El lunes pasado, desde este mismo espacio, se planteó la posibilidad de que volvieran los saqueos para antes de las fiestas. Nos equivocamos. Fuimos demasiado optimistas. Los saqueos y actos de vandalismo empezaron 48 horas después de la nota, el martes a la madrugada, cuando la policía de Córdoba decretó zona liberada en toda la provincia, en reclamo de mejoras salariales, y el gobierno nacional tardó demasiado en enviar a la Gendarmería, para evitar el caos. Ahora todo parece más claro, pero más grave todavía. Una alta fuente del Ministerio de Seguridad de la Nación se lo explicó, de manera sencilla, durante el fin de semana, a la Presidenta y al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. "Esto es una especie de golpe de Estado. No un golpe de Estado clásico, o militar. Es un intento de golpe de Estado de las fuerzas de seguridad (policiales) al poder político (los gobernadores). Y lo peor es que los gobernadores están aterrorizados, y cedieron de inmediato ante la extorsión", expuso el alto funcionario.
El agente público está muy preocupado, porque, sostiene "la extorsión de los altos mandos de la policía de Córdoba" hizo que se le aumentara los salarios "de manera desproporcionada" y esa decisión "está provocando un efecto cascada que va a destruir a todos los presupuestos de todas las provincias", puntualizó. Citó palabras de un ministro de Economía de una de las provincias que tuvo que ceder: "Todavía no empezó 2014 y ya arrancamos con una paritaria, para los empleados del Estado, por encima del 50%". Para el alto funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, los sucesos de Córdoba no solo generaron un efecto contagio en La Rioja, Catamarca, Río Negro, Neuquén, Santa Fe y San Juan. Además siguen latentes en la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Y, como si esto fuera poco, la alta fuente considera a los saqueos como una mezcla explosiva de la falta de autoridad política, complicidad de la policía con algunas bandas de narcotraficantes, especialmente en Córdoba y Santa Fe, y no actuación de los fiscales y los jueces contra los delincuentes que se llevaron a sus casas desde heladeras hasta plasmas de televisión y motocicletas. El crudo diagnóstico hizo volver sobre sus pasos a la jefa de Estado, quien hacia mitad de semana eligió la estrategia de abandonar a su suerte a De la Sota para debilitar el proyecto político del gobernador y horas después se dio cuenta que el enrevesado clima social podía llegar, en cuestión de días, hasta la misma quinta presidencial de Olivos.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, parece haber reaccionado a tiempo: anunció que el aguinaldo de los empleados públicos se cobraría de manera anticipada e instruyó a su ministro de seguridad, Alejandro Granados, para que dispusiera de una mejora del salario de bolsillo de los agentes de la policía cuyos representantes habían amenazado con hacer lo mismo que sus colegas de Córdoba. Pero además, acordó una línea directa con el ministerio de Seguridad de la Nación y habló con los intendentes de los distritos más calientes para "coordinar acciones y prevenir saqueos". La mirada siempre desconfiada de Cristina Fernández sobre Scioli se transformó en acuerdo inmediato, por miedo y desesperación. "Hasta un niño se puede dar cuenta: si se incendia la provincia se incendia todo el país", me explicó un integrante del gabinete de Scioli que lo ve todos los días.
El último cordobazo está dando lugar a múltiples lecturas. Algunas de ellas más profundas y lúcidas que otras, pero todas coinciden en algo: son el resultado de múltiples factores negativos que los 30 años de democracia no supieron revertir. La foto del chico orgulloso de haber saqueado el supermercado de su barrio es una de las más llamativas. El robo a cara descubierta por parte del mismo vecino que el día anterior había intercambiado con el comerciante de la esquina saludos para su familia es otra. La escena de quienes intentaron quemar viviendas de sus vecinos porque sospechaban que los delató ante la policía es una tercera imagen de terror. Pero la peor de todas es la aceptación, resignada, de que un policía puede, en reclamo de un salario mejor, dejar un barrio desprotegido, una ciudad "liberada" una provincia entera a la "buena de Dios". No hay necesidad que justifique semejante decisión. Es como dejar a un paciente, en medio de una operación a corazón abierto, para sumarse a una reivindicación salarial y laboral, por más justa y legítima que parezca. Por supuesto, el caldo de cultivo es la inflación, el ajuste no anunciado, los nuevos aumentos de los alimentos, y la frustración de comprobar que aunque muchos trabajen todo el día, al final del año no les termina alcanzando ni para lo mínimo.
Publicado en El Cronista