cruz y a precios muy por encima de los de mercado?

La tercera pregunta de esta serie tiene que ver con el vínculo societario. En la polémica declaración jurada de 2008, aparece, por ejemplo, una supuesta deuda de Báez a Kirchner, de más de 8 millones de pesos. Una deuda en un negocio de desarrollo inmobiliario que los tuvo como socios en un tiempo determinado. ¿Podían el entonces gobernador de Santa Cruz y usted misma ser socios comerciales del principal contratista de la provincia? Además, el hecho de que Kirchner y usted "se olvidaran" de hacer figurar en su declaración jurada la supuesta deuda que Báez tenía con ambos determinó que la AFIP iniciara una investigación para averiguar por qué se había omitido.

¿Sabía usted, señora Presidenta, que el martes 23 de abril de 2009 aterrizó en la oficina de su contador en Río Gallegos una delegación con cuatro altos funcionarios de la AFIP para "arreglar" esas inconsistencias en su declaración jurada patrimonial? Descuento, por su experiencia en la administración pública, que no ignorará que se trató de un episodio extraordinario que merecería una explicación de su parte. Lo mismo se puede decir de su sociedad con Lázaro Báez en la compra de un campo en El Calafate, sobre la que nadie aclaró nada todavía.

Me gustaría también preguntarle sobre la compra de dos millones de dólares por parte de Néstor Kirchner en octubre de 2008. Conozco la explicación que le dio Kirchner a Víctor Hugo Morales y que el relator dio por verdadera sin molestarse en chequearla. El ex presidente le explicó que, contra lo que denunciaban diputados de la oposición, él no había utilizado información privilegiada para hacer la transacción. Le dijo que los había adquirido, sin violar ningún procedimiento legal, para comprar acciones de la empresa Hotesur, la que explota el hotel Alto Calafate. Pero Martín Redrado, ex presidente del Banco Central en aquella época, lo contradijo. Y lo hizo de manera pública, en declaraciones para el libro Él y Ella. Redrado afirmó que Kirchner no tenía ninguna necesidad de comprar dólares, porque ya tenía otros 4 millones en su cuenta y que podía disponer de ellos sin necesidad de vender sus pesos. También declaró que por aquellos días, posteriores a la estatización de las AFJP y la crisis financiera de las hipotecas de los Estados Unidos, el entonces ex presidente lo llamó con insistencia porque quería "llevar el dólar de 3,20 pesos a 3,50 para sacar ventaja en su compra de dos millones de dólares". Sé que la denuncia penal fue desestimada por el fiscal Gerardo Di Massi y el juez federal Claudio Bonadio. Pero me extrañó que ninguno de los dos llamara a declarar al propio Redrado. Por eso se lo pregunto ahora.

Por último, me gustaría saber por qué impulsó las modificaciones que restringen el acceso a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, incluida usted misma. Me gustaría preguntarle si no se esconde, en esta medida, el deseo de no rendir cuentas ni ante el periodismo ni frente a la sociedad. Gracias por su tiempo. Y espero que no tome estas preguntas como una provocación, sino como parte del trabajo necesario que debe hacer todo periodista ante el presidente de turno.

Publicado en La Nación