El juez Claudio Bonadio tiene en su poder la llave de la caja de Pandora. O para decirlo sin vueltas: las declaraciones juradas de los miembros de la familia Kirchner que podrían dar inicio a una investigación sin precedentes en la Argentina.
A mediados de 2009, el juez Norberto Oyarbide tuvo la misma oportunidad, pero eligió sobreseer en tiempo récord al expresidente y la Presidenta sin chequear ni un solo dato. Entonces, un técnico de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas puso el grito en el cielo.
Dejó sentado que las declaraciones juradas no contaban con la documentación respaldatoria y que en esas condiciones no se podía emitir ningún dictamen para determinar si Néstor Kirchner y Cristina Fernández se habían enriquecido de manera ilegítima.
El técnico fue castigado y mudado de la sede de la Fiscalía a una oscura oficina de Comodoro Py, donde lo pusieron a desempolvar una vieja causa denominada La Mafia del Oro. ¿Cuál había sido su pecado? Sugerirle a sus superiores que, junto con las cuentas finales de las declaraciones juradas, los sospechosos presentaran documentos básicos como el saldo de la tarjeta de crédito, las boletas de depósitos de los plazos fijos y el desagregado del pago de los alquileres de los hoteles en el Calafate y de los departamentos y las propiedades en Buenos Aires y la provincia de Santa Cruz.
"No se puede hacer una investigación seria confiando en la buena fe del contador de la parte investigada", me explicó, en su momento, el especialista castigado. Por su parte, Oyarbide no solo dio por cierta la palabra del contador Víctor Manzanares. También lo aceptó como "perito de parte". Con todo, el experto corrió mejor suerte que Manuel Garrido, quien renunció a la Fiscalía de Investigaciones Administrativa después de que el procurador de entonces, Esteban Righi, decidiera un abrupto corte de sus funciones. Garrido, ahora diputado nacional, había cometido otro gran pecado: mandar a pedir a Santa Cruz documentación "fehaciente" que respaldara las declaraciones patrimoniales de los Kirchner en la anterior denuncia por enriquecimiento ilícito contra Néstor Kirchner que un poco más tarde archivaría el juez Rodolfo Canicoba Corral.
En vez de enviarle los documentos a Garrido, le recortaron la capacidad de denunciar y aportar pruebas para condenar. Cinco años después de aquellos sucesos, el magistrado Bonadio podría ampliar la investigación hasta límites impensados. "Un trabajo serio para comprobar enriquecimiento ilícito o lavado de dinero no puede limitarse a investigar una foto, un par de años fiscales, o solo los registros de los alquileres de las habitaciones de un hotel. Tiene que cruzar los datos por lo menos, desde 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, hasta ahora mismo.
Y tampoco es suficiente con revisar las declaraciones ante la AFIP. Se debe confrontar todo: tarjeta de créditos, fortuna de los parientes, viajes y propiedades del primer círculo familiar y de amistades que aparezcan en los registros". El que lo afirma es Víctor Popritkin, el mismo que ayudó a condenar, por enriquecimiento ilícito, a un grupo de inspectores de la Ciudad de Buenos Aires que habían puesto a suegras, esposas, hijos y amigos como testaferros del dinero que habían acumulado a través del cobro de coimas por apurar o demorar trámites municipales.
"Si Bonadio quiere, puede ir tan a fondo como él mismo lo desee, y sin cometer ninguna falla que les dé argumentos para la recusación" me dijo alguien muy cercano al fiscal José María Campagnoli. No por casualidad los miembros de La Cámpora ante el Consejo de la Magistratura, el senador Aníbal Fernández y el nuevo abogado de Cristina Fernández y Máximo Kirchner, Carlos Beraldi, trabajan para conseguir, de máxima, el juicio político contra Bonadio, y, de mínima, el apartamiento del juez de la causa. Tienen un doble temor. El más básico: que el magistrado encuentre, en el medio de la reconstrucción de los papeles, elementos que puedan justificar un pedido de declaración indagatoria, para la Presidenta y sus hijos.
Y el más evidente: que empiecen a aparecer datos que tiñan toda la campaña electoral. ¿Qué datos? Más empresarios amigos; más transacciones comprometidas. Para que se entienda bien: otra ruta del dinero K, de alcances tan espectaculares como la que hoy tiene como coprotagonista estelar a Lázaro Báez.
El burdo ataque al juez federal que incluyó el quite del 30% de su salario tuvo el efecto contrario al que deseaba la jefa de Estado. Esta semana Bonadio fue reiteradamente apoyado por la "familia" judicial y desde otros juzgados federales y la propia Corte Suprema de Justicia le hicieron saber que no lo dejarían solo. Igual que Ariel Lijo y María Servini de Cubría, su señoría está abocado a no dar ningún paso en falso hasta diciembre del año que viene. Tiene experiencia y conoce la interna del gobierno.
Publicado en El Cronista