La Presidenta Cristina Fernández intenta bloquear una nueva ofensiva judicial y política que la afectaría gravemente en lo que queda del último año de su gobierno. A partir de hoy mismo pondrá en marcha una serie de anuncios cuyo objetivo primordial es borrar de la agenda pública el caso Nisman y evitar que le estallen en la cara las próximas decisiones judiciales que la involucran a ella misma y a otros funcionarios de su gobierno. El calendario la condena. Antes de que termine el mes de febrero la Cámara Federal va a confirmar la acusación y el procesamiento del juez Ariel Lijo al vicepresidente Amado Boudou y al resto de los involucrados en la causa Ciccone.
Por otra parte, el juez federal Claudio Bonadio seguirá avanzando en la causa Hotesur y ordenará medidas de prueba para determinar la responsabilidad de la propia jefa de Estado y de sus hijos Máximo y Florencia por irregularidades administrativas y presunto lavado de dinero. Bonadio lo hará a su estilo: pasando por alto las presiones del Poder Ejecutivo y valorando las evidencias con mucho cuidado, para evitar que lo acusen de arbitrario y lo pongan al borde del juicio político. Mientras tanto, la convocatoria a la marcha de silencio de los fiscales, el próximo miércoles 18 de febrero, vuelve a dejar descolocada a toda la administración.
Con el tono justo y una firmeza poco habitual, los colegas de Nisman manifiestan que no van a permitir ninguna intromisión del gobierno en su trabajo. Y mientras tanto, mantienen, con mucha fuerza, el asunto en la agenda pública. ¿Cuánta gente acudirá a la movilización? Si se le presta atención a la repercusión en las redes sociales, podría ser histórica. "Y si no, lo que importa es el gesto en defensa de nuestro rol", me dijo uno de los fiscales convocantes. En verdad, la Presidenta parece un tanto desorientada.
La decisión de colocar al oficial de inteligencia Jaime Stiuso en el centro de la escena para vincularlo con la muerte del Nisman se le podría volver en contra más rápido que tarde. Stiuso ya puso a su familia a salvo. Ya mandó a decir a sus amigos que declarará sin ninguna reserva ante la fiscal Viviana Fein. Y también transmitió su seguridad de que no existe ninguna evidencia que lo pueda condenar. Ni por la muerte de Nisman ni por ninguna otra operación sucia que se le adjudica. "Yo solo cumplía órdenes. Y la mayoría de las órdenes llegaban desde lo más alto del gobierno" argumentó ante quienes suelen hablar por él. Un hombre político que conoce al espía muy bien considera Stiuso "una víctima" de la brutal guerra interna de inteligencia desatada desde que la Presidenta despidió a Héctor Icazuriaga y Francisco Paco Larcher de la conducción de la SI.
Para colmo de males, la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández, el canciller Héctor Timerman, el secretario general de la Cámpora, el diputado nacional Andrés Larroque, el dirigente proiraní Luis D Elía, Jorge Yusuf Khalil y el supuesto integrante de la SI, Ramón Alan Bogado, entre otros, sigue vivita y coleando. El fiscal Gerardo Pollicita no piensa hipotecar su carrera cajoneando el escrito de su colega muerto.
El juez federal Daniel Rafecas hubiera querido que el sorteo no recayera sobre su juzgado, pero sabe que no tiene otra alternativa que investigar en serio. La denuncia de Nisman contra la Presidenta por encubrimiento parte de un preconcepto político. Que la jefa de Estado tomó la decisión de abandonar la pista iraní, en la que ocho ciudadanos y exfuncionarios de ese país permanecían imputados para transformarlos en ciudadanos libres, fuera del alcance de Interpol. Que el instrumento para lograrlo fue el Memorándum de Entendimiento impulsado por la misma Presidenta. Que, más allá de las apariencias, el actual responsable de la SI, Oscar Parrilli, D Elía, Larroque, Khalil y Bogado fueron los operadores de la diplomacia paralela que configuraron el encubrimiento. Más allá del estilo del texto y de la supuesta endeblez que le adjudican especialistas en derecho de uno u otro lado de la grieta, las denuncias no pueden ser valoradas como pruebas o condenas. Para ser ratificadas y confirmadas, se necesitan evidencias que demuestren los hechos. En eso trabajaran Pollicita y Rafecas. ¿Con qué objetivo la Presidenta habría aceptado la invitación de sacar a los iraníes de la causa AMIA? ¿Cuál sería o iba a ser la moneda de cambio? ¿Estaba Ella al tanto de las operaciones, conversaciones y encuentros de Parrilli, D Elía, Larroque, Bogado y Khallil? ¿Había no solo un interés político, sino también dinero o promesas de dinero, a cambio de inocencia o impunidad? Pollicita es un especialista en el tema. Tuvo a su cargo una parte de la investigación de la diplomacia paralela entre Argentina y Venezuela. No es de los que bartolean con el expediente, aunque también se toma su tiempo para acusar y decidir. De una forma u otra, el caso y la causa Nisman permanecerán en los diarios, cruzará la campaña electoral y competirá con el fútbol y los programas de entretenimiento. No podrán archivarla de un día para el otro. No podrán hacer lo mismo que hizo el juez Rodolfo Canicoba Corral con la investigación sobre Cristóbal López y Lotería Nacional, por irregularidades en la recaudación de los Casinos de Palermo y Puerto Madero, a horas de ingresar en el Senado el pliego de su hijo para que lo ascendieran a juez. Canicoba la archivó cuando millones de argentinos solo pensaban en las próximas vacaciones. Ahora la opinión pública estará más atenta y vigilante.
Publicado en El Cronista