(Columna publicada en El Observador el 21 de enero de 2024) La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, todavía no tiene caja chica. Si ella o sus colaboradores quieren café, se lo tienen que ir a comprar. Este fin de semana, alguien le preguntó, mitad en broma, mitad en serio, si podía ir a visitarla con un kilo de café de regalo. Pettovello le dijo que serían bien recibido. “Ambos”. Es decir: el visitante, y el café también. “Es que no hay plata” le explicó. Ni siquiera para pintar un par de paredes descascaradas que ya no dan para más.
Por eso, hace unos días, un funcionario entusiasta compró dos latas de pintura y se puso a trabajar. Ayer, la ministra anunció que dará de baja más de 27.000 planes sociales por diferentes irregularidades. Fue después de un cruce que hicieron con los datos de la ANSES. Los dieron de baja porque cobraban, a pesar de percibir jubilación, pensión, prestación por desempleo; o porque estaban muertos; o poseían un auto con menos de 10 años de antigüedad. Así, el Estado se va a ahorrar aproximadamente 2.000 millones de pesos.
Es cierto: no va a bajar, por esto, la inflación de la noche a la mañana, ni la Argentina se volverá potencia. Pero será una señal correcta. La señal contraria a la desidia y el despilfarro de Cristina Kirchner usando los aviones de YPF para ir y volver de Buenos Aires a El Calafate. Generando, “con la nuestra”, una deuda de 200 millones de pesos, que la administración nacional le deberá pagar a la petrolera estatal.
Hablando de YPF: si fuera inteligente, o tuviera el mínimo recato político, el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, se mantendría en silencio, en vez de apoyar el paro nacional de los gordos multimillonarios de la CGT, el próximo miércoles 24 de enero. Porque decir Kicillof es decir 16.000 millones de dólares que tarde o temprano le deberemos bajar a un fondo que eligió litigar por la manera en que el ex ministro de Economía pretendió apropiarse de YPF.
Pero volvamos a los planes. En su momento, el fiscal Guillermo Marijuán cruzó los datos de los beneficiarios con las salidas de Migraciones y comprobó que 156.000 de ellos habían viajado fuera del país, algo que, a priori, los haría aparecer no tan vulnerables. O con la vulnerabilidad mínima como para recibir un plan social.
Una peinada más fina, realizada por el ministerio de Capital Humano ahora mismo, determinó que, de los 156.000 que detectó el fiscal, quedaban en realidad 122.000 entre fallecimientos y no reempadronamientos. También confirmaron que cerca de 20.000 habían realizado viajes demasiado extravagantes. Por ejemplo: para ver los mundiales de fútbol, o a países de Europa, o a Estados Unidos, y nunca por una urgencia. Sí por varios días, y en condiciones económicas
envidiables.
Ahora la ministra debe tomar una decisión crucial: o les suspende a esos 122.000 los planes sociales, hasta hacer un chequeo más detallado, o comienza el reempadronamiento de todos los beneficiarios, con nuevas condiciones para recibir el subsidio. Entre las nuevas condiciones, hay dos que darán mucho que hablar: son las de no cometer delitos ni contravenciones. Entre las contravenciones, por supuesto, figuran los cortes de calle que impiden la libertad de tránsito.
La pulseada del Gobierno con los gerentes de la pobreza representados por Emilio Pérsico, Juan Grabois y Eduardo Belliboni, entre otros, es similar a la que enfrenta a Milei con dirigentes impresentables cono Pablo Moyano, Héctor Daer y otros “gordos” del sindicalismo nacional. Mejores adversarios, al presidente, no les podría tocar. La imagen negativa de los gremialistas alcanza niveles superlativos.
Ayer nomás, Héctor Daer apretó en público, sin ningún disimulo, a los diputados de Pro, de la UCR y Cambio Federal, para que no aprueben ni la ley ómnibus de Milei ni el DNU 70/23. “No van a poder caminar por la calle”, los amenazó, sin ponerse colorado de la vergüenza. Quizá lo dijo porque él mismo hace tiempo no camina por la calle. O mejor dicho: que no camina sin custodia, solo, por la calle, como la mayoría de los sindicalistas eternos de la CGT.
Tal vez lo afecta, además, un grosero error de percepción. Porque es más probable que quienes no puedan caminar por la calle sean los que se oponen a una serie de cambios que la mayoría de los argentinos eligió en las urnas. Quizá, además, Daer y los otros tengan que explicar, si pueden, por qué se mantuvieron en silencio ante un gobierno que acumuló más del 1.000% de inflación, se fue con casi el 50% de pobres y un 10% de indigentes, sin mencionar el desastre que hizo mientras duró el COVID. O la destrucción sistemática de la moneda.
Entre los cambios que el Gobierno está dispuesto a hacer para conseguir el dictamen de la ley ómnibus el próximo martes y empezar a sesionar el jueves, un día después del paro, figuran:
La reducción de 4 a 2 años las facultades extraordinarias para ser otorgadas al presidente
El quite de las retenciones a las economías regionales
La eliminación de YPF como empresa a privatizar
La aceptación de los cambios planteados por los diputados “dialoguistas” para la ley de sociedades y el blanqueo
La actualización de los haberes jubilatorios según el índice de precios al consumidor, pero a partir de febrero de este año
La mayoría de los diputados está de acuerdo con gran parte de la reforma laboral que plantea el oficialismo. Sin embargo, ni los radicales de Rodrigo de Loredo ni los legisladores que responden Miguel Angel Pichetto tienen demasiado interés en menear el tema, en medio de la primera huelga de la CGT.
Cargan el peso de la extorsión política que le plantean los dirigentes sindicales y el kirchnerismo. Se sienten entre la espada y la pared. En las próximas horas, Milei los volverá a poner a prueba, polarizando todavía más las posiciones. Vinculando, con nombre y apellido, a los que todavía dudan, con los negocios de los sectores más reacios.
Por Luis Majul