Rebobinemos, antes de que sea tarde, la cinta de la película de terror de los saqueos que se iniciaron la semana pasada. Detengámonos en la noche del martes de pánico, en la provincia de Córdoba. ¿Qué pasó entre el instante en que el gobernador José Manuel de la Sota, desbordado por la situación, pidió al gobierno nacional la Gendarmería y la escena en que centenares de cordobeses salieron a las calles para saquear a comerciantes, robar a sus vecinos y aprovecharse de la zona liberada que decretaron los jefes policiales que reclamaban mejores salarios? Pasó que el secretario de Seguridad, Sergio Berni, habló con el jefe de Gabinete y le aconsejó acudir en auxilio de los cordobeses de inmediato. Pasó también que Jorge Capitanich llamó a la Presidenta y le sugirió lo mismo. Y pasó, al final, algo que debería interpretarse como el verdadero desencadenante de esta mezcla explosiva de rebeldía policial, violencia, quiebre del contrato social y desquicio inflacionario: Cristina Fernández de Kirchner dio la orden de no hacerlo. Es decir: de no enviar a los gendarmes, por lo menos de inmediato. De no despacharlos enseguida, para que su adversario político se cocinara en la propia salsa: la de la "soberbia" y el orgullo del "cordobecismo".

Semejante decisión, por más mezquina y caprichosa que parezca, no exime a De la Sota de su responsabilidad. Ni su jefe de Gabinete ni su jefe de policía le anticiparon que el reclamo podía terminar como terminó. De la Sota los echó cuando ya era demasiado tarde. Por eso la revuelta lo encontró tan mal parado, esperando el vuelo de regreso en el aeropuerto de Panamá. Pero ni la jefa del Estado ni el gobernador parecieron comprender el espeso caldo que se estaba cocinando detrás del reclamo de las policías de provincia. Hace más de una década que se sienten maltratados y humillados. Y no sólo porque no les pagan lo que se merecen. También, porque no los capacitan y porque muchos de sus jefes prefieren hacer negocios con la política, el narcotráfico y la prostitución, mientras los agentes de calle se juegan la vida frente a delincuentes cada vez más preparados y mejor armados.

Nada de lo anterior legitima le decisión de abandonar la responsabilidad de un policía, que es defender a la población. Sería como aceptar que un médico dejara a su paciente en medio de una operación a corazón abierto. Los policías que lo hicieron cometieron una falta muy grave. Deben ser investigados y condenados. Si no, cada vez que pidan un aumento van a volver a poner a la provincia al borde de la anarquía. Los fiscales y los jueces deberían comprender las implicancias de semejante decisión. Y deberían empezar a ocuparse. Porque en Córdoba, en Tucumán y en Jujuy decenas de policías en huelga fueron los mismos que levantaron el pulgar para decretar zona liberada en los barrios en los que trabajan. Eso lo saben desde los gobernadores hasta los vecinos. La irrupción de las motos de baja cilindrada y el esbozo de organización que mostraron algunos saqueadores son la muestra de que fueron informados de antemano. ¿Y qué se podría decir sobre el comportamiento de los agentes de la policía de la provincia de Tucumán? También abandonaron sus puestos de trabajo. Y en menos de 48 horas obtuvieron lo que pedían. Cuando se preparaban para festejar, decenas de vecinos los insultaron y agredieron por haberlos usado de rehenes. Entonces empezaron a reprimirlos. La oportuna llegada de algunos gendarmes, que se interpusieron entre la furia de los policías tucumanos y la población desarmada, evitó un baño de sangre.

Ahora hagamos correr la cinta de esta película de terror hasta el martes 10 de diciembre, cumpleaños número 30 de la democracia. Sobre el acto de conmemoración, nada que objetar. Sobre los festejos, ¿era necesario? Lo que desde el Gobierno se muestra como una decisión de "no dar el brazo a torcer frente a los extorsionadores" para parte de la sociedad resulta casi una provocación. ¿Está bien bailar y cantar en medio de sucesos que dejaron como saldo parcial más de una decena de muertos? Si esto les hubiera sucedido en sus distritos a Macri, Scioli, Massa o Binner, los cuadros más radicales del Frente para la Victoria habrían hablado hasta el cansancio de los muertos de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que la Presidenta no puede ver? ¿Es tan grande su narcisismo que todo lo interpreta como un ataque a su gobierno, a los "mil logros" de la "década ganada"?

Ahora alejémonos de las recientes imágenes de espanto y tratemos de pensar despojados de todo prejuicio. El gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, explicó que los saqueos que se habían producido días antes en Rosario podían haber sido alentados por bandas de narcotraficantes. También recordó que esa semana hubo intentos de saqueos en San Fernando, provincia de Buenos Aires. Casi de manera simultánea se conoció un informe sobre el aumento del porcentaje de mercadería robada por clientes y empleados a los súper e hipermercados de todo el país. Luego se divulgaron los índices de inflación en la canasta de alimentos de fines de noviembre y principios de diciembre, que superarían el 10%. Tras confirmar estos datos, llamé a un alto funcionario de Seguridad de la Nación y a cuatro intendentes de los distritos más "problemáticos" de la provincia de Buenos Aires. Todos admitieron que el clima de tensión social era indisimulable y que esperaban un diciembre al menos tan caliente como el del año pasado.

Pero la situación parece más grave. Porque el humor social de hoy está montado sobre algo que los economistas llaman "distorsión de los precios relativos". Esto es, enormes diferencias de precios entre sectores sociales, actividades o números que expresan el valor de la moneda. Desde 2001, el promedio de las tarifas de los servicios aumentó casi nada comparado, por ejemplo, con el salario de la industria automotriz. Los sueldos básicos de los agentes públicos se incrementaron bastante menos que los del sector privado en blanco. El dólar oficial y el blue están retrasados con respecto a la inflación. Y los incrementos a los jubilados y pensionados y los planes sociales aparecen muy por debajo del costo de vida. Se trata de cálculos que expresan una fragmentación cada vez más grande que en otra época, pero en este mismo país, se empezó a dirimir con violencia política y represión. Espero que los responsables del gobierno nacional, las provincias y las intendencias lo adviertan cuanto antes, porque es la prueba más contundente de la desigualdad y el malhumor social.

 Publicado en La Nación