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El intento de sustanciar el juicio político contra José María Campagnoli y apartarlo de su cargo durante el Mundial de fútbol es la última jugada desesperada del Gobierno para disciplinar al Poder Judicial, a sabiendas de que la mayoría de los fiscales y los jueces están perdiendo el miedo. En el círculo de influyentes que rodea a la Presidenta creen que el futuro apartamiento del fiscal por haberse "excedido en sus funciones", al pretender investigar al presunto testaferro de Néstor Kirchner, Lázaro Báez, puede contagiar el miedo al resto de los magistrados. Así, con el fantasma de la destitución por exceso de celo en la investigación, pretenden evitar, por ejemplo, una futura indagatoria a Amado Boudou o el avance de la causa por enriquecimiento contra Carlos Liuzzi, el hombre que frenó el allanamiento de una financiera sospechada de lavar dinero con una llamada al juez Norberto Oyarbide.

Los hombres de Cristina Fernández esperan el Mundial con expectativa desmesurada. No sólo dan por seguro que podrán sacarse de encima al obstinado Campagnoli entre gallos, medianoche y algunos goles de Messi o de Agüero. También suponen que la competencia deportiva le dará al secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, el aire necesario como para terminar de redactar el decreto que les permitiría hacer funcionar el Prode bancado. Para que se entienda mejor: Cristóbal López y Julio Grondona, dos figuras polémicas que ahora mismo se disputan los títulos de tapa de los principales diarios del país, ya han acordado repartirse las apuestas de fútbol online, cuyos beneficios futuros se calculan entre 400 y 600 millones de pesos.

No hay duda de que López y Zannini se conocen muy bien. Fue este funcionario quien le pidió, en su momento, al entonces intendente Luis Juez, que se reuniera con el zar del juego para instalar un casino con tragamonedas en la capital de la provincia de Córdoba. Juez contó mil veces que López le puso frente a su cara un papel en blanco y le pidió que colocara la cifra que deseara para financiar la campaña política de toda su vida. Se abrió una causa y el hombre de negocios fue sobreseído por falta de pruebas. Pero los encuentros existieron y la sospecha del vínculo entre Cristóbal y Zannini nunca se apagó. Ahora mismo, además de Zannini y López, el más apurado de todos para cerrar el negocio es el presidente de la AFA.

Es que Grondona necesita el dinero ya, porque está atrapado en un complicado laberinto sin salida. Desde que el Gobierno inventó el Fútbol para Todos, en agosto de 2009, el Estado le dio al dueño de la pelota más de 6 mil millones de pesos para que los distribuyera entre los clubes de fútbol. En ese momento el déficit de las entidades era de cerca de 400 millones de pesos. Ahora, calcularon fuentes vinculadas a tres de los clubes más grandes de la Argentina, el déficit operativo treparía a 1600 millones de pesos, pero el pasivo total sería de 5 mil millones de pesos. Se suponía que el dinero público de Fútbol para Todos serviría para sanear los clubes. Incluso el entonces jefe de Gabinete Aníbal Fernández se aventuró a pronosticar que con parte de lo recaudado se iba a ayudar al deporte olímpico. La realidad fue demostrando todo lo contrario. El agujero negro cada vez es más grande. Y tanto dentro del Gobierno como en el ambiente del fútbol es un secreto a voces que Grondona siguió manejando el dinero sin transparencia y con discrecionalidad.

En la Auditoría General de la Nación (AGN) están alborotados. Sus integrantes deberían haber terminado un informe sobre cómo se gastan los fondos del Fútbol para Todos en diciembre de 2013, pero el trabajo avanza lentamente. Una reciente investigación periodística en televisión los puso en estado de alerta y ahora su titular, Leandro Despuy, pidió a los auditores que apuren el expediente y escriban cuáles son las irregularidades. La AGN está, por ley, en cabeza de un dirigente de la oposición, pero tiene mayoría kirchnerista. Este diario pudo confirmar que el trabajo sólo pone dos puntos en cuestión: que no se haya llamado a licitación y que La Corte, la productora encargada de televisar los partidos, se haya designado a dedo. Otra es harto evidente: que el dinero del Estado, en vez de mejorar las finanzas de los clubes, alentó el gasto irresponsable y las decisiones incorrectas, muchas de ellas al borde del delito.

El argumento de Grondona, pero también de Cristóbal, es el mismo que haría suyo Zannini para justificar la irrupción de las apuestas en línea: hay que evitar que se siga multiplicando el juego ilegal. Se trata de una hipótesis indemostrable. De hecho, desde que Néstor Kirchner llegó al poder, las salas de juego legales se han incrementado entre un 40 y un 50%, y las consecuencias sociales que están produciendo son visibles, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, donde todos los días miles de trabajadores dejan en las arcas de Casino Club el salario del mes y, a veces, el esfuerzo de toda una vida.

El otro argumento mentiroso es que las futuras apuestas del fútbol van a servir para detectar dinero negro. Es al revés: Interpol y el FBI han demostrado que grandes organizaciones que se dedican a lavar dinero, en especial en los países de Asia, lo hacen apostando a lo grande y, al mismo tiempo, a través de miles de personas previamente contactadas, y su objetivo es mezclar el efectivo obtenido de actividades delictivas, para mezclarlo en la gran olla de las apuestas de fútbol internacional. También es claro que, una vez que arranquen las apuestas, en la Argentina, los jugadores, los técnicos, los árbitros y los dirigentes se volverán más sobornables, si para ganar o perder un partido o cobrar o no cobrar un penal lo tientan con millones de pesos. Las sanciones por delitos vinculados con las apuestas a clubes como Inter y Juventus todavía se recuerdan muy bien en Italia y en el resto de Europa.

La pregunta que se hacen ahora mismo cerca de la Presidenta es si deben seguir avanzando en su compromiso con el empresario y con el presidente de la AFA. El juez Rodolfo Canicoba Corral acaba de confirmar la imputación de todo el directorio de Lotería Nacional por la falta de control de los tragamonedas de Casino Club en el hipódromo de Palermo y los barcos de Puerto Madero. Además, le acaba de pedir a la Inspección General de Justicia y a la Administración Federal de Ingresos Públicos que le remitan toda la documentación en su poder para confirmar si Cristóbal López eludió algún control o evadió el pago de impuestos y del dinero que Lotería debía entregar al Ministerio de Acción Social, que maneja Alicia Kirchner. El fiscal que impulsa la causa es Guillermo Marijuán. Y no parece que sea muy fácil amedrentarlo.

Publicado en La Nación