Diana Conti, una de las cristinistas más radicales, preguntó, el domingo pasado: "¿Alguien puede dudar de la honestidad de la Presidenta?". Después agregó: "Porque tampoco se le puede pedir a Cristina que esté atenta a los mínimos detalles de la contabilidad". Días atrás, el senador Aníbal Fernández había ensayado la misma argumentación, pero con otras palabras: "Es imposible que una jefa de Estado, con las ocupaciones que asume, tenga que revisar los números y los balances que deberían presentar los contadores". Sin querer, Conti y Fernández terminaron revelando el verdadero problema que tiene la Presidenta: los números de su declaración jurada no cerrarían o sólo cerrarían a través del recurso de la "contabilidad creativa", un ejercicio que le adjudican a Víctor Manzanares, el firmante profesional de las declaraciones juradas de la familia Kirchner.

Manzanares tuvo que ir de un lado para el otro después de que los Kirchner fueran acusados de enriquecerse de manera indebida entre 2007 y 2008, cuando la fortuna de ambos pasó de 18 millones a 46 millones de pesos. Es decir: un aumento patrimonial del 158% en apenas un año. Como se recordará, el juicio se inició el 15 de junio de 2009, y fue cerrado sólo cinco meses después, el 21 de diciembre del mismo año, por el controvertido juez Norberto Oyarbide . Nunca una causa tan compleja se resolvió en tan poco tiempo y con semejante cantidad de irregularidades.

De hecho, hay un grupo de expertos que sigue sosteniendo que debería ser reabierta, igual que sucedió con el juicio por encubrimiento en la investigación del atentado contra la AMIA. En esa oportunidad, la Cámara de Apelaciones reabrió un expediente para analizar las acusaciones contra el ex juez Juan José Galeano. En mayo de 2010, aquel grupo de expertos preparó un documento que sirvió de base para que diputados de la Coalición Cívica liderados por Elisa Carrió se presentaran en Comodoro Py y pidieran que se lo agregara a la megacausa por asociación ilícita. En aquel expediente estaban mencionados, además de Kirchner, decenas de ministros y empresarios "amigos del poder". La presentación quedó olvidada entre los delitos que se le imputan al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y la sorpresiva muerte del propio Kirchner. En aquel estudio, los expertos cruzaron la declaración jurada de los Kirchner de 2008 con la de 2009 y determinaron, por ejemplo, que el total de intereses por un plazo fijo en dólares que habían cobrado superaba el 24% anual, una tasa imposible de conseguir en cualquier parte del mundo.

También descubrieron que el alquiler pagado por el inquilino Juan Carlos Relats por la explotación del hotel boutique Los Sauces estaba muy por encima del precio de mercado. Que la casa de Maipú y 25 de Mayo, en Río Gallegos, que los Kirchner habían vendido en 3 millones de pesos a Lázaro Báez, tenía un valor de mercado de no más de un millón de pesos. Que el terreno de El Calafate que Kirchner había comprado por 50.000 dólares en 2006 y había vendido a 1.200.000 dólares al dueño de Jumbo, Horst Paulmann, en 2007, no podía valer más de 200.000 dólares. Y que la deuda de 8.300.000 pesos que Néstor Kirchner tenía con Báez por la construcción de Los Sauces y la posterior cancelación no estaba acompañada por documento legítimo que la corroborara.

Cuando le mostré toda la documentación a Alicia López, la primera mujer en ocupar la presidencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de controlar el lavado de dinero en la Argentina, ella explicó, de manera sencilla: "La manera más fácil de introducir dinero proveniente de un ilícito al circuito formal es inflando intereses de movimientos financieros, cobrando alquileres por encima del precio de mercado o ingresando al negocio de la hotelería, porque es muy difícil comprobar si los montos declarados corresponden a las operaciones reales".

¿Sabía Cristina Fernández que Néstor le había ordenado a Manzanares presentar aquel formato de declaración jurada que no podría superar ni la más laxa pericia contable? ¿Lo sabía Máximo Kirchner, pero terminó confiando en su padre porque suponía que no constituía ningún delito? Después de la muerte del ex presidente, hombres de negocios y sindicalistas que hablaron con la jefa del Estado contaron que le escucharon decir: "No voy a permitir que ningún funcionario use al Gobierno para hacer negocios raros. Es más: si alguien les pide algo fuera de lugar, les voy a pedir que me lo hagan saber, porque no voy a tardar nada en echarlo, para que a todo el mundo le quede claro cómo funciono yo".

Los dirigentes de La Cámpora que acaban de castigar a Claudio Bonadio con una quita del 30% de su salario afirman que el magistrado no busca justicia, sino protección o venganza. "No existe que por una falta de presentación de balances de una empresa un juez federal mande a allanarla y le avise a Todo Noticias para que la pasen por televisión", interpretó uno de ellos. Piensan que lo que pretende el juez es colocar bajo sospecha a Cristina Fernández para debilitar las chances electorales del Frente para la Victoria. De hecho, un dirigente que no se caracteriza por señalar con el dedo, el responsable de la Anses, Diego Bossio, cargó muy duro contra Bonadio y lo acusó de ser un títere del aspirante a la presidencia de la Nación por el Frente Renovador, Sergio Massa. Pero la pregunta más importante no es si la decisión del magistrado está influida por la política partidaria, sino si la sospecha y la investigación están justificadas, porque, a primera vista, se podría entender que los accionistas de Hotesur participaron de una maniobra que podría constituir el delito de lavado de dinero.

De Bonadio se pueden decir muchas cosas; no que no tenga la experiencia suficiente como para evitar pisar en falso. La reacción de la Presidenta, en cambio, es propia de alguien que supone que está por encima de la ley. ¿Cómo obtuvo la información sobre las inconsistencias administrativas de la estación de servicio de Bonadio? ¿Se trata de datos públicos o se la proporcionaron los funcionarios de la Inspección General de Justicia? ¿No constituye semejante movida, por lo menos, algo parecido al abuso de poder? ¿Es necesario recurrir a estos métodos para una jefa de Estado que está tan segura de su propia honestidad?

La embestida contra el fiscal José María Campagnoli no solamente se transformó en un búmeran para el Gobierno. Además, ayudó a entender qué tipo de investigaciones y denuncias le interesa ocultar a esta administración. La razón del fallido intento de correr a Campagnoli fue su voluntad de investigar a Lázaro Báez. El sostenido ataque a Bonadio, ¿terminará afectando la carrera del juez o contribuirá a hacer todavía más visibles los asuntos que la Presidenta preferiría no mostrar?

Publicado en La Nación