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Hoy, antes de que el juez Rodolfo Canicoba Corral cierre su despacho, en Comodoro Py, los legisladores de UNEN por la ciudad, Paula Oliveto y Maximiliano Ferraro ampliarán la denuncia contra el directorio de Lotería Nacional y que involucra de manera directa a Cristóbal López, el zar del juego en la Argentina. La presentación podría comprometer, más de lo que está, al presidente de Lotería, Roberto Armando López, y también a las autoridades de Casino Club. Con papeles en la mano, los diputados demostrarían que Cristóbal y su socio, Federico Achával, le "regalaron" a Lotería el software para controlar las tragamonedas del Hipódromo de Palermo y de los barcos de Puerto Madero. Oliveto y Ferraro habían presentado una denuncia penal hace tres semanas, en base a la investigación de La Cornisa TV, en la que se denunció la precariedad del control para verificar el funcionamiento y la recaudación de las maquinitas. El fiscal de la causa, Guillermo Marijuán, pidió 13 medidas de prueba. Entre las más importantes, solicitó a Lotería que explicara cuál es la relación entre IGT, la empresa que le suministra el software, para controlar los tragamonedas y Casino Club. La respuesta es conocida y escandalosa: IGT es la proveedora de todos los tragamonedas de Casino Club. Es decir: sería juez y parte, y no un controlador 'imparcial'. Marijuán, además, solicitó al magistrado que realizara una inspección ocular tanto en Lotería como en las salas de juego de Casino Club, para auditar el funcionamiento del sistema de transmisión de datos. Canicoba hizo lugar a todos los pedidos del fiscal, menos a la fundamental: la inspección, ocular, in situ. Además me llamó a prestar declaración testimonial, a la que concurrí, el viernes pasado. En la declaración alerté sobre el intento de enmascarar el ineficiente control que realiza la Lotería, con cambios cosméticos que no hacen al fondo de la cuestión. De hecho, me enteré, que en las últimas horas De Achával trató de convencer a periodistas de distintos medios para que visiten las instalaciones de Lotería y las salas de juego de Casino Club. Incluso De Achával, se ofreció a 'pagar, de su bolsillo' peritos para demostrar que el sistema de control es 'impecable'. También declaré que el problema de fondo no es que, desde La Cornisa TV, hayamos mostrado fotos de una oficina de Lotería donde aparecen tres computadoras sin operador y sin ningún resguardo. Preguntado por el juez, expliqué que el verdadero problema es que Lotería le entregó el control de los tragamonedas al propio Cristóbal López, y encima, sin licitación. En el juzgado me prestaron un papel y un lápiz y me invitaron a hacer un dibujo, para tratar de entender mejor. "La información sobre las apuestas debería ir directamente desde los tragamonedas a la Lotería Nacional, para que el control sea efectivo y no tercerizado", testimoneé. Puse como ejemplo lo que entiendo es el sistema de control de la Lotería de la provincia de Buenos Aires. Las maquinitas serían propiedad del Estado provincial. El control de transmisión de datos lo harían, en forma efectiva, expertos de la Universidad de la Plata. En cada bingo de la provincia existirían cámaras de seguridad, cuyas imágenes se verían, en simultáneo, en el centro de cómputos de la lotería provincial. Cada desperfecto de cada maquinita haría sonar una alarma en el mismo centro de cómputos.

Es más: para abrir y después cerrar un tragamonedas, se debería dar constancia a un escribano supervisado por Lotería. "El circuito de información de Casino Club en Palermo y los barcos, en cambio, sería un circuito cerrado entre las máquinas de Cristóbal López de IGT, y que luego se informaría a Lotería Nacional", dejé asentado en la declaración. Es decir: Lotería no tendría un control efectivo. Lo tercerizaría en una empresa vinculada al casino que debe controlar. También le sugerí a Canicoba que diera intervención a la Auditoría General de la Nación para que revise el sistema.

Y que convocara a las autoridades del Instituto de Juego de la Ciudad de Buenos Aires para preguntarles porqué aceptan alegremente la declaración jurada que hace Casino Club sobre las ganancias de sus tragamonedas, en vez de auditarlas, como le corresponde por derecho. Como se sabe, parte de lo recaudado por los tragamonedas de Palermo y Puerto Madero van al ministerio de Desarrollo Social que preside Alicia Kirchner. Y otra parte, lo recibe el Instituto de Juego de la Ciudad, que depende del jefe de gobierno, Mauricio Macri. El culebrón del juego sin control tiene varios capítulos todavía sin escribir.

Uno es que el convenio entre Lotería e IGT no se hizo desde el momento en que Cristóbal López se asoció con Casino Club, hace más de 10 años. Se rubricó, según el expediente secreto de Lotería, que obtuvieron Oliveto y Ferraro, recién el año pasado. ¿Cómo controlaba el gobierno nacional la recaudación de los principales casinos de la Argentina antes de ese convenio? Es otra de las preguntas que debería hacer el juez Canicoba Corral.

La otra se cae de maduro. Si la sala de juegos más grande del país no tiene un control efectivo por parte de la AFIP, las loterías competentes y los organismos de control ¿Qué queda para las que están ubicadas en las demás provincias y en pueblos de no más de 50 mil habitantes? Y además ¿con qué mecanismo se podría impedir que la actividad se usara para lavar dinero del narcotráfico, las coimas y quienes no quieren blanquear su efectivo? El sábado pasado, Lanata escribió que Cristóbal López no es el único que tiene miles de maquinitas en la Argentina. Mencionó al Grupo Codere, a Boldt y al presidente de Boca, Daniel Angelici, entre otros. Tiene razón. Solo espero que su ingeniosa lectura no le sirva al empresario K para diluir su responsabilidad en esta oscura trama.

Publicado en El Cornista