Por primera vez, la justicia argentina se encuentra en posición de desbaratar un oscuro y complejo mecanismo que consistiría en recaudar miles de millones de pesos sin el debido control ni registro, provenientes de las tragamonedas de los casinos de Cristóbal López. A esta posibilidad la hicieron cierta los legisladores de la Ciudad Paula Olivetto y Maximiliano Ferraro, quienes presentaron una denuncia penal, muy bien fundamentada, para que Lotería Nacional muestre y explique cómo se realiza el control online de cada máquina tragamonedas, ante la sospecha de que es un sistema precario.

La sospecha no es nueva, pero se puso de manifiesto en el primer programa de la temporada deLa Cornisa, cuando el periodista Lucas Morando mostró imágenes de una oficina desarreglada desde donde se controlaría toda la información de las más de 6000 tragamonedas que poseen las salas de juego de los casinos del hipódromo de Palermo y de los barcos de Puerto Madero. Antes de presentar la investigación, pedimos entrevistas al presidente de Lotería Nacional, Roberto Armando López. También pedimos que nos dejaran filmar con nuestras cámaras las salas de juego y el centro de cómputos donde se almacenaría la transmisión de datos. Ambas solicitudes fueron denegadas. La primera respuesta oficial de Lotería no se dirigió al programa ni al canal América. Fue comunicada, por medio de una solicitada -que terminaremos pagando todos los argentinos- publicada en LA NACION y Perfil. La solicitada no contenía ni un solo dato preciso sobre cómo ejecutan el control de las máquinas y la recaudación efectiva. Sólo confirmaba, como al pasar, una información escandalosa: la misma empresa a la que Lotería le encarga el servicio de transmisión de datos para controlar la recaudación es la que provee de tragamonedas a Casino Club, la sociedad de Cristóbal López. Por estas inconsistencias, el fiscal Guillermo Fernando Marijuán imputó a todo el directorio de Lotería y también dejó sentado en el expediente el nombre y el apellido del principal empresario involucrado: Cristóbal López.

Roberto López, que no es pariente del zar del juego, ocupa ese sensible puesto oficial desde el 25 de mayo de 2003. El López de Lotería siempre fue uno de los pocos elegidos de Néstor Kirchner para manejar las cajas más suculentas de la política. Condujo, durante los malditos años 90, junto con Lázaro Báez, el escandaloso proceso de liquidación del Banco de Santa Cruz. Antes de privatizar la entidad, López y Báez, bajo la supervisión del entonces gobernador, revolearon créditos por 200 millones de dólares que fueron a parar al bolsillo de empresarios, amigos y funcionarios, y que nunca fueron devueltos. Eso sí, tuvieron que ser pagados por todos los habitantes de Santa Cruz. En su requerimiento, Marijuán reclamó al juez Rodolfo Canicoba Corral una serie de medidas para terminar con la oscuridad informativa. Pidió a Lotería que explique las normas que dieron origen a la autorización para el funcionamiento de las salas de juego de los barcos del casino de Puerto Madero y del hipódromo. Que informe cuántas son las tragamonedas y cuánto dinero recaudan. Que aclare si cuenta con un programa de control de lavado de dinero y, en ese caso, especifique cómo se implementa. Que Roberto López informe cómo Lotería Nacional determina los beneficios y las ganancias de Cristóbal López. Que detalle cuáles son los organismos de control que deberían auditar a Lotería. Y que responda cuál es el porcentaje de devolución en premios a los apostadores establecido en la norma vigente.

Marijuán, un fiscal que no come vidrio, también le pidió información al Instituto de Juego de la Ciudad de Buenos Aires. Quiere saber en qué consiste el convenio entre el Instituto y la Lotería donde se detalla la distribución del resultado de las tragamonedas de Casino Club. Que el Instituto de la Ciudad le aclare cómo audita la actividad que realiza Lotería Nacional en las salas de juego de Puerto Madero y el hipódromo. Que el Instituto de juego porteño responda qué herramienta utiliza Lotería Nacional Sociedad del Estado para ejecutar el control de las máquinas. Marijuán quiere saber no sólo si los integrantes del directorio de Lotería cometieron el delito de administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público por hacer la vista gorda y no controlar cómo se debe al nuevo dueño de la Argentina. También quiere saber si los funcionarios del gobierno de la ciudad, por acción u omisión, comparten esa negligencia o esa falta de celo en el control.

A todos los requerimientos de Marijuán, Canicoba dijo que sí. A todos menos a uno. El problema es que se trata de la medida más importante. La que nos permitiría saber si la sospecha sobre el precario sistema de control, supuestamente online, es un mito, o si en efecto le permite a Cristóbal López y a sus socios quedarse con dinero no registrado, o sin auditar. Marijuán le pidió a Canicoba la implementación de "una inspección ocular en la sede de Lotería" por parte de personal especializado. Argumentó que se trata de una acción imprescindible para confirmar, más allá de las palabras, si la empresa del Estado cuenta con un sistema de control en línea, continuo y en tiempo real "para monitorear las actividades de las empresas denunciadas". El fiscal solicitó que se le responda desde dónde se ejecuta el control, que se les muestre las oficinas, que se identifique a sus responsables y que se informe si los operadores pertenecen a Lotería o a una empresa tercerizada y vinculada con el mismo Cristóbal López. Al final requirió precisiones para saber cómo funciona el sistema y con qué medidas de seguridad cuenta.

Le pregunté a Paula Oliveto por qué el juez aceptó todas las medidas de pruebas requeridas por el fiscal, menos la más importante. Respondió: "Es muy raro. Lo único que pidió el fiscal y que no se le habilitó fue constituirse en los casinos de Cristóbal López para ver cómo era el control en ese momento. Porque la mejor manera de saber si hay delito es la verificación in situ, y certificada por especialistas". Ayer, después de mis insistentes llamadas, Canicoba me respondió. Le pregunté por qué no quiere que se inspeccionen los lugares físicos desde donde se habrían cometido los presuntos delitos. Me explicó que necesita tiempo para contar con expertos y que no lo engañen por falta de conocimiento. También me invitó a prestar declaración testimonial. El viernes visitaré Comodoro Py. Espero que no sea demasiado tarde.

Publicado en La Nación