El objetivo final de Cristina Fernández es transformarse en la Gran electora del año 2015. Ambicioso y complicado, es un plan político que apunta en varias direcciones. Una: mantener el poder más allá de su obligada salida de la Presidencia. Dos: evitar un humillante derrotero por los tribunales de Comodoro Py. Y tres: pasar a la historia como la Gran Transformadora de la Argentina, muy cerca de Juan Domingo Perón, y asociada a la figura de su compañera Evita. El discurso de la fiesta de la democracia pasada por agua tuvo esa impronta.
Ella se puso una vez más en el centro de la escena y de la agenda para sermonear a los propios, castigar a los extraños y colocarse como la gran víctima de los fondos buitre, los enemigos de la patria y los grupos y medios concentrados.
En este contexto, un posible acuerdo con los holdouts en los próximos días parece más lejano que posible. Caer con las botas ideológicas puestas. Mostrarse como una gladiadora capaz de enfrentar a grupos más poderosos que Ella. Usarlos como excusa para probar su presunta inocencia o los supuestos ataques especulativos del mercado. Esta es la estrategia que, según sus seguidores más fieles, le ha permitido a Cristina mantener una imagen positiva de más del 40% e incluso amenazar con una candidatura al Parlasur que, en teoría, la pondría por encima de todos los postulantes a Presidente.
Se trata de un poco de verdad mezclada con mucho de magia. Vamos por partes. Es cierto que la Presidenta todavía ostenta un alto porcentaje de imagen positiva. Pero cuando se les pregunta a los encuestadores porqué, la respuesta que más se repite es porque ya la dan por ida. "Es la valoración piadosa y comprensiva hacia una Presidenta a la que le pasó de todo, a nivel político y personal, y a la que le falta menos de un año para terminar. Es consideración humana. No intención de voto",me dijo la responsable de una de las encuestadoras que menos se equivocó en los últimos años. Es decir: le puede servir para condicionar a Daniel Scioli y también a Florencio Randazzo, pero no para transformarse en la jefa de la oposición, o en la gran referente del Frente para la Victoria y el peronismo.
Para eso, necesitaría competir en las elecciones, en serio. No de manera retórica. Y quizá no tenga tantos votos como sus incondicionales dicen que tiene. Algo parecido le sucede en el plano judicial. Si se observa la foto de la semana pasada, muchos se podrían quedar con la falsa idea de que la Presidenta va a terminar de acorralar a los fiscales y los jueces federales con una retahíla de denuncias, juicios políticos, recusaciones y carpetazos. Pero si se analiza con detenimiento cómo funciona el Poder Judicial en la Argentina, y como trabajan, por ejemplo, los jueces Claudio Bonadio, Ariel Lijo y María Servini de Cubría y los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli, se podrá concluir que el vicepresidente Amado Boudou y a la propia jefa de Estado se pasarán una buena parte de los próximos años tratando de probar su inocencia o evitando la privación de su libertad. A ella, lo que más le preocupa, no es su propio pellejo, sino el de su familia.
En especial el de su hijo Máximo Kirchner, cuya firma aparece vinculada con las empresas hoteleras a las que se investigan y con las transacciones comerciales sobre las que ahora hurga Bonadio con energía inusitada. Para ponerse a tono con lo que vendrá, la jefa de Estado comparó la acusación de estupro que recibió Perón, con la supuesta persecución judicial y mediática de la que ella sería víctima. No se trata de una comparación feliz.
A la Presidenta se la investiga para saber si su socio, Lázaro Báez, intentó lavar dinero de dudoso origen. Y si la operatoria de alquilar habitaciones para sobrefacturar servicios constituye un delito contemplado en el Código Penal. También en Montevideo, Nevada, Suiza y Austria, los abogados que trabajan para los fondos buitre litigan para saber si empresas de Báez y Cristóbal López fueron los vehículos para enviar al exterior dinero negro. Sobre la historia con mayúscula y el lugar que Cristina Fernández pretende ocupar se irán encargando las futuras generaciones. Esta semana, de cualquier manera, hubo una pequeña muestra de para dónde va soplando el viento.
En una entrevista para La Nación, Mauricio Macri definió a parte de la política de derechos humanos del kirchnerismo como un "curro" y dio como ejemplo el fraude millonario de la Fundación Sueños Compartidos que manejaron, con distintos niveles de responsabilidad, Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender. En otro momento, una buena parte de la dirigencia no hubiera dudado en calificar a Macri de nazi o fascista. Sin embargo, la reacción ante sus declaraciones fue, en términos generales, favorable. Y hasta Julio César Strassera, el fiscal que ayudó a condenar a las juntas militares, se manifestó de acuerdo con la mirada del jefe de gobierno. "Si todavía no empezó la campaña y ni Daniel ni El Flaco, después de ese ataque, abrieron la boca para defender nuestra política de derechos humanos ¿qué podemos esperar cuando se oficialicen las candidaturas para el año que viene?", se preguntó un dirigente social que se define como un cristinista puro.
Sobre esas omisiones trabaja la Presidenta para transformarse en la jefa de campaña y la gran electora. Lo hace contrarreloj, porque cada minuto de pasa su poder de decisión se licúa más.
Publicado en El Cronista